Advierten traspaso de servicios públicos a empresas privadas en Puerto Rico

EFE/TeleSUR
12/05/09

El movimiento sindical puertorriqueño ha denunciado la posibilidad de que se produzca un traspaso de servicios públicos a la empresa privada, debido a un plan de Alianzas Público-Privadas (APP), que fue aprobado por el Senado de ese país.

Las APP son una iniciativa que permitirá al sector empresarial acceder a la gestión de servicios que hasta ahora está manos de compañías estatales.

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El portavoz de la coordinadora sindical Frente Amplio de Solidaridad y Lucha (FASL), Luis Pedraza, dijo que la iniciativa supondrá el "traspaso de bienes del país a la empresa privada".
Pedraza apuntó que se trata de una medida que sustituirá a las agencias del Gobierno por la iniciativa privada, además de denunciar secretismo sobre lo que realmente significan las Alianzas Público Privadas.

El sindicalista explicó que la iniciativa se trata de la entrega de los mejores activos del Gobierno a las empresas, para que éstas obtengan el consecuente beneficio económico.

Subrayó que la ley permitirá que lleguen a manos privadas los servicios públicos de salud, energía eléctrica, incluso la agencia responsable del empleo en la isla caribeña.

"La empresa viene a hacer dinero", dijo el responsable sindical, que resaltó la falta de sentido de que servicios públicos básicos acaben en manos privadas.

El portavoz del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Roberto Arango, propuso la votación de un proyecto que el gobernador puertorriqueño, Luis Fortuño, remitió al órgano legislativo hace ya dos meses, periodo en el que se introdujeron más de cincuenta enmiendas.
Fortuño se había reunido previamente para sacar adelante el proyecto con el presidente del Senado, Thomas Rivera, y miembros en esa cámara de su propio partido para alcanzar un consenso que evite futuros conflictos ante los tribunales.

Las Alianzas Público Privadas son acuerdos entre el sector estatal y las empresas para hacer posible o mejorar la prestación de algún servicio, a través del desarrollo de proyectos de infraestructuras o el manejo de algún activo gubernamental, según el Gobierno de Fortuño.

Las alianzas, generalmente, conllevan una relación contractual entre el Estado y un socio privado en la cual se establecen las responsabilidades y riesgos asumidos por cada parte.

Esta medida es justificada por el Gobierno de Fortuño por el hecho de que Puerto Rico atraviesa por una crisis fiscal sin precedentes, por lo que existe un déficit presupuestario de 3 mil 233 millones de dólares.

La Ley autoriza a todas las entidades gubernamentales a participar en proyectos de alianzas y designa al Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF) como la entidad responsable de identificar los proyectos.