Polarización social y pensiones
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Vicenç Navarro
Público/Rebelión
19/09/10
La enorme concentración de la riqueza (tanto de la renta como de la propiedad) que ha ocurrido en la mayoría de países de la OCDE (incluida España) ha generado un debate en muchos de aquellos países que no ha aparecido en los mayores medios de difusión españoles. El tema que sí que ha aparecido mucho en nuestros medios ha sido la supuesta insostenibilidad del futuro de las pensiones, que ha originado la propuesta del Gobierno español de retrasar la edad de jubilación. Pero de concentración de las rentas y de cómo esta concentración está afectando al futuro de las pensiones no se ha escrito nada en los cinco rotativos de mayor difusión del país. Repito, nada.
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No así en EEUU. En aquel país ha existido un debate muy intenso en varios diarios, incluido The New York Times. En EEUU, como también en España, las fuerzas conservadoras y liberales están subrayando que la transición demográfica hace inviable el futuro de las pensiones, a no ser que se retrase la edad de jubilación. Muchas de estas fuerzas están incluso proponiendo que la edad obligatoria de jubilación se retrase a los 70 años.
Las izquierdas, sin embargo, no están aceptando tal argumento y propuesta. Y están centrando su atención en la escandalosa concentración de las rentas que se ha ido produciendo en aquel país durante los últimos 30 años, consecuencia de las políticas neoliberales iniciadas por el presidente Reagan en EEUU y desarrolladas más tarde por la mayoría de los gobiernos de la OCDE, incluidos aquellos gobernados por partidos de raíces socialdemócratas, muchos de los cuales se han transformado en partidos socioliberales. En EEUU, el 1% de la población que tenía el 8% de la renta nacional en los años setenta ha pasado a tener el 24% en el año 2009.
El lector se preguntará: “¿Y qué tiene esto que ver con la viabilidad del sistema de pensiones públicas?”. Pues la respuesta es que tiene mucha relación. El sistema de financiación de la Seguridad Social es sumamente regresivo: es decir, cuanto más rica es la persona, menos paga (en términos proporcionales) a la Seguridad Social. Bill Gates, uno de los ciudadanos estadounidenses más ricos del mundo, paga 6.622 dólares a la Seguridad Social, prácticamente la misma cantidad que paga un empleado medio de su empresa. En EEUU (como en España), la carga impositiva para la Seguridad Social tiene un umbral (en EEUU es de 106.800 dólares) por encima del cual no se pagan impuestos para financiar las pensiones públicas. Monique Morrissey, del Economic Policy Institute (uno de los centros de investigación económica más reputados de Washington) ha calculado que eliminando gradualmente tal umbral –de manera que cada año se aumentara un 2%, hasta llegar a cubrir el 90% de la renta del contribuyente– se cubriría un tercio del déficit proyectado para el año 2040. Si en lugar de hacer el cambio gradualmente se hiciera inmediatamente, los fondos recogidos eliminarían aquel déficit completamente.
El hecho de que todo el debate en España (uno de los países de la OCDE, junto con EEUU, que tiene mayores desigualdades de renta) se centre en alargar obligatoriamente la edad de jubilación, en lugar de en aumentar la progresividad en la financiación de la Seguridad Social, se debe a que el sector de la población de rentas altas en España tiene mucho más poder político y mediático en nuestro país que el ciudadano normal y corriente. En realidad, la visibilidad mediática y política de una política pública tiene menos que ver con los méritos de tal propuesta que con las cajas de resonancia mediática de que goza. Véase, como ejemplo, el contraste en la exposición que tienen en los medios las medidas de austeridad y recortes de derechos sociales y laborales frente a las necesarias y urgentes reformas fiscales que se requieren para mejorar la capacidad recaudatoria del Estado y su progresividad.
Existe otra consecuencia de la creciente polarización de las rentas sobre las pensiones, de lo que tampoco se habla en el debate sobre las pensiones en España. La propuesta de retrasar obligatoriamente la edad de jubilación para toda la población que trabaja discrimina a las personas de baja cualificación y rentas bajas a costa de las rentas altas y medias-altas. Así, en EEUU una persona perteneciente al 5% de la población, la de mayor renta, vive 15 años más que una persona perteneciente al 5% inferior. En realidad, mientras la esperanza de vida de los ricos ha aumentado cinco años durante el periodo 1980-2009, la de las personas de rentas inferiores ha aumentado sólo un año (y entre las mujeres de este grupo de rentas el aumento ha sido incluso menor). Es un enorme error que no se permita a las personas con trabajos poco satisfactorios y estresantes jubilarse antes (en España el número de trabajadores que indica que su trabajo es estresante ha subido en los últimos 20 años de un 32% a un 48%. De ellos, el 68% realiza trabajos poco cualificados). Como también es un enorme error forzar obligatoriamente a personas altamente cualificadas a que se jubilen a los 65 ó 67 años, cuando todavía están en plena actividad intelectual. La pensión debería ser un derecho, no una obligación. De ahí que a las personas que gozan de su trabajo y que vivirán más años que las personas con bajas cualificaciones que vivirán menos, debería permitírseles retirarse más tarde de la edad obligatoria, si así lo desean.
Pero además de ser un error el retraso obligatorio de la edad de jubilación, es una gran injusticia, pues retrasarla significa en la práctica que los que vivirán menos años trabajen dos años más (algunos incluso piden cinco años más) para pagar las pensiones de los que vivirán más años, sobreviviéndoles incluso 15 años en EEUU y diez en España (en la UE-15 son siete años). Estas son las consecuencias que la polarización de las rentas tiene en la financiación y en la equidad del sistema de pensiones, de lo cual apenas se habla en nuestro país.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University
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No así en EEUU. En aquel país ha existido un debate muy intenso en varios diarios, incluido The New York Times. En EEUU, como también en España, las fuerzas conservadoras y liberales están subrayando que la transición demográfica hace inviable el futuro de las pensiones, a no ser que se retrase la edad de jubilación. Muchas de estas fuerzas están incluso proponiendo que la edad obligatoria de jubilación se retrase a los 70 años.
Las izquierdas, sin embargo, no están aceptando tal argumento y propuesta. Y están centrando su atención en la escandalosa concentración de las rentas que se ha ido produciendo en aquel país durante los últimos 30 años, consecuencia de las políticas neoliberales iniciadas por el presidente Reagan en EEUU y desarrolladas más tarde por la mayoría de los gobiernos de la OCDE, incluidos aquellos gobernados por partidos de raíces socialdemócratas, muchos de los cuales se han transformado en partidos socioliberales. En EEUU, el 1% de la población que tenía el 8% de la renta nacional en los años setenta ha pasado a tener el 24% en el año 2009.
El lector se preguntará: “¿Y qué tiene esto que ver con la viabilidad del sistema de pensiones públicas?”. Pues la respuesta es que tiene mucha relación. El sistema de financiación de la Seguridad Social es sumamente regresivo: es decir, cuanto más rica es la persona, menos paga (en términos proporcionales) a la Seguridad Social. Bill Gates, uno de los ciudadanos estadounidenses más ricos del mundo, paga 6.622 dólares a la Seguridad Social, prácticamente la misma cantidad que paga un empleado medio de su empresa. En EEUU (como en España), la carga impositiva para la Seguridad Social tiene un umbral (en EEUU es de 106.800 dólares) por encima del cual no se pagan impuestos para financiar las pensiones públicas. Monique Morrissey, del Economic Policy Institute (uno de los centros de investigación económica más reputados de Washington) ha calculado que eliminando gradualmente tal umbral –de manera que cada año se aumentara un 2%, hasta llegar a cubrir el 90% de la renta del contribuyente– se cubriría un tercio del déficit proyectado para el año 2040. Si en lugar de hacer el cambio gradualmente se hiciera inmediatamente, los fondos recogidos eliminarían aquel déficit completamente.
El hecho de que todo el debate en España (uno de los países de la OCDE, junto con EEUU, que tiene mayores desigualdades de renta) se centre en alargar obligatoriamente la edad de jubilación, en lugar de en aumentar la progresividad en la financiación de la Seguridad Social, se debe a que el sector de la población de rentas altas en España tiene mucho más poder político y mediático en nuestro país que el ciudadano normal y corriente. En realidad, la visibilidad mediática y política de una política pública tiene menos que ver con los méritos de tal propuesta que con las cajas de resonancia mediática de que goza. Véase, como ejemplo, el contraste en la exposición que tienen en los medios las medidas de austeridad y recortes de derechos sociales y laborales frente a las necesarias y urgentes reformas fiscales que se requieren para mejorar la capacidad recaudatoria del Estado y su progresividad.
Existe otra consecuencia de la creciente polarización de las rentas sobre las pensiones, de lo que tampoco se habla en el debate sobre las pensiones en España. La propuesta de retrasar obligatoriamente la edad de jubilación para toda la población que trabaja discrimina a las personas de baja cualificación y rentas bajas a costa de las rentas altas y medias-altas. Así, en EEUU una persona perteneciente al 5% de la población, la de mayor renta, vive 15 años más que una persona perteneciente al 5% inferior. En realidad, mientras la esperanza de vida de los ricos ha aumentado cinco años durante el periodo 1980-2009, la de las personas de rentas inferiores ha aumentado sólo un año (y entre las mujeres de este grupo de rentas el aumento ha sido incluso menor). Es un enorme error que no se permita a las personas con trabajos poco satisfactorios y estresantes jubilarse antes (en España el número de trabajadores que indica que su trabajo es estresante ha subido en los últimos 20 años de un 32% a un 48%. De ellos, el 68% realiza trabajos poco cualificados). Como también es un enorme error forzar obligatoriamente a personas altamente cualificadas a que se jubilen a los 65 ó 67 años, cuando todavía están en plena actividad intelectual. La pensión debería ser un derecho, no una obligación. De ahí que a las personas que gozan de su trabajo y que vivirán más años que las personas con bajas cualificaciones que vivirán menos, debería permitírseles retirarse más tarde de la edad obligatoria, si así lo desean.
Pero además de ser un error el retraso obligatorio de la edad de jubilación, es una gran injusticia, pues retrasarla significa en la práctica que los que vivirán menos años trabajen dos años más (algunos incluso piden cinco años más) para pagar las pensiones de los que vivirán más años, sobreviviéndoles incluso 15 años en EEUU y diez en España (en la UE-15 son siete años). Estas son las consecuencias que la polarización de las rentas tiene en la financiación y en la equidad del sistema de pensiones, de lo cual apenas se habla en nuestro país.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University
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