España: "Los datos sobre tortura son preocupantes, deben considerarse como un problema de verdad"

Pello Urzelai
Berria
Traducido para Rebelión por Ramon Bofarull
13/04/09

Según las conclusiones del informe, los detenidos sufren malos tratos «más que de vez en cuando».

Las conclusiones del primer informe científico institucional realizado en el País Vasco sobre tortura son claras; los resultados del informe son «preocupantes» y «las autoridades competentes deberían considerarlos como un problema de verdad». Junto a ésta, la otra principal conclusión es que «los detenidos incomunicados sufren malos tratos o torturas más que de vez en cuando». O, dicho de otro modo, «las denuncias de tortura no siguen siempre el mismo molde y, por tanto, no pueden considerarse simples ensoñaciones».

El informe titulado Tortura: una aproximación científica (2000-2008) lo ha realizado el médico Benito Morentín, con la ayuda de otros cuatro forenses (Luis Callado, Hans Draminsky, Javier Meano e Itxaso Idoiaga). El informe sobre tortura es un encargo de la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno vasco con motivo del Informe sobre víctimas de la violencia de motivación política presentado en el Parlamento vasco en junio de 2008. Una de las conclusiones de ese informe era que debía crearse un apartado especial sobre las denuncias de tortura, porque hasta entonces las instituciones no habían realizado investigación alguna en torno a esta cuestión. Este análisis de cinco médicos de gran prestigio es el primero de este nivel y ha examinado todos los casos de los últimos nueve años, especialmente las detenciones realizadas en régimen de incomunicación. El Gobierno vasco lo puso la semana pasada en manos del Parlamento vasco.

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Mediante un análisis estadístico han puesto patas arriba la principal tesis del Gobierno de España sobre la tortura, esto es, que las denuncias son falsas y responden a consignas de ETA. «Los datos [dice el informe en el apartado de conclusiones] ponen patas arriba la hipótesis de que todas o casi todas las denuncias son mentira y siguen modelos generales, porque los indicadores estadísticos la contradicen».

634 denuncias

En este estudio, el forense Benito Morentín y su grupo han investigado todos los posibles casos de malos tratos y torturas a detenidos incomunicados entre 2000 y 2008. Han tenido tres niveles de investigación: comprobar si todos los detenidos incomunicados han denunciado o no malos tratos o torturas, examen específico del testimonio de los detenidos o de los métodos de maltrato o tortura descritos en la denuncia judicial y análisis especial de los métodos de maltrato o tortura descritos en los informes médicos.

En el análisis estadístico han considerado múltiples aspectos demográficos, criminológicos y procedimentales.

Según el Ministerio del Interior español, en el período 2008-2008, fueron detenidas 1231 personas por vinculación a ETA. Entre ellas, los autores del informe han identificado a 957 incomunicadas. De esas 957 634 (el 66 %) denunciaron malos tratos o torturas ―«un cantidad de personas muy grande», a juicio de los autores del informe― y 446 interpusieron denuncia judicial.

Del examen de todos esos casos, en el informe se subrayan algunos datos significativos: la mayor frecuencia de denuncias de malos tratos se da entre los detenidos por la Guardia Civil (85 %) y entre los incomunicados encarcelados (92 %); la relación entre frecuencia de denuncia de torturas y duración del período de incomunicación es directamente proporcional ―según el informe, «el riesgo aumento notablemente»―; la frecuencia de denuncias entre quienes fueron absueltos después de la detención, no imputados o se les archivó la causa está entre el 55 y el 70 %.

Fiabilidad de las denuncias

En contraste con la principal tendencia de esos tres casos, los autores del informe han encontrado las dos siguientes situaciones significativas: por un lado, entre 2004 y 2008 nadie ha presentado denuncia contra la Ertzaintza, y, por el otro, ha habido un porcentaje escaso de denuncias «entre los detenidos por razones que la Policía Nacional y el Juzgado de Instrucción Central número 5 denominan actividades sin violencia».

En este informe los autores han analizado la fiabilidad de las denuncias. Para ello han comparado los datos que podrían esperarse según el argumento alegado por el Gobierno de España ―el argumento de las denuncias falsas― con los datos tratados en el informe.

Por ejemplo, los detenidos incomunicados puestos en libertad sin cargos, absueltos o no procesados no deberían denunciar torturas o, como mucho, muy de vez en cuando. Pero no sucede así. El 64 % de los que quedan en libertad después de pasar a disposición judicial denuncia torturas, lo mismo que el 69 % de los absueltos, el 55 % de los no procesados y el 70 % de los detenidos cuya causa fue archivada. Asimismo, siguiendo el argumento del Gobierno de España, el tiempo de incomunicación no tendría que influir en la cantidad de denuncias de tortura. Ocurre lo contrario: considerando las personas condenadas, el porcentaje de denuncias es del 52 % cuando el período de incomunicación es de entre uno y tres días y del 88 %, cuando es mayor.

Al fin y al cabo, como subrayan los autores del informe, este estudio «concuerdo con las observaciones realizadas por el Comité para la Prevención de la Tortura, el relator de Naciones Unidas contra la Tortura, esto es, que las denuncias de tortura no se pueden considerar como historias inventadas».

«La mejor prevención es eliminar el riesgo»

Entrevista a Benito Morentín, jefe del grupo que ha realizado el informe

Oihana Elduaien

Benito Morentín es el jefe del grupo de cinco personas que ha realizado la investigación para elaborar el informe. A pesar de que han utilizado diferentes fuentes, subraya que les han proporcionado los mismos resultados. Quiere dejar claro que habla como forense y que no actúa en nombre de nadie más. No alberga ninguna duda de que eliminar la incomunicación es la medida más eficaz contra la tortura.

¿Con qué objetivo han elaborado el informe?

Forma parte del informe sobre víctimas de vulneraciones de derechos humanos relacionadas con razones políticas publicado por el Gobierno vasco en junio del año pasado. En aquel informe había un punto sobre torturas y para completarlo la Dirección de Derechos Humanos nos solicitó que realizáramos una investigación.

¿Cómo han formado el grupo de trabajo?

Ya habíamos realizado diversas investigaciones anteriormente con este grupo de trabajo. Hemos publicado cuatro o cinco artículos sobre este problema en revistas internacionales. El grupo ya estaba formado.

¿Qué metodología han utilizado?

Hemos realizado la investigación desde un punto de vista científico. Todos somos investigadores y tenemos experiencia. Hemos intentado aplicar las herramientas que nos dan la estadística y la ciencia para extraer conclusiones. No hemos realizado estudios concretos de casos, sino un análisis estadístico.

¿Cuáles son las conclusiones generales que han extraído?

La conclusión más general es que el trabajo que hemos realizado nosotros coincide con los informes realizados por muchas otras instituciones internacionales. Nuestro trabajo se une al suyo. Todas ellas dicen que la tortura es un problema serio, sobre todo en el caso de los detenidos incomunicados, y que las medidas de prevención no son eficaces. Me parece digno de ser subrayado que las conclusiones de la investigación y las de instituciones internacionales ―la ONU, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, etc.― son coherentes.

Han deducido que no todas las denuncias son falsas. ¿Por qué?

Hay elementos para decir que no todas las denuncias responden a un manual genérico. Por un lado, hay muchas denuncias, pero hay dos casos que quedan aparte: los detenidos por la Ertzaintza entre 2003 y 2008, por un lado, y los detenidos por el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, por el otro. Si hubiera un manual, no tendría por qué haber excepciones de ese tipo. Por lo demás, en la investigación se ve claramente que cuanto más larga es la incomunicación mayores posibilidades hay de tortura. Por otro lado, siguiendo con lo del manual, la gente que ha estado incomunicada y ha quedado en libertad no tendría que interponer denuncia alguna de torturas y todos los que han sido encarcelados tendrían que denunciar torturas, pues cabe pensar que tienen la consigna de hacerlo. Pero eso no pasa siempre.

En el informe también hablan de tipos de tortura.

Sí. El Gobierno de España dice que en un documento que atribuye a ETA en el momento de denunciar torturas hay que hacer referencia a métodos concretos; pero esos métodos no siempre se mencionan. Por ejemplo, el potro no aparece ni una sola vez. Hemos visto que entre policías hay también patrones diferentes y, según el manual, tendría que haber un único patrón…

Dicen que el modo más adecuado de reducir las denuncias es eliminar la incomunicación. ¿La incomunicación permite la tortura?

La incomunicación facilita la tortura. La ONU ha sido muy clara al decir que debe eliminarse la incomunicación. Ese período de detención implica riesgo de tortura y, por eso, eliminar la incomunicación es una de las recomendaciones.

En el informe dicen que el Gobierno vasco ha hecho un esfuerzo en los últimos años y también que ha habido resultados. Pero este año han incomunicado a Manex Castro y éste ha denunciado torturas. ¿Cómo lo valora?

La incomunicación vulnera derechos fundamentales y los derechos del detenido no quedan garantizados. Son detenciones arriesgadas. En medicina, lo mismo que en cualquier otro oficio, la mejor prevención es eliminar el riesgo. La base para que haya garantías es eliminar la incomunicación.

En caso de que no se elimine la incomunicación, proponen otras medidas. ¿Cuáles?

Nos basamos en las propuestas realizadas por grupos internacionales. Poner cámaras, tener derecho a la visita de un médico de confianza y medidas para que los familiares sepan dónde está el detenido. No obstante, la más eficaz sería acabar con la incomunicación.

Tres jueces de la Audiencia Nacional aplican estas medidas, pero sólo lo hacen en algunos casos; no lo hacen todos… ¿No debería regularse?

Si estuviera regulado sería más eficaz. Con todo, tienen eficacia limitada. Tomar esas medidas es poner parches al problema.