Derechos humanos en EEUU. Vida, propiedad y seguridad: paradojas y cinismo

Roberto Pérez Betancourt
AIN/Red Voltaire
18/04/08

El gobierno de Estados Unidos anualmente juzga y dictamina la situación de los derechos humanos en el mundo, con lo que evidencia sus intenciones hegemónicas, las paradojas y el cinismo implícitos en la política del fundamentalismo de derecha que detenta el poder en esa nación.

En marzo último, el Departamento de Estado volvió a dictar su singular sentencia anual por supuestas violaciones cometidas por 190 países, pero como siempre omitió a su propia nación.

...Siga leyendo, haciendo click en el título...


La Oficina de Información del Consejo de Estado de China acaba de hacer un aporte sustancial al conocimiento público y divulgó un registro minucioso sobre la situación de los derechos humanos en EE.UU. en 2007 y 2006.

El derecho a la vida, la propiedad y la seguridad personal, se halla entre los principios consagrados por la Organización de Naciones Unidas a través de su documento rector. Los norteamericanos, los indocumentados en ese país, al igual que la humanidad toda, deben conocer su propia realidad sobre tan importante epígrafe.

Ayudan estadísticas recientes en EE.UU., divulgadas por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), las cuales afirman que en 2006 se produjeron allí 1,41 millones de delitos violentos, casi dos por ciento de incremento anual. Escalofriante es la inseguridad de los residentes en la Unión americana, la nación de mayor desarrollo económico, cuyo potencial científico y tecnológico supera al de cualquiera otra.

Cada 22,2 segundos se cometió un crimen violento en EE.UU., en el año 2006; una persona fue asesinada cada 30,9 minutos; otro ser humano fue sexualmente violado cada 5,7 minutos; se perpetró un robo cada 1,2 minutos y, aunque parezca increíble, en menos de 37 segundos ocurrió un asalto con daños físicos para la víctima, afirma el FBI.

Peor aún: el primer semestre de 2007 muestra incrementos de los más graves índices delictivos en la mayoría de las principales ciudades. Sobresale Nueva Orleans con 209 asesinatos, que representan un aumento del 30 por ciento anual.

Aunque las estadísticas pueden llegar a abrumar, ilustran realidades que suelen encubrirse con frases fatuas, como “el modo de vida norteamericano”, o, más poéticamente, “el sueño americano”, verdadera zanahoria tras la cual acuden cada año millones de empobrecidos emigrantes.

Esas personas proceden de naciones donde la desigualdad social es dramáticamente acentuada por el desempleo y la explotación que padecen, además de arbitrarias imposiciones que dimanan de empresas transnacionales, amparadas por leyes extraterritoriales dictadas por el gobierno estadounidense.

Las principales autoridades actuales en Washington sostienen que la democracia es consustancial a la libérrima tenencia personal de armas de fuego, sin analizar sus consecuencias, traducidas en crecientes cifras de muertos y heridos.

Según estimados, en Norteamérica hay 250 millones de armas de fuego de propiedad privada, casi un artefacto de matar por persona, incluyendo a quienes arrastran antecedentes por delitos graves y los menores de edad.

Un reporte de la agencia AP, del 29 de enero de 2007, afirmó que alrededor de 410 mil residentes en el estado de la Florida —donde el gobierno de Bush da albergue a connotados terroristas, como Luis Posada Carriles y Orlando Bosch Ávila— poseían licencia para portar armas escondidas, incluidas mil 400 personas culpables o en espera de sentencia por crímenes mayores.

Cada año fallecen unas 30 mil personas heridas por armas de fuego en la nación norteña, lo que en el lenguaje forense actual podría interpretarse como “bajas causadas por el fuego amigo” (el propio), en una especie de guerra civil permanente.

Al que no le guste, que se mude, es la implícita respuesta del gobierno de George W. Bush a los peligros que se padecen, pues es inútil invocar el derecho a vivir en paz y no ser blanco probable de quienes disfrutan del gatillo alegre. Los comerciantes de armas y municiones siguen imponiendo el derecho supremo a ganar dinero, aun a costa de vidas humanas.

El razonamiento es simple: los integrantes de la poderosa Asociación del Rifle, incluidos los empresarios del ramo, anualmente realizan sustanciosas contribuciones monetarias a las campañas de los políticos para persuadirlos de que el derecho a apretar el gatillo es inalienable, caiga quien caiga.

Podría pensarse que instituciones educativas brindan protección total a sus alumnos, pero en realidad el Departamento de Justicia reconoció que 1,5 millones de estudiantes, entre 12 y 18 años de edad, fueron víctimas de delitos cometidos en esas entidades en el año 2005.

¿Y qué pasa con los departamentos judiciales y policiales? Ellos debieran ser paradigmas del respeto a los derechos humanos. Pero la realidad lo niega. Los abusos de poder de esas mismas entidades dan lugar a graves violaciones, reflejadas en 25 por ciento de incremento en el periodo fiscal de 2001 a 2007, según el propio Departamento de Justicia.

¿Y las personas no se quejan? Claro que sí, y manifiestan por las calles, y también son apaleadas y llevadas a la cárcel.

Pero rara vez prosperan las demandas, como lo demuestran los registros legales y de la propia prensa norteamericana, en busca de hechos sensacionales que ayuden a vender. En fin de cuentas, también esa realidad forma parte del modo de vida estadounidense, aunque el Gobierno de ese país considere que no tiene que ver con derechos humanos.

Segunda Parte

Burlas cotidianas en nombre de la democracia

Cada día del año, el gobierno de George W. Bush se burla de la población de Estados Unidos y en nombre de una presunta democracia viola elementales derechos económicos, sociales, culturales y de la propia vida de sus ciudadanos.

Expresión de esa realidad es la estadística del norteño Buró de Censos, afirmativa de que la tasa oficial de pobreza en 2006 fue 12,3 por ciento: 36,5 millones de personas, casi una de cada ocho.

Paradójicamente, se amplía la brecha entre ricos y pobres. Uno por ciento de la población más rica recibió el 21,2 por ciento de los ingresos totales de Estados Unidos en 2005, mientras 50 por ciento de la mitad más pobre solo obtenía 12,8 por ciento de los valores creados, según la agencia Reuters el 12 de octubre de 2007.

La desigualdad se acentúa cada vez más en esa sociedad: Los ejecutivos de grandes empresas ganaron un promedio anual superior a 10 millones de dólares en 2006, que representan 364 veces más que el de los trabajadores ordinarios.

En otros términos, un ejecutivo percibe en un día lo que un trabajador en todo un año de dura faena.

¿Cómo se puede hacer creer que esa realidad se corresponde con el respeto a los derechos humanos?

El panorama de deterioro social lleva a las personas agobiadas por el sistema a escapar por la puerta falsa del suicidio.

Según el último informe del gobierno, creció en 20 por ciento la tasa de los estadounidenses, entre 45 y 54 años de edad, que se quitaron la vida de 1999 a 2004, la más alta en 25 años, reportó AP el 14 de diciembre de 2007.

Datos oficiales afirman que 35,52 millones de norteamericanos —entre los que se incluye 12,63 millones de niños—, padecieron hambre en 2006, y cerca de 11 millones más “vivieron en condiciones de seguridad alimentaria muy baja”, reportó Reuters el 15 de noviembre de 2007.

Mientras eso sucedía, el gobierno de W. Bush gastaba cifras increíbles en guerras de agresión contra Afganistán e Iraq.

Estimados afirman que en EE.UU., 750 mil personas carecen de hogar, incluidos unos 50 mil soldados retirados que habitan en California. Un tercio de quienes viven en las calles padece enfermedades crónicas y su esperanza de vida fluctúa entre 42 y 52 años, mientras 47 millones no disfrutan de seguro médico, en el país teóricamente más rico del planeta.

Una organización de familias declaró que cerca de 90 millones de personas menores de 65 años no poseían protección de salud entre 2006 y 2007, cifra equivalente al 34,7 por ciento de la población de ese rango de edad. Ese último año las primas de seguro se elevaron 7,7 por ciento.

Mediante leyes dictadas bajo el pretexto de “seguridad nacional” y el seudo combate al terrorismo, se han ido restringiendo las libertades civiles de los norteamericanos, y el gobierno ha elevado la represión brutal contra inmigrantes.

Se estableció el espionaje oficial de las conversaciones y del correo electrónico a quienes son tildados como “sospechosos de terrorismo”. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) obtuvo datos personales de 52 mil individuos sin orden judicial.

En agosto de 2007, Mike McConnell, director norteamericano de Inteligencia Nacional, admitió que personas dentro y fuera de su país son supervisadas gracias a la llamada Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera.

A fin de captar y utilizar información personal -violatoria del derecho de privacidad-, el FBI destinaría mil millones de dólares para construir la mayor base digital de datos sobre características físicas de personas en el mundo, proyecto que le daría al gobierno posibilidades sin precedentes.

Otras prácticas usuales son la violación de bases de datos del gobierno y entidades, el robo de archivos, así como la instalación de cámaras de video y otros sistemas de vigilancia en vías públicas, financiadas con presupuestos multimillonarios.

También se aprecia la restricción creciente del derecho de sindicalización de los trabajadores estadounidenses. Solo en 2006 disminuyó en 326 mil el número de miembros de sindicatos.

El dinero preside toda acción política en EE.UU. En la campaña electoral de 2004 se gastaron 693 millones de dólares. Estimados para la actual rondan los mil millones. Pero la especializada revista Fortune calcula que llegará a tres mil millones.

Es usual que las grandes compañías de USA contribuyan con altas cifras monetarias a las campañas electorales de políticos, de uno u otro partido, con el fin de asegurarse influencias a su favor por parte de quienes lleguen al poder, práctica que pone en tela de juicio la limpieza y la honradez de los participantes en tan raro proceso ¿democrático?

Fuente utilizada: Reporte de la Oficina de Información de la República Popular China sobre los derechos humanos en Estados Unidos, en 2007.