Autorizan demandas contra CIA por tortura

Diario
28/04/09

Un panel federal de Apelaciones determinó ayer que el presidente no puede impedir el juicio por la demanda interpuesta por cinco ex prisioneros en contra de la CIA, que alegan haber sido torturados, proclamando que el caso entero sea un secreto de Estado protegido.

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Abogados tanto del ex presidente George W. Bush como del Departamento de Justicia del presidente Obama habían sostenido ante tribunales federales que la demanda presentada por el ex prisionero de Guantánamo Binyam Mohamed y cuatro más debía ser declarada sin lugar por así convenir a los intereses de la seguridad nacional.

Los abogados argumentaron que “el tema en sí” de las alegaciones en el sentido de que agentes estadounidenses raptaron y torturaron a sospechosos de terrorismo tenía derecho a la protección por el privilegio de secretos de Estado presidenciales. En una medida que sorprendió a numerosos grupos defensores de los derechos humanos, el gobierno de Obama rechazó revisar las aseveraciones de los abogados de Bush de que el caso necesitaba ser anulado a fin de proteger la seguridad nacional.

El panel conformado por tres jueces del IX Circuito Federal de Apelaciones falló que el privilegio ejecutivo resultaba excesivo y que el caso podría ir a proceso. La demanda de las cinco presuntas víctimas de tortura es contra Jeppesen Dataplan, un subcontratista de Boeing Co. acusado de complicidad en el maltrato de los hombres por haberlos trasladado vía aérea a sitios secretos de interrogación de la CIA luego de que agentes federales los arrestaron en el extranjero.

Otras demandas previas contra el Gobierno federal en las cuales se alegaba abuso fueron desestimadas por los tribunales donde se esgrimió al argumento del privilegio de secretos de Estado.

Ahora el caso Mohamed vs. Jeppesen Dataplan regresa a San Francisco, donde va a ser llevado a juicio en un tribunal federal de Distrito, con el Gobierno federal, el cual respalda a Jeppesen, en libertad de sostener que la revelación de evidencias o documentos específicos puede ser protegida si éstos representan un auténtico riesgo de seguridad nacional, pero no el caso entero, se señaló en la opinión.

“Al ejercer evidencia secreta artículo por artículo, en vez de suspender desde el principio todo litigio, el privilegio evidencial reconoce que las prerrogativas de seguridad nacional no constituyen los únicos valores constitucionales de peso en juego”, se indicó en la opinión unánime escrita por el magistrado de circuito Michael Daly Hawkins, quien fue nombrado por el presidente Clinton.

Defensores de derechos humanos recibieron la decisión como la primera oportunidad que tenían las víctimas de tortura para que el gobierno estadounidense rindiera cuentas por sus acciones avaladas por una “interpretación extraordinaria” según la cual docenas de sospechosos extranjeros de terrorismo fueron detenidos en otros países y trasladados a lugares secretos de interrogación por agentes de la CIA y otras instancias y sometidos a severas técnicas que ahora funcionarios norteamericanos reconocen fueron tortura.

Mohamed, la principal parte actora, a finales de febrero salió libre de la ex prisión estadounidense localizada en Bahía Guantánamo, Cuba, después de haber pasado bajo arraigo estadounidense más de seis años, los primeros dos de ellos en manos de interrogadores marroquíes guiados por la CIA y posteriormente en el “sitio negro” de la agencia de inteligencia en Bagram, Afganistán.

Abogados a favor de los derechos catalogaron el fallo como una brecha en el muro de los secretos erigido por el gobierno de Bush y hasta ahora mantenido por el presidente Obama.

“A la fecha, ninguna víctima de tortura ha logrado ningún grado de justicia o compensación en los tribunales de Estados Unidos, en gran parte debido a que los tribunales han permitido la exagerada apelación a los alegatos de secreto”, dijo Ben Wizner, abogado de la Unión Americana por las Libertades Civiles que en febrero presentó el caso ante el panel del IX Circuito.

Una vocera del Departamento de Justicia, Tracy Schmaler, dijo que abogados gubernamentales se hallaban “revisando la orden de los jueces”.