Multitudinaria protesta en Puerto Rico

EFE/TeleSUR
01/05/09

Los sindicatos del sector público de Puerto Rico le advirtieron al gobernador Luis Fortuño que, de llevarse a cabo un plan de despidos de hasta 30 mil funcionarios y de privatización de las principales corporaciones del país, realizarían una huelga.

Organizados por el Frente Amplio de Solidaridad y Lucha (FASyL), miles de trabajadores, unos 30 mil según cálculos de la policía, recorrieron a pie las calles del centro de San Juan, capital del país asociado a Estados Unidos (EE.UU.), en señal de protesta por las pretensiones de Fortuño.

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El portavoz del FASyL, Luis Pedraza, calificó de exitoso el día de huelga y la manifestación, considerada una de las más importantes nunca antes registradas en Puerto Rico, aunque no fueron difundidos datos oficiales de seguimiento, durante una jornada sin servicio de autobuses en la capital.

Los trabajadores, convocados por 22 organizaciones sindicales, iniciaron la jornada, en la que se conmemora en todo el mundo el Día del Trabajador, con una concentración en el Departamento de Trabajo capitalino, liderados por delegados de la Unión Independiente de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) y la Federación de Maestros de Puerto Rico, entre otros.

La protesta, a la que se unieron también la Hermandad de Empleados de la Universidad de Puerto Rico, bomberos y los trabajadores de la compañía de autobuses de la capital, se convocó para protestar contra la Ley de Despidos Masivos (ley 7) y el plan de alianzas público-privadas.

El FASyL difundió un comunicado en el que expresan la indignación popular ante un plan que pretende "despedir a miles de trabajadores y desmantelar el Estado de Derecho a través de la privatización de los servicios públicos esenciales del país".

Además, el documento eleva la cifra real de trabajadores gubernamentales que serán separados de sus cargos a 60 mil y vaticinan que esto coincidirá con una recesión económica galopante.

Los sindicatos denuncian también que la ley de Fortuño eliminará a los empleados públicos los aumentos salariales y beneficios que ya habían sido negociados.

También destacan que cuando el plan de privatización sea aprobado por el Parlamento, se producirá un efecto "nefasto" para la sociedad puertorriqueña.

Ante estos reclamos, Fortuño se vio obligado a responder y dijo que su Gobierno estudia actualmente alternativas para los miles de empleados públicos que pierdan sus empleos por la ley que él impulsa.

A manera de defensa, Fortuño explicó que a diferencia de EE.UU., donde por la crisis del capitalismo mundial 40 estados han reducido su nómina gubernamental sin tomar en cuenta el futuro de sus empleados, su administración si activará planes solidarios.

El gobernador aclaró también que la anunciada reducción en el presupuesto general de 2 mil millones de dólares no tiene nada más que ver con el ahorro de nóminas, ya que en esa cantidad se incluyen gastos operacionales.

Fortuño sostuvo que en 24 meses se subsanará el déficit estructural, a través de un ajuste que impedirá al Gobierno llevar a cabo inversiones, que a su entender deberán, por tanto, ejecutar empresas por medios de las alianzas publico-privadas.

Pero las críticas hacia Fortuño no provienen sólo del sector sindical. El presidente del opositor Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, denunció que el plan de Fortuño supondrá la pérdida de sus empleos a 45 mil funcionarios.

El Capítulo puertorriqueño de Amnistía Internacional (AI) abordó los despidos del Ejecutivo y pidió que se evalúe el impacto que tendrá sobre los derechos humanos.

Grupos de trabajadores anunciaron que repetirán la protesta de este viernes el próximo lunes ante el Capitolio.