EE.UU: La gobernadora de Arizona aprobó una severa ley migratoria
ADN
24/04/10
Se trata de una medida sin precedentes que permite a la policía del estado detener e investigar a aquella persona de quien sospechen una situación de indocumentación.
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La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, aprobó ayer la puesta en vigencia de una nueva ley migratoria sin precedentes que permitirá a la Policía del estado investigar y detener a una persona extranjera si sospecha que su situación es de indocumentación. La ley es "irresponsable", criticó el presidente Barack Obama, quien anunció que pedirá a su Departamento de Justicia que examine si viola los derechos civiles.
En Estados Unidos, donde viven cerca de 11 millones de personas sin papeles, se ha desatado un debate en torno al tema y manifestaciones varias fueron realizadas contra la medida tomada en Arizona.
La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, firmó ayer la ley SB 1070, que por primera vez en Estados Unidos obliga a la policía de un estado a identificar y detener a los migrantes ilegales; de no hacerlo, los agentes podrían ser denunciados por los ciudadanos del lugar.
Unos 460.000 indocumentados viven en Arizona, un estado fronterizo con México.
Brewer indicó que la nueva ley fortalecería a Arizona y mantendría al estado a salvo de los cárteles del narcotráfico y de otras amenazas. "Nos protege a todos, a cada ciudadano de Arizona y a todos los que estamos en nuestro estado legalmente, y lo hace mientras asegura que los derechos constitucionales de todos en Arizona permanezcan sólidos", aseguró.
Asimismo, Brewer justificó la aprobación diciendo que Arizona ha actuado para contrarrestar la pasividad de Washington y afirmó que la Policía del estado recibirá instrucciones sobre lo que implica que haya "sospechas razonables" de que una persona pueda ser un "inmigrante ilegal".
La gobernadora de Arizona asegura que la enérgica nueva ley será aplicada sin apelar a la individuación racial, pero por lo menos dos organizaciones están preparando objeciones legales y México advirtió que la ley podría afectar las relaciones fronterizas.
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