Argentina: El temor de una manipulación en el examen genético

Clarín
23/04/10

La ley 26.548 sobre el banco nacional de datos genéticos

Felipe y Marcela Noble Herrera vienen denunciando desde el año pasado, cuando se aprobó la Ley 26.548 (sobre el Banco Nacional de Datos Genéticos), que esta norma tiene serias inconstitucionalidades. La ley pone bajo la órbita del Poder Ejecutivo un organismo que debe ser eminentemente técnico, y permite que dicho organismo intervenga sin orden judicial sobre datos genéticos, que son de la esfera más íntima del ser humano. Del mismo modo, la ley no prevé ciertas garantías científicas indispensables para este tipo de pruebas, como contrapruebas con material genético original y no prevé medidas de seguridad a tomar en caso de lo que se denomina resultado "falso positivo", que es una posibilidad corriente en esos análisis.

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En el caso de los hermanos Noble Herrera el único análisis ordenado por la Justicia, en todas las instancias (incluso avalado por la Corte), se iba a realizar en sede judicial, de acuerdo al método de exclusión, el único que garantiza infalibilidad. Las familias García-Gualdero y Miranda-Lanouscu son las únicas que han aparecido como querellantes en la causa, y ante ello Marcela y Felipe Noble Herrera ofrecieron en 2003 la prueba genética. Pero estas dos familias no aceptaron el análisis.

El riesgo del "falso positivo" y de que no haya contrapruebas (ambos derivados de la nueva ley) es que se posibilite una manipulación y la obtención de un resultado no fidedigno. Ya que podrían aparecen mapas genéticos cuyo origen no puede ser controlado por los peritos.

Cuando esas dos familias en 2001 pidieron que se investigue si existe algún vínculo biológico con ellas, Marcela y Felipe Noble Herrera aceptaron voluntariamente el análisis, pese a que no hay ningún elemento que pueda hacer sospechar la existencia de ese vínculo. Lo hicieron para contribuir a hacer cesar la incertidumbre de estas familias.