Derechos humanos en retroceso
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Gustavo Capdevila
IPS Noticias/Palestina Libre
31/07/10
La vigencia de los derechos básicos en Israel y en los territorios palestinos bajo su ocupación ha retrocedido en los últimos años, estimó un activista luego de conocer las conclusiones sobre el tema adoptadas este viernes por el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
La situación en Israel ha empeorado, afirmó la fuente, allegada a ese cuerpo de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).
La situación en Israel ha empeorado, afirmó la fuente, allegada a ese cuerpo de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).
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La jurista francesa Christine Chanet, una de los 18 expertos independientes que integran el comité, observó que el diálogo sostenido con la delegación de Israel, durante el examen del informe sobre los derechos humanos en ese país, "ha sido franco, pero difícil".
La fuente consultada por IPS precisó que "hubo una falta de colaboración muy clara" de los delegados de Israel.
Julie Gromellon declaró que la organización que representa en Ginebra, la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos (FIDH), se sintió decepcionada porque el gobierno israelí rehusó contestar a todas las preguntas sobre los territorios ocupados.
Agregó que los israelíes tampoco respondieron de modo concreto y detallado sobre los temas de mayor preocupación, como el empleo de la tortura o la nueva ley que se dispone a dictar para restringir la financiación de las organizaciones no gubernamentales que actúan en el país.
Por su parte, Bana Shoughry-Badarne, asesora legal del Comité Público contra la Tortura en Israel, con sede en Jerusalén, sostuvo que ese país se abstuvo de responder a nueve de las 30 preguntas que el Comité había presentado.
La actitud de los delegados israelíes incomodó al Comité porque volvieron a rehuir la discusión sobre la aplicación del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, la razón de ser del organismo de la ONU.
Chanet recordó que ese tema es esencial para el Comité y que ya había sido debatido infructuosamente en las dos ocasiones anteriores, en 1998 y 2003, en que se examinaron los informes de Israel sobre su cumplimiento de las obligaciones asumidas cuando ratificó el Pacto.
Desde entonces, las argumentaciones del Comité recibieron un respaldo decisivo cuando la Corte de Justicia Internacional emitió, en 2004, una opinión consultiva relacionada con las consecuencias legales de la construcción, por parte del gobierno de Israel, del muro que separa a parte de los territorios palestinos ocupados.
El dictamen del tribunal con sede en La Haya estableció que el Pacto es aplicable respecto de los actos que un estado realiza, en ejercicio de su jurisdicción, fuera de su propio territorio.
A pesar de que la Corte dio la razón al comité, no se ha registrado ningún avance sobre este punto, reprochó Chanet.
Israel mantiene con firmeza una posición "fluctuante, pero nada cambiante", describió.
Es fluctuante porque los delegados israelíes consideran que se trata de un debate académico y también argumentan que es una situación de conflicto muy complicada que sólo atañe al derecho humanitario, explicó la experta.
El derecho internacional humanitario regula, a través de las Convenciones de Ginebra, el tratamiento de prisioneros, heridos y población civil en zonas de conflicto.
Gromellon opinó que Israel no tiene interés en que el Pacto se aplique en los territorios ocupados, porque los derechos humanos no son respetados en esas áreas.
La aludida opinión de la corte de la Haya indicó que los derechos humanos deben aplicarse en los territorios ocupados e igualmente en las zonas de conflicto donde el gobierno concernido mantiene el control sobre ese territorio, insistió la representante de la FIDH.
El Comité sostuvo que Israel debe levantar el bloqueo militar a la Franja de Gaza pues afecta adversamente a la población civil.
En relación con ese tema, estimó que Israel debe invitar a una misión investigadora internacional, independiente, para que establezca las circunstancias del ataque de fuerzas militares israelíes el 31 de mayo a la llamada Flotilla de Libertad de Gaza. En esa operación murieron nueve personas que viajaban en los barcos.
El convoy, de seis embarcaciones fletadas por organizaciones humanitarias de distintos países, intentaba superar el bloqueo para llevar medicamentos, alimentos y otras ayudas a la población palestina de Gaza.
El Cimité dijo que esa comisión investigadora debería establecer también la compatibilidad de la acción militar israelí con las normas del Pacto de Derechos Civiles y Políticos.
Chanet resaltó que las conclusiones del Comité expresan también preocupación por las ejecuciones extrajudiciales de personas sospechosas de estar involucradas en actividades terroristas.
Israel debe terminar con esas prácticas y proteger el derecho a la vida de todos los civiles, incluidos los de la Franja de Gaza, dijo el cuerpo.
Con relación a la tortura, Chanet mencionó una decisión de la Corte Suprema de Justicia de Israel que acepta ciertas formas de presión física en los interrogatorios con el argumento de que son justificadas por "el estado de necesidad".
El organismo de la ONU reclamó a Israel que incorpore a su legislación el delito de tortura como ha sido tipificado por la Convención sobre la Tortura y también que elimine la "necesidad" como justificativo de ese abuso.
Shoughry-Badarne dijo a IPS que muchos países aplican la tortura de forma cotidiana, pero a la vez no intentan proclamar que son democracias. El problema con el estado de Israel es que sus gobernantes ni siquiera se avergüenzan al decir que las disposiciones contra la tortura no son absolutas, agregó.
El Comité manifestó preocupación por las escasas investigaciones iniciadas por las Fuerzas Armadas israelíes con relación a sus ataques lanzados contra la franja de Gaza a fines de diciembre de 2008 y comienzos de enero de 2009, en la operación conocida como Plomo Sólido.
Desde 2003, las Fuerzas Armadas de Israel atacaron y ejecutaron extrajudicialmente a 184 personas en la franja de Gaza, en operaciones que causaron simultáneamente la muerte de otras 155 personas, reprochó el organismo de la ONU.
A pesar de recomendaciones anteriores del Comité, Israel ha continuado la demolición de propiedades y viviendas de familias cuyos miembros han sido considerados sospechosos de vinculación con actividades terroristas, sin considerar otras medidas menos agresivas.
Otras preocupaciones del cuerpo han sido las denuncias de desalojos forzados de poblaciones de beduinos y de una consideración inadecuada de las necesidades tradicionales de esas poblaciones al trazar los planes de desarrollo de la región del Negev, sin tener en cuenta que la agricultura ha sido el sustento tradicional de esas comunidades.
El Comité recomendó igualmente que Israel disponga investigaciones independientes sobre las graves violaciones a los derechos humanos, como el derecho a la vida, la prohibición de torturas, el derecho a un trato humano para todas las personas bajo custodia y el derecho a la libertad de expresión.
La fuente consultada por IPS precisó que "hubo una falta de colaboración muy clara" de los delegados de Israel.
Julie Gromellon declaró que la organización que representa en Ginebra, la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos (FIDH), se sintió decepcionada porque el gobierno israelí rehusó contestar a todas las preguntas sobre los territorios ocupados.
Agregó que los israelíes tampoco respondieron de modo concreto y detallado sobre los temas de mayor preocupación, como el empleo de la tortura o la nueva ley que se dispone a dictar para restringir la financiación de las organizaciones no gubernamentales que actúan en el país.
Por su parte, Bana Shoughry-Badarne, asesora legal del Comité Público contra la Tortura en Israel, con sede en Jerusalén, sostuvo que ese país se abstuvo de responder a nueve de las 30 preguntas que el Comité había presentado.
La actitud de los delegados israelíes incomodó al Comité porque volvieron a rehuir la discusión sobre la aplicación del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, la razón de ser del organismo de la ONU.
Chanet recordó que ese tema es esencial para el Comité y que ya había sido debatido infructuosamente en las dos ocasiones anteriores, en 1998 y 2003, en que se examinaron los informes de Israel sobre su cumplimiento de las obligaciones asumidas cuando ratificó el Pacto.
Desde entonces, las argumentaciones del Comité recibieron un respaldo decisivo cuando la Corte de Justicia Internacional emitió, en 2004, una opinión consultiva relacionada con las consecuencias legales de la construcción, por parte del gobierno de Israel, del muro que separa a parte de los territorios palestinos ocupados.
El dictamen del tribunal con sede en La Haya estableció que el Pacto es aplicable respecto de los actos que un estado realiza, en ejercicio de su jurisdicción, fuera de su propio territorio.
A pesar de que la Corte dio la razón al comité, no se ha registrado ningún avance sobre este punto, reprochó Chanet.
Israel mantiene con firmeza una posición "fluctuante, pero nada cambiante", describió.
Es fluctuante porque los delegados israelíes consideran que se trata de un debate académico y también argumentan que es una situación de conflicto muy complicada que sólo atañe al derecho humanitario, explicó la experta.
El derecho internacional humanitario regula, a través de las Convenciones de Ginebra, el tratamiento de prisioneros, heridos y población civil en zonas de conflicto.
Gromellon opinó que Israel no tiene interés en que el Pacto se aplique en los territorios ocupados, porque los derechos humanos no son respetados en esas áreas.
La aludida opinión de la corte de la Haya indicó que los derechos humanos deben aplicarse en los territorios ocupados e igualmente en las zonas de conflicto donde el gobierno concernido mantiene el control sobre ese territorio, insistió la representante de la FIDH.
El Comité sostuvo que Israel debe levantar el bloqueo militar a la Franja de Gaza pues afecta adversamente a la población civil.
En relación con ese tema, estimó que Israel debe invitar a una misión investigadora internacional, independiente, para que establezca las circunstancias del ataque de fuerzas militares israelíes el 31 de mayo a la llamada Flotilla de Libertad de Gaza. En esa operación murieron nueve personas que viajaban en los barcos.
El convoy, de seis embarcaciones fletadas por organizaciones humanitarias de distintos países, intentaba superar el bloqueo para llevar medicamentos, alimentos y otras ayudas a la población palestina de Gaza.
El Cimité dijo que esa comisión investigadora debería establecer también la compatibilidad de la acción militar israelí con las normas del Pacto de Derechos Civiles y Políticos.
Chanet resaltó que las conclusiones del Comité expresan también preocupación por las ejecuciones extrajudiciales de personas sospechosas de estar involucradas en actividades terroristas.
Israel debe terminar con esas prácticas y proteger el derecho a la vida de todos los civiles, incluidos los de la Franja de Gaza, dijo el cuerpo.
Con relación a la tortura, Chanet mencionó una decisión de la Corte Suprema de Justicia de Israel que acepta ciertas formas de presión física en los interrogatorios con el argumento de que son justificadas por "el estado de necesidad".
El organismo de la ONU reclamó a Israel que incorpore a su legislación el delito de tortura como ha sido tipificado por la Convención sobre la Tortura y también que elimine la "necesidad" como justificativo de ese abuso.
Shoughry-Badarne dijo a IPS que muchos países aplican la tortura de forma cotidiana, pero a la vez no intentan proclamar que son democracias. El problema con el estado de Israel es que sus gobernantes ni siquiera se avergüenzan al decir que las disposiciones contra la tortura no son absolutas, agregó.
El Comité manifestó preocupación por las escasas investigaciones iniciadas por las Fuerzas Armadas israelíes con relación a sus ataques lanzados contra la franja de Gaza a fines de diciembre de 2008 y comienzos de enero de 2009, en la operación conocida como Plomo Sólido.
Desde 2003, las Fuerzas Armadas de Israel atacaron y ejecutaron extrajudicialmente a 184 personas en la franja de Gaza, en operaciones que causaron simultáneamente la muerte de otras 155 personas, reprochó el organismo de la ONU.
A pesar de recomendaciones anteriores del Comité, Israel ha continuado la demolición de propiedades y viviendas de familias cuyos miembros han sido considerados sospechosos de vinculación con actividades terroristas, sin considerar otras medidas menos agresivas.
Otras preocupaciones del cuerpo han sido las denuncias de desalojos forzados de poblaciones de beduinos y de una consideración inadecuada de las necesidades tradicionales de esas poblaciones al trazar los planes de desarrollo de la región del Negev, sin tener en cuenta que la agricultura ha sido el sustento tradicional de esas comunidades.
El Comité recomendó igualmente que Israel disponga investigaciones independientes sobre las graves violaciones a los derechos humanos, como el derecho a la vida, la prohibición de torturas, el derecho a un trato humano para todas las personas bajo custodia y el derecho a la libertad de expresión.
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