Argentina: "Las mineras son especialistas en pagar campañas"

Argenpress
16/03/10

Chuni Botto participa hace 7 años de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la mina de Esquel, en la provincia de Chubut. La gran preocupación que la llevó a indagar sobre los impactos de la minería a cielo abierto fue el futuro que les esperaba a los bienes comunes, a sus hijos y nietos.

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Dice Chuni que por haber comprobado por sus propios medios que «la minería no es ambientalmente sustentable, económicamente rentable ni socialmente aceptable» es que se encuentra en las calles patagónicas repitiendo que las minas «no pasarán por Esquel ni por Argentina».

En la ciudad, que a comienzos de la década pasada contaba con más del 20 por ciento de desocupación, la minería del oro se iba a encontrar con la primera gran sorpresa: creían que el pueblo estaba totalmente convencido y se encontraron con que la gente «priorizó» la vida y el agua antes que un puesto de trabajo. Chuni piensa que la empresa minera los subestimó: «Planearon una cosa que no era así... Y les salió muy mal».


Kinesióloga jubilada y referente de la asamblea, Botto cuenta que en el año 2002 aparecía en la ciudad una empresa de origen canadiense diciendo que había oro y plata, que iban a traer trabajo, desarrollo y crecimiento para Esquel. Al ser apoyada totalmente por el gobierno de ese momento, los vecinos decidieron comenzar a informarse sobre Meridian Gold y los impactos de la minería con la ayuda de profesores universitarios. «Empezaron a decir que habían otros problemas, que usaban cianuro, que usaban mucha agua, que no era lo que ellos decían», recuerda Chuni.

La información fue la base de una opinión que hoy recorre el globo de punta a punta a través de Internet, el «gran enemigo» de las mineras. «Vos entrás, ponés un nombre, Andalgalá por ejemplo, y te salen todas las luchas ―explica Botto―, que no es cierto eso de que traen crecimiento». Una vez que Esquel comprendió de qué se trataba todo el proyecto se puso «inmediatamente» en acción. La ciudad se organizó, presionó e insistió, incluso a un par de meses de la fecha prevista por la empresa para cortar la cinta de inauguración: Meridian Gold no imaginaba cuán decididos se encontraban los vecinos.

Cuando la minera presentó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) los autoconvocados se enteraron que se iban utilizar tantos litros de agua como toda la ciudad de Esquel, acompañados por las detonaciones de 7 toneladas diarias de explosivos y el uso de 6 toneladas de cianuro. Los pobladores empezaron a pedirle al municipio la realización de un plebiscito. Y finalmente lo consiguieron.

Durante tres días del mes de marzo la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) reunirá en la misma ciudad a personas, grupos y organizaciones que luchan contra el saqueo y la contaminación en Argentina para realizar su duodécimo encuentro. La cita en Esquel coincidirá con un nuevo aniversario del «histórico plebiscito» que se realizó en el año 2003 y cuyo resultado paralizó el emprendimiento extractivo de Meridian Gold.[1]

Heredera de esta lucha patagónica, desde el 2005 la UAC «sirve como punto de encuentro y debate de las distintas realidades de la región», en una disputa constante para frenar la destrucción del ambiente y sus comunidades. La lista de provincias que serán representadas en los debates va creciendo: activistas de Mendoza, San Juan, Catamarca, Tucumán, Buenos Aires, San Luis, Córdoba, Río Negro y Chubut serán de la partida, así como delegados de Uruguay y Chile.


Las asambleas presencian que, tal como sucedió en Esquel, «se lograron frenar diversos proyectos extractivos y destructivos». Desde la UAC creen que ya es un logro importante el haber impulsado por todo el país un debate democrático y autogestionado sobre las consecuencias de los monocultivos, la crisis del actual modelo de producción y consumo, las rutas del saqueo y, desde luego, la megaminería.[2]

―¿En el año 2003, qué sucedió en Esquel?

Botto.―El 23 de marzo de 2003 se hace el plebiscito por el cual gana el «No a la mina» por el 81% y monedas, después de que la minera había puesto muchísimo dinero, habían repartido de todo; y la gente de Esquel, los vecinos del no, lo único que teníamos era la verdad, contarle a la gente qué pasaba en otros lugares, cómo estaban otros lugares. Vinieron dos concejales de la ciudad de Andalgalá, Catamarca, que tienen a Bajo de La Alumbrera, y ellos nos contaron que no les habían traído nada, que estaban empezando a ver que habían muchos enfermos respiratorios. Eso fue hace 7 años y ahora está absolutamente confirmado el aumento de casos de cáncer y de patologías respiratorias. Acá en Esquel nos convertimos en técnicos, en biólogos, en economistas; no traían nada de dinero, al contrario, nosotros por reintegro de puertos patagónicos les pagábamos. Aprendimos un montón de palabras que no conocíamos; la primera me acuerdo que fue lixiviación, ¿qué quiere decir eso?; aprendimos y decidimos que no, que no queríamos que cambiaran nuestra vida porque creemos que los pueblos tienen la autodeterminación de decidir qué futuro quieren.

―Luego de lo ocurrido en 2003, ¿cuál es la situación actual?, ¿hay actividad minera?

Botto.―Actualmente en la provincia de Chubut tenemos 3 leyes: la 5.001, que es la que prohíbe la actividad minera en toda la zona a cielo abierto y con cianuro, promulgada en abril de 2003 como consecuencia del plebiscito aplastante que dijo que no; después tenemos un amparo ambiental que tiene detenida la explotación minera que era de Meridian Gold y ahora es de Yamana [Gold], la de Agua Rica[3] en Catamarca, y después hay otra ley que prohíbe toda faena minera, cateo, exploración y explotación en una franja sobre la cordillera que va de Santa Cruz a Río Negro. Por eso es que en nuestra zona, sobre la cordillera, no hay problema. En este momento no tenemos actividad minera, sin embargo, pensamos que lo que no es bueno para Esquel no es bueno para ninguna otra parte de la provincia y del país. Lo que quiere el actual gobierno, el gobernador [Mario] Das Neves, es hacer una zonificación. Esto es decir «en Esquel no, pero en todo el resto de la provincia sí», prácticamente en la meseta patagónica, que es una zona seca y desértica. Es un despropósito porque si ya es seca no le vamos a agregar más sequía por la cantidad de uso [del agua] tan enorme que hacen las mineras.

―La UAC se traslada a Esquel, ¿fue esta ciudad una semilla para el surgimiento de la UAC como espacio de referencia de las luchas socioambientales?

Botto.―Nosotros en ese momento pensábamos que no queríamos la minería y soñábamos con nacionalizar la reacción; la verdad, nunca imaginamos que 7 años después iba a haber tantas comunidades con el «No a la mina», esto fue un gran crecimiento. En un primer momento se creó la Red CAMA, que era la Red de Comunidades Afectadas por la Minería de la Argentina, después se vio que era más amplio que eso, que podía hacerse una unión, unirse todas las asambleas. Ahí surgió la UAC, la Unión de Asambleas Ciudadanas, nucleando a vecinos, asambleas y organizaciones sociales en defensa de los bienes comunes amenazados por el saqueo y la contaminación, pero ante diferentes emprendimientos económicos. Quedaron incluidos, además de la megaminería a gran escala, los monocultivos, agrotóxicos, la contaminación urbana, la deforestación, represas, territorios amenazados, un colectivo mucho más amplio de pueblos que se defienden de estos proyectos que en el fondo obedecen a lo mismo, a un modelo de saqueo y de contaminación.

―Siete provincias cuentan con normas que prohíben algunas formas de explotación minera, ¿tienen conocimiento de cuántos proyectos extractivos podrían encontrarse paralizados gracias a estas leyes?

Botto.―La primera fue Chubut, en abril de 2003; después fue Río Negro, ahí nomás se sumó Mendoza; después, Tucumán, La Pampa, la única que no fue por presión de la gente, San Luis, y Córdoba. Los proyectos son cientos y cientos en toda la república, porque esto obedece a una política. La minería es una política de Estado con los Kirchner, los que empezaron en la zona patagónica. Ya estaba Bajo de La Alumbrera en 1997 y ellos comenzaron con Cerro Vanguardia en plena meseta de Santa Cruz, y después fue San Juan, en ese momento el paraíso de las mineras multinacionales y nido de traidores a la patria. A partir de [José Luis] Gioja, que es el gobernador [de San Juan], en la época de [Carlos] Menem, fueron los que aprobaron las leyes mineras. Estas leyes fueron instauradas por presión, por imposición del Banco Mundial que nos prestó 80 millones y el Fondo Monetario Internacional, que dijeron que había que extraer los recursos en el hemisferio sur. Y una de las razones que dieron fue que como la expectativa de vida acá es menor no se iban a notar los efectos de la contaminación. Así como se oye, te dan ganas de empezar a decir malas palabras. Los proyectos son cientos y el país, en Toronto, Canadá, se ofrece en una subasta por Jorge Mayoral, el secretario de Minería, que es también sanjuanino. Son empresarios mineros, son los que consiguieron el veto presidencial junto con la Barrick Gold de la ley de glaciares, una hermosa ley que protegía los glaciares del país, que había sido votada por unanimidad por ambas cámaras.

―Un funcionario de la Argentina de hoy que promueva una legislación de corte antiminero, ¿creen que lo hace porque ha tomado conciencia o por temor a la respuesta de la gente?

Botto.―Salvo La Pampa, todas las demás pusieron la ley por la presión de la gente. Andalgalá, después de haber pedido varias veces un plebiscito, ahora el 25 de mayo le dan uno que es vinculante para ver si deciden sí o no a Minera Agua Rica, pero para eso tuvieron que tirarse delante de los camiones y de las topadoras, y recibieron un represión muy grande, con muchos detenidos, muchos heridos. Ahora, hasta que un pueblo no hace todo eso, los gobernantes hacen como que no se dan cuenta.


―¿Qué perspectiva de futuro ven para la minería en Argentina?


Botto.―Depende de nosotros, los pueblos. Lo único que para esto son los pueblos unidos en lucha, en defensa de sus bienes comunes, porque los gobernantes, mayoritariamente, están de acuerdo con la minería. Recordemos que las mineras son especialistas en pagar campañas: los Kirchner han recibido pagos de sus campañas cuando ya estaban en Santa Cruz en la gobernación y la última fue ya más con impunidad: abiertamente la Presidente a los abrazos con Peter Munk, el presidente de Barrick Gold que dicen que es el ejecutivo más corrupto del planeta. Además, Barrick Gold tiene un origen muy oscuro, con accionistas de George Bush y traficantes de armas; es la primera minera del mundo que tiene numerosas alteraciones a los derechos humanos, violaciones constantes del derecho a la salud, a que la gente se exprese, a la autodeterminación, al derecho a la vida, el más importante. A ellos no les interesa porque vienen a hacer acá a nuestro país lo que en sus países de origen no les permiten hacer, por el agua, porque tienen grandes cauciones y pagan cánones altos de agua; acá les regalamos todo. Esto solamente es posible con la complicidad y connivencia de los gobernantes. Y solamente lo impide la gente en la calle.