Altos cargos de Bush se libran de ser juzgados

Público
18/05/09

El Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó ayer que ni el director del FBI ni ningún responsable del Gobierno de George Bush podrán ser juzgados por los abusos cometidos contra sospechosos de terrorismo tras los atentados del 11-S.

El Supremo revocó así una decisión de un tribunal federal de apelaciones de Nueva York que establecía que el ex director del FBI, Robert Mueller, y el ex fiscal general, John Ashcroft, podían ser responsabilizados de los maltratos a los que fueron sometidos sospechosos de terrorismo detenidos en las amplias redadas ocurridas tras los ataques de 2001. La denuncia de un paquistaní detenido tras los ataques del 11-S "no contiene suficientes elementos para fijar una demanda", decidió el máximo tribunal.

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La denuncia inicial fue cursada por Javaid Iqbal, un paquistaní musulmán que trabajaba en Long Island instalando la red de televisión por cable y que pasó varios meses en confinamiento solitario en una prisión de Brooklyn. Había sido arrestado en noviembre de 2002 por ser considerado "detenido prioritario" antes de ser deportado a su país de origen, en enero de 2003, totalmente exento de todos los cargos que se le imputaban.

Iqbal acusó a Ashcroft, a Mueller y a otros 30 funcionarios de conspirar personalmente para violar los derechos de los inmigrantes musulmanes detenidos tras el 11-S por su raza, religión o nacionalidad, y de haber sufrido abusos verbales y físicos durante su aislamiento.

En los seis meses que permaneció en la unidad especial del centro de detención, dijo Ibbal en su demanda, fue tratado de "asesino musulmán" y perdió más de 20 kilos.

Profunda división

La Corte Suprema mostró su profunda división sobre el tema al pronunciarse por cinco votos a favor y cuatro en contra. Los votos favorables fueron los de los jueces más conservadores del Supremo.

La corte decidió que la demanda no citaba suficientes hechos concretos para sostener la denuncia de intención discriminatoria contra Mueller y Ashcroft.

La demanda, dijo el juez Anthony Kennedy que redactó los argumentos de la mayoría, "sólo sugiere que los máximos responsables de hacer aplicar la ley, tras un ataque devastador, intentaron mantener a los sospechosos de terrorismo en las condiciones más seguras posibles hasta determinar si habían o no cometido actos terroristas". La decisión no protege a Ashcroft ni a Mueller, ni a los otros demandados contra otras querellas.

El Tribunal Supremo, sin embargo, dejó margen a Iqbal para denunciar a sus torturadores directos. "El relato de sus sufrimientos, si se pueden probar, muestra una conducta inconstitucional por parte de actores gubernamentales", dijo Kennedy, "pero las acusaciones se refieren a estos en particular" y no a los altos funcionarios que animaron estas prácticas en los momentos de pánico colectivo que se vivieron en Estados Unidos en las semanas después del 11-S, especialmente en Nueva York.