España: "Me patearon en el suelo hasta partirme el brazo"

Cadena Ser
05/10/10

Javier Humberto nunca imaginó que un simple trayecto en el metro de Madrid se convertiría en un infierno. "Un señor me metió en una habitación sin cámaras donde me patearon en el suelo hasta partirme el brazo", afirma este ecuatoriano. Ocurrió en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche. "Esto para que te sirva de escarmiento, hijo de puta, para que se lo cuentes a tus compañeros", afirmaba el individuo que lo agredía.

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Esta escena tiene puntos en común con el vídeo que Telemadrid sacó a la luz el pasado 13 de septiembre.

En este caso, un cabo de la Policía de la localidad madrileña de Alcorcón abofetea hasta cinco veces a un detenido que permanece en todo momento esposado. Al parecer, el hombre agredido se quejó al agente de que otros compañeros del policía le habían golpeado y el jefe de estos le respondió con varios tortazos.

Los hechos fueron presenciados por al menos otros cinco guardias que no hicieron nada para evitarlos ni denunciaron esta agresión que tuvo lugar en febrero de 2009. Tras el suceso, su autor fue ascendido a sargento del Cuerpo de Policía de Alcorcón.

¿Una realidad frecuente o menos sucesos aislados?

Tanto en este caso como en el que vivió Javier Humberto L.R. son inmigrantes quienes sufren el maltrato por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Tras conocerse los hechos ocurridos en Alcorcón, el agente agresor fue identificado y suspendido cautelarmente mientras se inicia una investigación.

Por el contrario, se desconoce la identidad de quien propinó la paliza a Javier Humberto y la Policía Nacional, de quien depende el CIE donde supuestamente ocurrieron los hechos, no ha tomado ninguna medida. Ambas situaciones también se diferencian en que el detenido que fue abofeteado no presentó denuncia, mientras que Javier Humberto sí.

Tras conocer ambos casos, cabe preguntarse con qué frecuencia se repiten estas situaciones o si son meros sucesos aislados. En este sentido, la Coordinadora para la Prevención de la Tortura no lo duda. En su última investigación,con datos relativos a 2009, esta organización acredita 451 denuncias por tortura a manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"Te enseño tres casos, pero tengo 3.000"

Amnistía Internacional, en su informe 'Sal en la herida: Impunidad efectiva los agentes de policía en casos de tortura y malos tratos' publicado 2007, "refuta la idea de que malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado sean algo excepcional".

Lo mismo piensa Cynthia Favero, abogada especializada en inmigración y responsable de los servicios jurídicos de las embajadas de Ecuador y República Dominicana: "Te enseño tres casos, pero tengo 3.000", reconoció a este diario cuando fue preguntada por las denuncias que gestiona relacionadas con este tema.

En la misma línea se encuentran los 40 testimonios de internos de distintos CIE recogidos en 'Voces desde y contra los CIE', un informe publicado por SOS Racismo, Médicos del Mundo y Ferrocaril Clandestino. En él, 40 personas de distintas nacionalidades denuncian de primera mano "la vulneración sistemática y el maltrato a los internos" en estos centros de detención para inmigrantes sin permiso de residencia.

"La mayoría de las denuncias son falsas"

Estos datos y declaraciones no coinciden con la opinión de la policía. "En el CIE no hay agresiones", afirma tajante el responsable de comunicación de la Jefatura de Policía de Madrid, organismo del que depende el CIE de Aluche, lugar donde presuntamente fue maltratado Javier Humberto. "No me voy a arriesgar a ser sancionado por dar un guantazo a un detenido", concluye Rubén, quien rehúsa dar su apellido al otro lado de la línea telefónica.

En un tono similar se expresan desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP): "La mayoría de las denuncias por agresión son falsas", afirma Miguel Ángel Bernardo, portavoz de esta organización. "Una persona que va a ser expulsada hace todo lo posible para que no se le expulse", añade Bernardo, quien asegura que muchas de las acusaciones a los Cuerpos de Seguridad por parte de inmigrantes buscan revocar o atrasar una expulsión.

"Eso no es cierto", sostiene Lourdes Peralta, abogada de Javier Humberto, cuando se le transmite la tesis que defienden desde el SUP. "La ley de extranjería solo contempla beneficios respecto a la expulsión en casos de denuncias a redes de prostitución o narcotráfico, pero no cuando se denuncian malos tratos de la Policía. Además, como la Policía suele denunciar por atentado contra la autoridad a quien les acusa, si al final se condena a un inmigrante se tramita su expulsión", recalca Peralta.

"Sube, hijo de puta, o te vamos a matar"

Este ecuatoriano llevaba siete años en Madrid cuando le partieron el brazo en el CIE. Trabajaba como carpintero y vivía con su mujer e hijos en esa ciudad. Los hechos se desencadenaron cuando fue detenido al salir del metro. Su único delito fue que su permiso de residencía aún seguía en trámite, por lo que 'no tenía papeles'. A consecuencia de ello ingresó en el Cento de Internamiento de Extranjeros del barrio madrileño de Aluche. En ese lugar permaneció 30 días hasta que salió de allí para ser deportado.

Fue trasladado al aeropuerto, "donde me obligaron a subir a un avión para deportarme. Yo no quería, y me agarré a la barandilla para no subir", afirma Javier Humberto. "Estaba a la vista de todos, así que los policías no me podían pegar, pero me pinchaban con una navaja en la espalda y me decían 'sube, hijo de puta, o te vamos a matar", relata el protagonista de los hechos.

"Esto para que se lo cuentes a tus compañeros"

Finalmente, los agentes encargados de su custodia lo llevaron a una sala del aeropuerto, donde "me dieron varios golpes", afirma Javier Humberto, quien asume que esas agresiones en Barajas son algo habitual: "a muchos compañeros también les pegaron allí", recuerda.

Más tarde fue trasladado de vuelta al CIE y le condjueron "a la lavandería, donde no hay cámaras", lugar en que un individuo, entre insultos y amenazas "me pateó mientras yo estaba en el suelo hasta partirme el brazo, sostiene este ecuatoriano. El policía me decía: 'hijo de puta, esto para que se lo cuentes a tus compañeros", narra Javier Humberto, quien explica que recibió la paliza como castigo por haberse negado a subir al avión que le llevaría de vuelta a Ecuador. "Me trataron como a una mierda", concluye este carpintero.

La propia policía investiga estos casos de maltrato

Gracias a la intervención de su abogada, Javier Humberto salió del CIE e interpuso una denuncia en la que adjuntó el informe facultativo que da fe la fractura de su brazo. Pero el juez de instrucción consideró archivarlo, "porque entendió que no había datos suficientes", afirma Lourdes Peralta, la letrada que se ocupa del caso de este ecuatoriano y quien ha recurrido el archivo del sumario para que se reabra.

"La paradoja es que el mismo juzgado no ha hecho nada para conseguir esos datos", señala la defensora de Javier Humberto. En casos como este es el juez instructor quien debe dar la orden a la policía para que recabe los datos oportunos para investigar a los acusados.

Peralta detalla las referencias que solicitaron: "pedimos una rueda de reconocimiento y no la ha habido, un informe que refleje quién estaba de guardia ese día y no ha sido aportado, y la grabación tampoco ha aparecido". Pau Pérez, psiquiatra y director del informe 'La situación de los CIE en España' ha seguido de cerca este caso: "Hay grabaciones del CIE que recogen cómo entra en lavandería y sale arrastrándose de ella", afirma el facultativo.

"Es poco probable que el 66% de las denuncias sean infundadas"

La Defensora del Pueblo, en un informe sobre los CIE hecho público el 7 de julio de este año alertó de "la ausencia de mecanismos de control de la actuación policial, debido a la falta de identificación de los funcionarios que trabajan en ellos y a las carencias del sistema de videovigilancia". En este sentido se pronuncia la abogada Cynthia Favero, quien afirma que "gran parte de los casos son sobreseídos por la falta de identificación de los policías".

Por otro lado, Amnistía Internacional, en su informe 'Sal en la herida', afirma que en 2007, el 66% de los casos cerrados por supuestas torturas o malos tratos por parte de la Policía fueron sobreseidos por el juez de instrucción o el fiscal antes de llegar a la fase de juicio. "Es poco probable que ese 66% de denuncias sean totalmente infundadas", remarcan desde la ONG.

En este sentido,la abogada Cynthia Favero hace referencia a "una resolución del Tribunal Supremo que reprende a los jueces porque la mayoría de las denuncias por maltrato policial son archivadas por pruebas insuficientes, pero precisamente porque esos jueces no han dado la orden de investigar", indica Favero.

"No hace falta" que sea otro cuerpo el que investigue

"Tenemos un servicio de asuntos internos que investiga estas irregularidades", afirma Ángel Bernardo, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP). Preguntado por la posibilidad de que sea otro cuerpo distinto a la Policía Nacional quien se haga cargo de las pesquisas, desde la organización aseguran que "no hace falta", ya que en el Cuerpo "no existe corporativismo" y no se encubren los casos de maltrato.

Desde el SUP aseguran que "a cualquier agente que comete un delito se le expulsa del Cuerpo". Desde esta organización también detallan que en el año 2008 cuatro policías fueron expulsados por ser condenados por malos tratos y que estas situaciones son "hechos aislados".

La Jefatura de Policía de Madrid declina hacer comentarios sobre el caso de Javier Humberto o sobre el hecho de que no aparecieran las grabaciones que se realizan en el CIE. En este sentido, afirman que "ha pasado mucho tiempo" desde que ocurrieron los hechos" y que "tendrá que ser un juez quien decida lo que ha pasado".

"Hay dos tipos de policías: los de carrera y los 'chuletas', los que tienen el deseo de ejercitar la autoridad por la autoridad", remarca con inquietud Favero, quien espera el día en que estas situaciones de maltrato desaparezcan. Preocupaciones parecidas muestra Javier Humberto, quien aguarda con esperanza que su caso se reabra "para que se haga justicia y lo que me pasó no se vuelva a repetir".