Crímenes de guerra israelíes

Mireille Fanon-Mendès France y Omar Bendderra
Politis nº 1061 / Rebelión
Traducido para Rebelión por Guillermo F. Parodi
23/07/09

El Estado Palestino y la Corte Penal Internacional (CPI)

Cerca de seis meses después del final de la agresión israelí contra la asediada ciudad de Gaza, el expediente palestino sigue bloqueado. Las perspectivas de una solución del conflicto que lleve a una paz justa parecen tan distantes como en la época en la que la administración conservadora de George W. Bush daba un apoyo pleno y completo de los EE.UU. a la intransigencia de Israel.

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El demócrata Barak Obama reemplazó a George Bush y en un movimiento de dirección inversa, la coalición de centro derecha dirigida por Tzipi Livni y su partido Kadima cedió su lugar a un gobierno de derecha dura dirigido por el Likud. En el plano internacional, las formas han cambiado; el discurso belicista adoptado por Washington fue reemplazado por otro con una tonalidad netamente menos agresiva. El discurso de Barak Obama al mundo árabe y musulmán estuvo caracterizado efectivamente por un notable cambio de tono. Sin embargo, la evolución del discurso estadounidense no ha tenido en apariencia demasiado efecto sobre el radicalismo de los extremistas israelíes. Ciertamente, el primer ministro de Estado de Israel reconoció el derecho a un Estado para los palestinos, pero lo combinó con tales restricciones que para muchos observadores, sólo se trata de una declinación medio-oriental de los bantustanes sudafricanos predicada por los partidarios del Apartheid.

Por una vez, las dos principales fuerzas políticas representativas del pueblo de Palestina, Hamas y Fatah, están de acuerdo para rechazar la propuesta de Netanyahou, que consideran como un insulto al derecho y a la moral. La posición de Fatah, que dirige la Autoridad Palestina, es especialmente reveladora del estado de ánimo de la facción, que se había comprometido activamente en interminables y totalmente infructuosas negociaciones con los israelíes. Después de haber aceptado compromisos rechazados por una parte importante de la opinión pública palestina, la Autoridad está obligada que la negociación está en el callejón sin salida. La intransigencia israelí está basada en el sentimiento de superioridad conferido por la supremacía militar y por el apoyo ciego de Occidente aplastado por el peso de su culpabilidad histórica y por el temor de un renacimiento hostil del mundo árabo-musulmán. La violación, o al menos el incumplimiento de innumerables resoluciones de la ONU por Israel finalmente se instaló como una especie de hábito desorbitado. La impunidad permanente de la que se beneficia Tel-Aviv parece ser automática y lo autoriza a excesos criminales que nunca se condenan, ni son sancionados por la llamada comunidad internacional. En los hechos, el pueblo palestino no poseyendo formalmente un estatuto de Estado, ve rechazar todo acceso a la justicia internacional. Cuando se trata de los palestinos, la comunidad internacional les pide siempre, incluso en situaciones desesperadas, que demuestren moderación.

Así, los crímenes perpetrados en Gaza y calificados como tales por muchos profesores de Derecho internacional – de acuerdo con las definiciones contenidas tanto en el Estatuto de Roma como por la 4ª Convención de Ginebra– si bien fueron objeto de la reprobación unánime de la opinión mundial, no fueron condenados por las instancias internacionales. Un indicador más inquietante: a una comisión de las Naciones Unidas llegada para informarse sobre las condiciones de los ataques del ejército israelí a edificios de la ONU le impidieron investigar en Israel. Si los bloqueos israelíes están en el orden de las cosas, lo que preocupa especialmente a los militantes de los derechos humanos, las ONG y a los juristas comprometidos activamente en la defensa de las poblaciones palestinas en Gaza, es la lentitud de la toma de posesión por el Tribunal Penal Internacional.

La operación « Plomo Fundido » lanzada el 27 de diciembre de 2008 por el ejército israelí contra la banda de Gaza ha sido, sin embargo, objeto de numerosas comunicaciones a Luis Moreno Ocampo, Procurador de la CPI, que se hizo célebre por la orden de arresto emitida contra el presidente sudanés al-Bachir. La utilización ilegal de armas contra la población urbana desarmada, la prohibición impuesta a los civiles de huir del teatro de operaciones y el numero exorbitante de víctimas inocentes, deliberadamente tomadas como blanco, sostienen ampliamente los fundamentos de una denuncia en esta instancia. La Autoridad Palestina, en enero pasado, solicitó oficialmente, en ocasión de una reunión en el despacho del Procurador, que sea reconocida la competencia del CPI, y sin embargo esta misma Autoridad se demora en firmar la carta probando que está habilitada a actuar de esa manera ya que dispone de todos los atributos de un Estado. El procurador Ocampo, que no oculta su interés por una acción dirigida a asignar las responsabilidades de los crímenes perpetrados en Gaza y a terminar con la impunidad cualquiera sea el lugar en que se hayan desarrollado los hechos, está restringido por las disposiciones que enmarcan el funcionamiento de la Corte y espera en la línea de largada la autorización de la Autoridad para trasmitir el pedido a la Cámara Preliminar de la CPI.

Para salir del callejón sin salida, Hamas que estima que la presentación de una denuncia es prioritaria, estaría dispuesto a firmar un tal documento, como fuerza política legalmente elegida. Ahora bien, la famosa “comunidad internacional », es decir esencialmente los Estados Unidos y sus aliados, no hacen referencia a Hamas más que cuando están forzados u obligados, y solo lo reconocen con desgano, prefiriendo discutir con una Autoridad “moderada”, mismo que no tenga legitimidad electoral. La prorroga de la Autoridad, que aceptó todas las condiciones que le impusieron si exigir contrapartida alguna, solo se explica entonces que por la necesidad de no herir a Israel y a sus aliados occidentales. Este bloqueo no contribuye a que se haga justicia en nombre de las víctimas palestinas y no permitirá, en ningún caso y plazo, la aparición de la competencia universal con el fin de poner fin a la impunidad de la que gozan algunos Estados. El mantenimiento de tal posición de espera inmediatamente después del discurso de Apartheid de Benjamin Netanyahou no refuerza ciertamente la credibilidad, ya muy comprometida, de la Autoridad Palestina.