Rinde frutos la política de Bush de “criminalizar” a los indocumentados: expertos

David Brooks
La Jornada
26/06/08

La estrategia del presidente George W. Bush para criminalizar a inmigrantes está rindiendo frutos: niveles sin precedente de casos criminales a indocumentados se registran en el sistema judicial estadunidense, además de que ahora los inmigrantes representan el tercer grupo más numeroso en las prisiones del país más encarcelado del mundo.

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Las fiscalizaciones criminales federales por delitos de inmigración se han incrementado dramáticamente; las cifras más recientes indican que en marzo de 2008 sumaron 9 mil 350, un incremento del casi 50 por ciento ante el mes pasado, más del doble de enero y 73 por ciento más elevado que hace un año, informó el proyecto Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad Syracuse, dedicado a rastrear con documentación oficial estas medidas de seguridad pública.

Esto refleja la nueva política del gobierno de “criminalizar” a los indocumentados: procesarlos con cargos criminales en lugar de civiles y así ficharlos para el resto de sus vidas con la idea de que se reducirá la inmigración “ilegal”.

En general, la violación de una ley de migración no es un crimen, sino un delito civil y los acusados son procesados ante jueces de inmigración. La nueva estrategia busca imponer acusaciones criminales a indocumentados –incluyendo fraude, manejo de documentos falsos, conspiración para cometer fraude, el reingreso de un deportado–, y con ello encarcelar y después expulsar del país a los condenados por estos “crímenes”.

El incremento en estas fiscalizaciones criminales de individuos acusados de varios delitos de migración es resultado de la operación Streamline del Departamento de Seguridad Interna, y su enfoque es casi exclusivamente en distritos seleccionados a lo largo de la frontera con México.

Pero también se acusa de violaciones criminales a detenidos en las redadas, como fue el caso en mayo pasado cuando alrededor de 400 indocumentados fueron detenidos en el estado de Iowa y las autoridades migratorias y el fiscal presionaron a los inmigrantes a declararse culpables por violaciones criminales federales.

Los investigadores del proyecto TRAC señalan que a pesar de las repetidas afirmaciones del gobierno de Bush de que la lucha al terrorismo es la misión central del Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés), la documentación oficial demuestra que en los últimos tres años sólo 12 de los 814 mil 73 individuos (0.0015 por ciento) presentados ante los tribunales de inmigración por el DHS fueron acusados de algo relacionado con el terrorismo, y sólo otros 114 de cargos relacionados con la “seguridad nacional”. Por tanto, 86.5 por ciento de todos los cargos tenían que ver con violaciones comunes de migración, como ingresar sin inspección, falta de una visa o tener una visa caduca.

“A pesar de las repetidas declaraciones del DHS que detener el terrorismo y prevenir crímenes serios son sus misiones centrales, las estadísticas muestran que desde que se estableció el DHS después del 11 de septiembre de 2001, la mayor parte del trabajo de la agencia en los tribunales de inmigración se ha enfocado en los asuntos tradicionales de migración”, concluye el informe de TRAC.

O sea, la misión principal, al parecer, es el control migratorio en general y ahora la criminalización de los indocumentados, pero todo bajo la justificación de enfrentar el mundo posterior al 11-S.

Así, no es sorpresivo que en las prisiones federales los condenados por cargos de migración representan el tercer grupo más numeroso (10.8 por ciento), con los condenados por cargos de droga en el primero (52.7 por ciento), seguido por los condenados por armas y explosivos (14.9 por ciento). De los 200 mil 667 presos en prisiones federales a finales de mayo anterior, 73.5 por ciento son estadunidenses y el segundo grupo más grande por ciudadanía son los mexicanos, 17.3 por ciento (34 mil 800), seguidos por colombianos con 1.5 por ciento (3 mil), según los datos oficiales más recientes del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos.

Mientras se promueve un mayor número de casos judiciales criminales contra los migrantes, cientos de miles más permanecen encarcelados en instalaciones de detención administradas por el Servicio de Migración, agencia del DHS, e incluso en instituciones penales privadas operadas por contratistas como Halliburton.

Con cada vez más denuncias de abusos, falta de atención médica y otras violaciones que padecen los detenidos –ni hablar de su casi nulo goce de derechos legales y lo que a veces es un tipo de detención arbitraria e indefinida–, algunos críticos hablan de una “guantanamización” de la detención de migrantes dentro de las fronteras de este país, reporta el periodista Roberto Lovato.

Estados Unidos es el país con la tasa de encarcelación más alta del mundo, con más de 2 millones de personas en prisiones, cárceles y otros centros de detención.