Con Rosales ya son tres venezolanos prófugos asilados en Perú

ABN/Aporrea.org
28/04/09

El asilo político que Perú le otorgó este lunes a Manuel Rosales elevó a tres el número de venezolanos prófugos de la justicia que han sido acogidos como refugiados por Lima desde 2007.

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Previo al asilo otorgado a Rosales, Perú recibió también como asilado político durante el año 2007 al ex presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) Carlos Ortega, quien cuenta con un proceso judicial y una condena en Venezuela por su participación en el golpe de Estado y sabotaje petrolero en los años 2002 y 2003.

El gobierno peruano recibió a Ortega cuando era solicitado por los delitos de atestación falsa ante funcionario público, rebelión civil, traición a la patria, instigación a delinquir, agavillamiento y devastación.

Ortega huyó en el año 2006 de la prisión militar de Ramo Verde, en Caracas, donde cumplía una condena de 16 años acusado de los cargos de rebelión civil e instigación para delinquir.

Perú también otorgó asilo al ex gobernador de Yaracuy, Eduardo Lapi, quien se encontraba privado de libertad en Venezuela por hechos de corrupción durante su gestión.

Lapi se refugió en Perú en abril de 2007, luego de escaparse de la prisión donde se encontraba detenido mientras se adelantaban las averiguaciones sobre su caso.

Los tres casos fueron admitidos durante el actual gobierno de Alan García.

Algunas fuentes reseñan que Rosales habría llegado a Perú el 4 de abril, aunque recientemente presentó formalmente su pedido de asilo la semana pasada alegando ser “un perseguido político”.

El delito de enriquecimiento ilícito que se le imputa a Manuel Rosales está previsto en el artículo 73 de la Ley Contra la Corrupción en concordancia con el artículo 46 de la misma norma y habría sido cometido entre 2002 y 2004, durante su gestión pública.

Estos artículos imputan a los funcionarios que hayan obtenido un incremento patrimonial desproporcionado con relación a sus ingresos en el ejercicio de sus funciones y que no pudieren justificar.

En ese sentido, Rosales no ha podido justificar cómo es dueño de bienes por varios millones de dólares entre las que se destacan siete mansiones, varias fincas en la zona ganadera más rica del país y un centro comercial.

Rosales tiene también acciones en 13 empresas ubicadas en los Estados Unidos (EEUU) y presuntamente tiene a sus hijos, hermanos y cuñados como testaferros para otras propiedades con valor por más de 3 millones de dólares.

Otras de las acusaciones que pesan sobre Rosales ante el Ministerio Público son la compra de mansiones en La Virginia, Maracaibo, y Miami, EEUU, por un millón y medio de dólares, 799 mil dólares y 306 mil dólares respectivamente; depósito ilegal de divisas en cuentas internacionales, compra de 400 reses y donación fraudulenta de unos 200 vehículos de la Gobernación del Zulia.