Fiscalía de Colombia no ha comprobado muerte en combate de jóvenes

Reuters
08/10/08

La Fiscalía de Colombia anunció el miércoles que no ha comprobado que 19 jóvenes reportados como desaparecidos por sus familias hubieran muerto en combates con el Ejército, lo que obligó al presidente Alvaro Uribe a rectificarse.

El mandatario había dicho el martes que los 19 jóvenes, con edades entre los 18 y 22 años, habían muerto en combates con el Ejército y no como resultado de ejecuciones extrajudiciales.

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Se trata de uno de los peores escándalos de los últimos meses que comprometen al Ejército colombiano con un presunto caso de violación a los derechos humanos.

"No sabemos. Estamos investigando. Por el momento la Fiscalía no puede afirmar, no puede anticipar que fueron muertos en combate", dijo el fiscal general Mario Iguarán.

Después de que se conoció la situación, grupos de derechos humanos denunciaron la posibilidad de que se tratara de un caso de desapariciones y posteriores ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército.

"La Fiscalía aún no ha establecido la afirmación del Ejército de que fueron dados de baja en combate", dijo Uribe en un comunicado.

Iguarán admitió que los jóvenes fueron reclutados por un grupo armado ilegal en un sector obrero del sur de Bogotá y trasladados al departamento de Norte de Santander, en la frontera con Venezuela, en donde murieron, según el Ejército en combates.

"Estamos investigando cuál es la red macabra de enrolamiento", sostuvo el fiscal.

Los familiares de algunas de las víctimas admitieron que antes de que desaparecieran recibieron ofertas de trabajo por parte de desconocidos.

Uribe exige permanentemente a los comandantes de las Fuerzas Armadas resultados en la lucha contra la guerrilla, el narcotráfico y otros grupos armados ilegales.

De acuerdo con analistas y expertos, esa situación llevó a que algunos efectivos cometieran ejecuciones extrajudiciales para reportar resultados positivos a sus superiores en medio del conflicto interno de más de cuatro décadas.

La Misión Internacional de Observación reveló el año pasado que entre el 2002 y el 2007 se registraron al menos 955 ejecuciones extrajudiciales en Colombia atribuidas a conductas sistemáticas premeditadas, asociadas a un incremento de la política de seguridad del Gobierno de Uribe.

(Reporte de Luis Jaime Acosta; Editado por Ricardo Figueroa)