Algo huele a podrido en Farmaindustria

Periodista Digital
19/06/08

Al doctor Thomas Spencer, de la Universidad de Harvard, se le "olvidó" mencionar que entre 2000 y 2007 cobró un millón de dólares procedente de compañías farmacéuticas en concepto de asesor y consultor.

Sus colegas Joseph Biederman y Timothy Wilens, psiquiatras como él, pasaron por alto otros 1,6 millones de dólares cuando, cumpliendo la ley, tuvieron que hacer una relación de sus posibles conflictos de intereses.

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Y como ha contado The New York Times, a los tres y a la poderosa industria farmacéutica se les va a caer el pelo. Para empezar, les ha caído encima el Senado, donde se ha abierto una investigación que concluirá con un rosario de sanciones.

Comentario SDLT: Nunca hay que subestimar el poder y la influencia de la Farmaindustria.

La razón es muy simple: los Institutos Nacionales de Salud de EEUU obligan a que se declare cualquier pago superior a 10.000 dólares al año por asesorar a fabricantes de fármacos.

Y los tres especialistas, que ejercen además en el Hospital General de Massachusetts, incumplieron reiteradamente las reglas internas de su universidad y la normativa federal.

Hace ya 17 años que Farmaindustria, el poderoso lobby de los laboratorios, puso en vigor un detallado Código deontológico, destinado a imponer “buenas prácticas” en la promoción de los medicamentos.

La propia Farmaindustria explica en el prólogo del texto que el Código permite asegurar que “la información que se pone a disposición de los profesionales de la sanidad, en el marco de la promoción de las especialidades farmacéuticas que prescriben o dispensan, es completa, inmediata y veraz, todo ello en beneficio, tanto de los intereses de la Administración Sanitaria como de la propia industria farmacéutica, y en aras de la protección y mejora de la salud pública”.

Entre otras cosas, el Código prohíbe de forma expresa los obsequios y aportaciones pecuniarias o en especie a los médicos para incentivar la prescripción de un producto, salvo que se trate de obsequios de poco valor relacionados con la práctica de la medicina o la farmacia, tales como utensilios profesionales o de despacho.

También limita las invitaciones a reuniones y congresos, que deberán tener de forma determinante carácter profesional o científico.

El planteamiento es impecable y sólo merece elogios, pero en el mundo del medicamento, como en la política o el periodismo, lo complicado es más sencillo predicar que dar trigo. Dicho en otras palabras, la cosa se complica para Farmaindustria cuando la patronal farmacéutica pasa de la poesía a las matemáticas.

¿Es compatible ese draconiano Código, que prohíbe regalar a un médico algo que valga más de 19 euros, con una política de comunicación que engrasa con decenas de miles de euros a periodistas y medios de comunicación “afines”?

¿Está al tanto Antoni Esteve, presidente de Farmaindustria y de Laboratorios Esteve de lo que están pagando para gozar de “buena imagen”?

¿Se han preguntado alguna vez vicepresidentes como Jesús Acebillo (Novartis), Jorge Gallardo (Almirall), Belén Garijo (Sanofi-Aventis), Rafael Juste (Juste SA), Emilio Moraleda (Pfizer) o Joan Puig (Laboratorios Menarini) por qué en esos medios –a los que se subvenciona tan generosamente- nunca aparece un banner o un spot de Farmaindustria?

¿Sabe Huberto Arnés, director geeneral de Farmaindustria que desde la organización que él lidera se promociona eso que los profesionales del reporterismo llaman "periodismo sobrecogedor"?

El que la publicidad sea intencionalmente “invisible” y se reparta siguiendo criterios que poco o nada tienen que ver con difusión contrastada por OJD/Nielsen o con los criterios que habitualmente rigen la asignación de campañas, resulta como poco sorprendente.

Se comprende que, en un mercado regulado y donde el principal cliente es la Administración, se recurra a los medios de comunicación para hacer llegar mensajes positivos a la opinión pública y para granjearse el beneplácito del Gobierno de turno, pero hacerlo a escondidas no parece muy ético.

No es previsible que el Parlamento español abra una investigación, como la que les ha montado el Senado norteamericano a los doctores Spencer Biederman y Wilens, porque aquí no estamos hablando de pagos a médicos, sino periodistas, pero el asunto apesta.