La Audiencia Nacional procesa a 40 militares del actual Gobierno de Ruanda por crímenes de genocidio y lesa humanidad

EFE
La Vanguardia
6/02/08

Madrid.- El juez Fernando Andreu ha ordenado la detención de 40 militares de Ruanda por los delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad y terrorismo, a los que acusa de la muerte de más de cuatro millones de ruandeses en los noventa y del asesinato de nueve españoles (seis misioneros y tres civiles).

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El juez de la Audiencia Nacional no ha podido procesar al actual presidente del país africano, Paul Kagame, porque como jefe de Estado tiene inmunidad de jurisdicción y de ejecución, pero existen "indicios racionales de criminalidad", señala el auto de procesamiento.

El responsable del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha cursado estas órdenes de detención internacional después de acusarles de tomar el poder por la fuerza e instaurar un régimen de "terror" en el país, "realizando horrendos crímenes" contra la población civil, la mayoría refugiados hutus ruandeses y población congolesa, también en su mayor parte pertenecientes a esta etnia.

La estrategia de exterminio, según Andreu, culminó "bajo el pretexto de razones de seguridad, con la invasión y conquista" del Congo.

Entre estos crímenes, Andreu les responsabiliza del asesinato de seis religiosos españoles y de tres cooperantes de Médicos del Mundo, unas muertes que sucedieron entre 1994 y 2000 en los campos de refugiados donde trabajaban.

Este fue el caso del padre Joaquín Vallmajó, apresado por el Ejército Patriótico Ruandés (APR) y cuyo cuerpo aún no ha aparecido, quien había denunciado las matanzas y persecuciones contra los hutus.

El plan de extermino de la cúpula dirigente, miembros de la etnia tutsi, alcanzó también a cuatro misioneros maristas en noviembre de 1996, diez días después de que uno de ellos, el padre Servando, pidiera ayuda para los refugiados a través de la cadena COPE.

Los tres cooperantes de Médicos del Mundo, que trabajaban en el campo de Mugunga y habían sido testigos de varias matanzas, fueron ametrallados el 18 de enero de 1997.

De los testimonios aportados al juez por los 22 testigos -todos protegidos menos uno- se deduce que para asesinar a personas de raza blanca era necesaria una orden de la cúpula militar, como así ocurrió con los cooperantes españoles, cuya muerte se decidió en una reunión de este tipo, de acuerdo con lo que declaró un asistente a esa cita.

En el auto del magistrado se relata también el papel que desempeñó ACNUR en este dramático episodio al poner en marcha un programa de repatriación "forzosa" a partir de 1996 en los campos de refugiados del Congo, donde más de un millón de ruandeses se encontraban desplazados.

Este programa incentivaba con el pago de 10 dólares por cada refugiado ruandés entregado, lo que originó "una auténtica caza" del refugiado.

A los refugiados que se negaban a regresar a su país, ACNUR les amenazaba con volver al día siguiente con los soldados y muchos "preferían suicidarse antes que volver al terror de Ruanda".

Andreu destaca la visita realizada por la Alta Comisaria de ACNUR, Sadako Ogata, en febrero de 1997 al campo de Tingi-Tingi, donde "únicamente" ofreció socorro humanitario para los que estuvieran dispuestos a volver a su país.

El genocidio de Ruanda, en el que más de cuatro millones de personas resultaron muertas o desaparecidas, tiene ejemplos tan macabros, según consta en el auto, como el sucedido el 23 de abril de 1994, día en el que unas 2.500 personas fueron concentradas en el estadio de fútbol de Byumba, donde se les lanzó granadas desde el exterior.

Una vez rematadas por los soldados, sus cuerpos fueron enterrados en el Parque Nacional de Akagera.

Aunque el presidente Kagame goza de inmunidad de Jefe de Estado, Fernando Andreu deja constancia en su escrito de los "indicios racionales de criminalidad" que existen contra él como responsable del Ejército ruandés.

Otro de los testigos protegidos y uno de los responsables de su seguridad personal, le implicó directamente en el ametrallamiento de unos 40 civiles y le acusó de dar la orden de matar a tres obispos y varios sacerdotes, diciendo concretamente "ya te he dicho que eliminaras a esas basuras", ambos episodios sucedidos en 1994.

La orden de Andreu de procesar a los 40 militares ruandeses se produce después de que el Foro Internacional para la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos interpusiera una querella en la Audiencia Nacional el 22 de febrero de 2005 contra dirigentes de Ruanda por el asesinato de nueve españoles.