Protestas en todo el mundo marcan el sexto aniversario de la prisión de Guantánamo

La Vanguardia
11/01/08

La prisión de Guantánamo cumplió hoy su sexto aniversario desde la llegada de los primeros detenidos, en medio de protestas en todo el mundo y peticiones al Gobierno de EE.UU. de que cumpla su promesa de cerrar el centro de detención.

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Miles de ciudadanos y varios organismos internacionales defensores de los derechos humanos alzaron su voz en varios países, como Filipinas, Israel, España, Bahrein, Paraguay y Estados Unidos, para protestar en contra de las detenciones ilegales y el trato dado a los retenidos en la base naval de EE.UU. de Guantánamo, en Cuba.

En un acto celebrado en la capital estadounidense, unas 300 personas vestidas con monos de color naranja, capuchas negras y las manos atadas, se concentraron frente al Capitolio y el Tribunal Supremo en representación de los cerca de 275 detenidos que aún permanecen en Guantánamo.

Bajo gritos de "cerrémoslo", los activistas amenazaron con entrar en el Tribunal Supremo, lo que derivó en el cierre temporal del edificio y la detención de 71 personas.

Respaldada por más de 1.200 parlamentarios de todo el mundo, Amnistía Internacional (AI) ha elaborado un plan para exigir el cierre del centro de detención, compuesto por trece medidas.

El plan ha sido enviado hoy a la Casa Blanca, acompañada por una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, George W. Bush, según dijo Josefina Salomon, portavoz de AI.

El organismo internacional espera que el mandatario estadounidense "converse con Amnistía Internacional sobre el plan" cuando vuelva de su gira por Oriente Medio.

"Su respuesta tiene que ser el cierre de Guantánamo, que es un símbolo de injusticias y un ejemplo visible de cómo el Gobierno de EE.UU. ignora la legislación de los derechos humanos", dijo Salomon, quien, no obstante, advirtió de que la cárcel es "sólo parte del problema, porque hay 39 presos desaparecidos en cárceles secretas".

Del total de presos, unos 70 cumplen los requisitos para ser trasladados a otras facilidades, pero continúan en Guantánamo ante el riesgo de sufrir torturas en sus países, explicó Salomon.

La mayoría de los confinados en Guantánamo son presos de la guerra global contra el terrorismo de EE.UU. No tiene derecho a un juicio civil y a menudo sufre coerciones físicas y psicológicas, según informes de varios organismos internacionales.

Para Lara McGuire, de Baltimore (Maryland), es una "vergüenza" que el Gobierno de Estados Unidos "apoye las torturas". Esta ciudadana, miembro de la Campaña Nacional Religiosa contra la Tortura (NRCAT en sus siglas en inglés) todavía tiene fe en que la Administración Bush cierre finalmente Guantánamo: "siempre hay una esperanza", afirmó.

Bush aseguró en junio de 2006 en una cumbre con la Unión Europea (UE) que pretendía cerrar Guantánamo, aunque advirtió que antes era necesario decidir qué hacer con los presos.

El ex secretario de Estado, Colin Powell, y sus sucesora en el cargo, Condoleezza Rice, también abogaron por cerrar el centro de detención, creada tras el 11-S.

La última vez que la Casa Blanca se pronunció sobre un posible cierre de Guantánamo fue en junio de 2007, cuando reconoció que se planteaba el futuro de la prisión, aunque no de manera inmediata.

En agosto pasado, y ante la presión internacional, Bush justificó el continuo retraso del cierre de Guantánamo por la "poca disposición" de otros países para hacerse cargo de los sospechosos de terrorismo que se encuentran confinados allí.

Desde 2002, cerca de 800 personas han pasado diversos periodos de detención en Guantánamo, algunos de ellos considerados como "enemigos combatientes". Desde entonces, unos 500 detenidos han sido trasladados desde la prisión a otros países, según el Pentágono.

La 'Ley de Tratamiento de Detenidos', promulgada por Bush, estipula que los prisioneros definidos por el Ejecutivo como "enemigos combatientes" no tienen derecho de 'hábeas corpus', es decir, no pueden cuestionar su detención ante un juez en los tribunales civiles.

En junio del año pasado, el Tribunal Supremo aceptó estudiar las demandas de algunos prisioneros detenidos en Guantánamo para que sus apelaciones las vean cortes civiles.

Previamente, el Gobierno ordenó la creación de unas juntas militares. Solamente tres presos, considerados como "enemigos combatientes", fueron juzgados.