EEUU es pionero en vigilar y castigar a usuarios de internet

Aporrea.org
18/03/10

Desarrollar “guerreros ciberespaciales” capaces de reaccionar ante cualquier “amenaza”, las 24 horas del día, los siete días a la semana, fue el “espíritu” con que nació en 2006 el Comando del Ciberespacio de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (EEUU).

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Así lo dijo quien quedó al frente del entonces naciente órgano militar, Robert Elder. La mesa estaba servida desde hacía cinco años gracias la Ley Patriota, mecanismo por el cual George W. Bush habilitó al Gobierno norteamericano para interceptar cualquier intercambio de información que tuviera lugar en la red de redes.

Dicha legislación, principal herramienta legal para regular todas las comunicaciones bajo la presunción de ser consideradas posibles armas “terroristas”, fue promulgada luego de los ataques al World Trade Center, en 2001, y el actual presidente de ese país, Barack Obama, la prorrogó sin modificaciones.

In-Q-Tel, una empresa inversionista de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés), hizo grandes inversiones en un negocio dedicado a supervisar los medios y redes sociales.

A través de la empresa Visible Technologies, vigilan cada día a más de medio millón de sitios en Internet, revisando más de un millón de conversaciones, foros y posts (contenidos y comentarios) en diferentes blogs (ciberbitácoras) e informaciones alojados en los sitios digitales Flickr, YouTube, Twitter y Amazon.

Los clientes de Visible Technologies reciben información en tiempo real sobre lo que se está diciendo y haciendo en el ciberespacio, basada en una serie de palabras claves.

El vocero de dicho emporio, Donald Tighe, reveló que la CIA les pidió monitorear a los medios sociales fuera de EEUU e instalar un sistema de “detección temprana” para informar a la agencia sobre “cómo los asuntos de interés se están manifestando a nivel internacional”. También lo utilizan para observar a los bloggers y twitters domésticos.

Visible Technologies también suministra un servicio similar a empresas de comunicación, como Dell, AT&T, Verizon y Microsoft, para informarles sobre lo que están diciendo en los foros del ciberespacio sobre sus productos.

Estos casos, de tipo comercial, acompañan a las que realiza la Agencia Nacional de Seguridad norteamericana (NSA, por sus siglas en inglés), dedicada al espionaje electrónico a través del manejo de satélites y computadoras con programas capaces de escudriñar miles de millones de mensajes en cuestión de segundos.

La referencia la hace el periodista Augusto Hernández en el diario Ciudad CCS, donde explica que las agencias de seguridad de EEUU tienen luz verde para hurgar hasta en los rincones más recónditos en la búsqueda de elementos que “huelan a operación secreta”.

Si existe una alerta sobre un posible atentado terrorista, la NSA activará sus satélites y todos los sistemas de intercepción electrónica en el mundo y registrará cada llamada telefónica, correo, mensaje en Twitter, artículo de prensa, cartas privadas y cualquier otro medio que puedan emplear los presuntos conspiradores.

En instantes, los equipos de inverosímil alcance localizarán todos los contenidos que empleen las palabras o códigos sospechosos, precisando la fuente y estableciendo una vigilancia total.

“Eso ocurre en la democracia estadounidense, donde un simple texto por telefonía celular puede ser la prueba de una conspiración perversa que permita secuestrar al dueño del teléfono y detenerlo incomunicado sin explicaciones”, señala Hernández.

Henry Contreras, integrante del colectivo venezolano Nodolibre y uno de los responsables del blog homónimo, sostiene que hoy los principales servicios utilizados en la red o pertenecen a promotores de las políticas del norte o, en el mejor de los casos, son vigilados por éstos.

Destaca que, si bien EEUU representa el caso más emblemático, en casi todos los gobiernos del mundo existen ejemplos de acción judicial contra usuarios de internet.

Atrapados por la red

Con tantos mecanismos de control que ha generado el gobierno de EEUU, no es de extrañar la detención en ese país, hace pocos meses, del activista Elliot Madison por ayudar a las movilizaciones contra el G20 vía Twitter, mientras los manifestantes fueron mantenidos lejos del lugar de la convención donde los dirigentes mundiales se reunieron durante dos días.

La acusación penal sostiene que esta persona violó la ley usando la red social para dar indicaciones a los manifestantes, informarles de los movimientos y las acciones de la policía.

Madison, quien está en libertad bajo fianza, fue acusado de entorpecer la aprehensión y el procesamiento, del uso penal de elementos de comunicación y de poseer instrumentos para cometer delitos, definidos como equipo de telecomunicaciones.

Igualmente, Johnny Logan Spencer, oriundo de Kentucky, fue acusado de publicar en un portal en internet, de un grupo supremacista blanco, un poema en el que amenazaba al mandatario Barack Obama y a su esposa.

Luego de pagar una fianza de 25 mil dólares, el implicado debió permanecer en arresto domiciliario en casa de algún familiar.

Pero la vigilancia y control sobre lo que en internet se alberga hace extensiva a más de 25 países, en los que el tema de la regulación no se circunscribe únicamente a la publicación de contenidos de estricto carácter político.

En Colombia, por ejemplo, fue arrestado por instigación a delinquir Nicolás Castro, un universitario que amenazó a los hijos del presidente, Álvaro Uribe Vélez, mediante la red social Facebook.

Mientras tanto, el parlamento alemán ha decidido aplicar la censura en internet para luchar contra estigmas sociales como la pornografía infantil, la pedofilia y la apología al nazismo, con lo cual muchos sitios webs han sido clausurados y sus responsables encarcelados.

Asimismo, el Gobierno británico solicitó a Facebook eliminar las páginas de 30 presos después de varios incidentes en los que, al parecer, los reclusos usaron internet para trabajar en coordinación con delincuentes e intimidar a las víctimas.

Hace tiempo que en Grecia se persigue a los responsables de páginas de descarga de material con derechos de autor, lo que ha derivado en numerosos arrestos.

La situación de la nación helénica guarda estrecha relación con el proyecto de Ley de Economía Sostenible que se adelanta en España, el cual pretende regular el tráfico de contenidos en defensa de la propiedad intelectual.

Así, cualquier persona que facilite la descarga de contenidos protegidos por los derechos de autor estará cometiendo un delito y el Ejecutivo, a través del Ministerio de la Cultura español, podrá cerrar rápidamente sitios web.

Criterios de regulación muy diversos y de discutible validez, con adeptos y detractores pero que, en cada uno de los casos, ha dependido del criterio autónomo y soberano de cada Estado.

Internet en Venezuela

Actualmente Venezuela depende de la plataforma electrónica de Estados Unidos. Su infraestructura es el punto medio entre el viaje que hace la data para llegar a su destino, con lo cual los filtros del sistema norteamericano trascienden fronteras.

“Su sistema de leyes se convierte en una aplicación extraterritorial por la necesidad que hasta ahora hemos tenido de usar sus servicios invasivos y violatorios de la privacidad”, dice Contreras, del colectivo Nodolibre.

Venezuela se plantea la materialización de una aspiración tecnológica que desde hace tiempo estaba pendiente: la creación de un punto de acceso único a la conexión de internet, del que gozan numerosos países como Canadá, Brasil, Japón y muchos de la Comunidad Europea.

Con ello, no sólo se mejorará el tráfico de datos en internet y la calidad del acceso en términos de velocidad y conexión, sino que se abaratarán los costos y se evitará la utilización de canales foráneos, lo cual redunda en el fortalecimiento de la soberanía nacional.

“Seguiremos dependiendo de algunos servicios norteamericanos, como el que se necesita para conectarse a Gmail (correo electrónico de Google), pero el punto único nos dará enormes ventajas técnicas”, dice.

Alude al hecho de que los tiempos de respuesta de las páginas webs serán más rápidos gracias a que los datos no tendrán que salir del país para hacerse efectivos.

Sostiene que, hasta la fecha, la regulación de contenidos en todos los procesos electrónicos que efectúan los venezolanos ha estado a cargo de Estados Unidos.