Pretenden privatizar la amazonía con el pretexto de la reforestación

Rebelión
11/01/08

La legisladora Juana Huancahuari afirmó que detrás de los proyectos de ley que modifican la inversión privada en reforestación y agroforestería y que se discute en la Comisión Permanente, hay la intención de producir commodities para el mercado internacional, como soya, algodón, palma aceitera, ganadería, etc., con graves y severas consecuencias para la biodiversidad amazónica.

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Sostuvo que es conocido que el Grupo Romero, el más poderoso del país y con fuertes vinculaciones con el capital chileno, estaría haciendo una bolsa de ocho millones de dólares para comprar 2 millones de hectáreas de tierras en la Amazonía.

Una parte las dedicaría al gran negocio empresarial de la época. Es decir sembrar plantaciones para la captura de carbono que reciben altas cotizaciones en la Bolsa de Valores de Nueva York y Londres.

"Tal modelo de explotación forestal, avalado por el Presidente Alan García, son socialmente excluyentes para las poblaciones amazónicas. Tanto las Comunidades Nativas y Campesinas, como los ribereños amazónicos, los pequeños propietarios, etc. están excluidos de este modelo diseñado para la gran empresa nacional e internacional", afirmó la legisladora nacionalista. Amenaza a los bosques primarios Huancahuari señaló que con este proyecto se podrían alentar el arrasamiento de miles de hectáreas de bosques primarios del país si es que previamente no se efectúa un catastro integral y muy riguroso de las tierras forestales sin cubierta boscosa y eriaza.

El catastro técnico debe establecer, en un plazo de noventa días, la superficie, ocupación, localización e incluso propietarios de los predios, porque muchas de estas tierras, sin cobertura forestal y eriazas, han sido tituladas por el PETT o, como en el caso de San Martín o Aguaytía, han sido invadidas. Ilegalidad de la venta de tierras forestales "Hace tiempo que el sector empresarial viene reclamando derechos de propiedad privada pues no confía en el sistema de concesiones forestales vigente, regulado por la Ley Forestal y de Fauna", dijo. "No obstante, privatizar las tierras en la Amazonía no solo es imposible si no se realiza previamente un catastro y se sanea todo el sistema actual de concesiones, sino que además sería ilegal porque el artículo 66 de la Constitución Política, establece claramente que las tierras de aptitud forestales son patrimonio de la Nación y la única figura jurídica aceptable es la concesión, manteniéndose el dominio en el Estado" señaló Huancahuari. "Si el gobierno insiste en su afán privatizador ocasionaría un problema de imprevisibles consecuencias en la Amazonía", afirmó, lo que puede generar graves conflictos de orden social, ambiental, político, económico y jurídico.

La Comisión Permanente del Congreso debe archivar los dos dictámenes mientras no se elabore un estudio de costo-beneficio de la concesión de tierras para reforestación y se elabore un catastro real de las tierras deforestadas, sostuvo la lideresa ayacuchana. Consulta Pública "Al tratarse de dos proyectos que tienen que ver con una decisión de enorme trascendencia para el presente y el futuro de la Amazonía, como es la privatización de las tierras amazónicas, la sociedad civil tiene el derecho y la obligación de opinar de ser consultada. Durante el plazo de 90 días, los gobiernos regionales de la Amazonía deben efectuar consultas públicas en toda la Amazonía" propuso la legisladora.

Con el ruego de su difusión.

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