Perú: defensores de los Derechos Humanos denuncian impunidad en el Ejército

Terra
17/06/08

Defensores de los derechos humanos denunciaron hoy una 'lógica protectora y de impunidad' en el seno del Ejército, a la hora de colaborar para el esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el conflicto interno que asoló al país andino entre 1980 y 2000.

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En un encuentro con la prensa extranjera acreditada en Lima, el secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Ronald Gamarra, alertó sobre la falta de colaboración por parte de las Fuerzas Armadas para identificar a los militares responsables de crímenes de lesa humanidad en ese periodo.

Según explicó Gamarra, aún no existe la conciencia entre algunos estamentos militares de cooperar en la búsqueda de los culpables en casos como el de la localidad de Putis, donde más de 120 campesinos a los que acusaban de sediciosos fueron asesinados por miembros del Ejército en 1984, cuya fosa común está siendo exhumada en la actualidad.

'Se pide información al Ejército sobre los responsables y ellos responden que no existe o que fue incinerada, aunque son documentos que, por ley, deberían estar en el Archivo de la Nación', dijo Gamarra.

El responsable de la CNDHH señaló que incluso en documentos fechados en abril de este mismo año, el Ejército desconoce la existencia del grupo Colina, el destacamento militar clandestino responsable de las matanzas más significativas bajo el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), pese a los documentos y las sentencias judiciales que confirman su existencia.

Gamarra aseveró, en este sentido, que para los militares 'vale más la arena que la vida humana', en referencia a un reciente caso de corrupción en el Ejército sobre la venta ilegal de áridos procedentes de un cuartel, mientras que 'para lo de Putis aún hay un 'mea culpa''.

Asimismo, Gamarra criticó la falta de voluntad del Gobierno de Alan García (2006-2011) para impulsar los procesos por violación de los derechos humanos y el 'estancamiento' de las medidas y recomendaciones dictadas para esclarecer estos crímenes.

Para el ex procurador del Estado para casos de derechos humanos, esta actitud de García se debe a que el presidente 'tiene cuentas pendientes con el pasado' y tiene muy presente las presuntas violaciones cometidas durante su primer Gobierno (1985-1990).

'El Gobierno ve que judicializar estos temas ahora es alentar que mañana puedan judicializarse los casos de Alan García', señaló Gamarra.

La Coordinadora presentó el pasado viernes 13 su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Perú en el que se señala que las tendencias cada vez más autoritarias del Gobierno y la criminalización de los conflictos sociales son las mayores amenazas a los Derechos Humanos en Perú.

Por otro lado, la entidad civil consideró como un 'hecho histórico, sin precedentes' el juicio al ex presidente Fujimori por violaciones a los derechos humanos por matanzas presuntamente cometidas por el escuadrón clandestino Colina.

Según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, la guerra interna que asoló Perú entre 1980 y 2000 dejó casi 70.000 muertos, la mayoría campesinos de remotas áreas andinas, a manos del grupo maoista Sendero Luminoso, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y del Ejército de Perú.