Perú: Semana con olor a macartismo

Prensa Latina
28-04-2008

El denso olor del macartismo enrareció el ambiente esta semana en Perú, según activistas humanitarios y comentarios de prensa, por el rechazo europeo a reconocer la supuesta vigencia de un grupo armado peruano.

Una verdadera conmoción causó el jueves la noticia de que el Parlamento Europeo había rechazado una moción para recomendar la inclusión del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en la lista de organizaciones terroristas del Consejo de la Unión Europea (UE).
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La inclusión ha sido pedida al Consejo por el gobierno peruano y la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (Aprodeh) envió una carta al Parlamento Europeo, en la que recomienda no acceder a la solicitud, porque el MRTA no existe desde hace al menos ocho años y la medida puede buscar justificar la represión social.

La reacción fue dura por parte principalmente de legisladores y medios de prensa oficialistas y conservadores, en particular los identificados con el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), juzgado por crímenes de lesa humanidad. El Congreso en pleno rechazó la decisión del Parlamento Europeo, como si significara negar condición terrorista al MRTA, un grupo guerrillero que realizó y sufrió acciones de terrorismo, según el periodista César Hildebrandt, hasta 1997, cuando realizó su última acción conocida e importante.

Entonces, el que se considera fue el último comando del MRTA fue abatido en la toma de la residencia del embajador japonés, en la que tenía más de 70 rehenes desde hacía cuatro meses.

Sin embargo, legisladores del gobernante partido aprista aseguraron que hay elementos del MRTA que preparan acciones o que se encuentran en la selva, aunque las explicaciones las dejaron para una sesión secreta del Congreso.

La versión fue suscrita por el ministro del Interior, Luis Alva, quien admitió sin embargo que esa organización no realiza atentados desde hace años y sostuvo como prueba de su supuesta vigencia, la detención de un ex integrante del grupo, Roque Gonzales, en febrero pasado, y su participación en una reunión de la Coordinadora Continental Bolivariana en Quito.

Gonzales niega toda relación con actividades armadas y fue apresado al retornar de Ecuador con un grupo de seis mujeres que participaron en la cita bolivariana, todos los cuales son acusados de actividad terrorista, sin pruebas, según sus abogados y diversos medios de prensa.

El viernes, el presidente Alan García elevó al máximo la ofensiva contra Aprodeh, al acusarla de “traición a la patria”, un concepto que, convertido en cargo judicial, puede acarrear una condena a prisión de por vida.

Los dirigentes de Aprodeh Francisco Soberón y Miguel Jugo denunciaron que se ha desatado una verdadera cacería de brujas en su contra, por parte de funcionarios, legisladores y medios de prensa que los acusan de favorecer al terrorismo.

Ratificaron sin embargo que el MRTA no existe, a tiempo de exigir en todo caso pruebas en contrario, y que existe la intención de aparentar que está vigente para justificar operaciones represivas como la detención de los bolivarianos, para criminalizar las protestas sociales.

La madre del encarcelado líder del MRTA, Víctor Polay, recordó que este reconoció su derrota y pide reinsertarse en la vida política legal.

El parlamentario disidente aprista ironizó diciendo que la exagerada reacción ante la actitud del Parlamento Europeo parece haber refundado al inexistente MRTA y que incluir a este en una lista de grupos terroristas equivaldría a colocar allí a fuerzas extintas como los montoneros argentinos o los tupamaros uruguayos.

El actvista Jugo señaló que la campaña contra Aprodeh es también al intento de desprestigiar a la entidad por su contribución a la extradición y juzgamiento de Fujimori.

Subrayó que la posición de Aprodeh en el tema no significa apoyar o alavar acciones terroristas y advirtió que la inclusión del MRTA en la citada nómina “puede servir para perseguir a activistas sociales y opositores políticos, acusándolos injustamente de delito de terrorismo”.

El secretario de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Javier Torres, denunció una "cacería de brujas" y el destacado periodista César Lévano, director de La Primera, escribió que “se ha desatado una campaña de odio y amenazas contra todo aquel que se opone al régimen y defiende al pueblo y los derechos humanos”.

Se trata, dice, de una acción dirigida por un grupo de ideología fascista, que incluye militares, policías y empresarios, y empezó con anterioridad.

“El escándalo sobre el MRTA y los emerretistas es una coartada de la ofensiva macartista, que se dirige contra los reclamos populares, la prensa independiente y los organismos de defensa de los derechos humanos”, advirtió.