Presentan pruebas de corrupción contra alcalde venezolano

TeleSUR
19/03/09

Autoridades venezolanas presentaron pruebas al Ministerio Público de su nación (que este jueves solicitó una detención preventiva por enriquecimiento ilícito) contra el funcionario Manuel Rosales, alcalde de Maracaibo, la capital del occidental estado Zulia, como lo informó quien dirige la investigación del caso, la Fiscal Katiuska Plaza.

La Fiscal pidió la detención de Rosales ante un Tribunal de esa región, luego de recolectar 26 piezas judiciales, 12 de las cuales corresponden a la investigación realizada por el Ministerio Público, y las 14 restantes, provienen de trabajos de la Contraloría General de la República.

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Plaza señaló que "en cuanto a la medida solicitada al ciudadano Manuel Rosales, se pidió una medida judicial privativa de libertad en contra de este ciudadano. La medida ha sido solicitada dentro del escrito de acusación que se introdujo ante los tribunales de la Circunscripción Judicial del estado Zulia".

Las acusaciones que se le imputan al alcalde zuliano son: evasión fiscal por un monto de 19 millones de Bolívares de la Lotería Estatal del Zulia, enriquecimiento ilícito, legitimación de capitales o lavado de dinero y donación de bienes a particulares empleando fondos del Estado venezolano.

En 2008, cuando Rosales se desempeñaba como gobernador del estado Zulia, fue objeto de denuncias por parte del entonces alcalde de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, que le acusó de posesión fraudulenta de 14 haciendas, además de diversos inmuebles por un monto superior a los 1,5 millones de dólares.

El 14 de noviembre de 2008, una comisión de la Contraloría del Parlamento Nacional, citó a Manuel Rosales para declarar en torno a tres denuncias por casos de corrupción durante su administración. Sin embargo, el imputado no asistió, siendo convocado nuevamente 14 días después.

Para el 27 de enero de este año, el presidente de la Comisión de Contraloría anunció la aprobación del informe sobre la denuncia por irregularidades en donaciones de bienes públicos a particulares, así como se dio a conocer que se emprendieron las investigaciones por malversación de fondos públicos y negligencia en obras inconclusas.

El 18 de febrero de este año, la Comisión de Contraloría aprobó una sanción política en contra de Rosales por donar un vehículo a un jefe policial del estado Zulia, tiempo después el informe se introdujo en la Fiscalía del Ministerio Público en ese Estado venezolano.

El 18 de marzo pasado, se solicitó una medida privativa de libertad en contra del ex gobernador por violar el Artículo 73 de la Ley contra la Corrupción, que establece una pena de entre 3 y 10 años.

El Tribunal decidirá si la sanción será desetimada, ejecutada o profundizada.
Rosales expresó que la medida privativa de libertad en su contra es obra del presidente venezolano Hugo Chávez.

"Ese no es el Ministerio Público, eso es una orden de Chávez que la dio desde finales del año pasado y ha estado inisitiendo en este tema. Yo lo voy a enfrentar en todos esos términos, Chávez es un cobarde que agarrado de los pantalones de los militares con los poderes controlados, quiere doblegar al pueblo de Venezuela dándole una patada a la Constitución".

Inversión millonaria en el extranjero

Se estima que las inversiones efectuadas por el ex gobernador Manuel Rosales, se acercan a de tres millones de dólares, en adquisición de bienes inmuebles y empresas en Orlando, Estados Unidos (EE.UU.), según el reporte de la corresponsal de TeleSUR, Madelein García.

Manuel Rosales está acusado de adquirir, a través de testaferros, varias propiedades en Venezuela y fuera del país, efectuadas durante 8 años como gobernador del estado Zulia.

Se presume que en EE.UU. es propietario de 7 viviendas, un centro comercial y que participa en 13 empresas ubicadas en el estado de Florida, según las denuncias recibidas por los cuerpos de investigación en torno a ese caso.

El diputado venezolano, Mario Isea, quien lleva la investigación del caso, informó sobre "la Agropecuaria La Milagrosa Inc, cuya presidencia era ejercida por Rosales junto a Maritza Bastidas, secretaria de su despacho, así como un señor de nombre Fernando Tata, que luego aparece en la empresa RTC Internacional Group".

Agregó que existen grabaciones del alcalde mientras ordenaba depósitos en sus cuentas por varios millones de dólares en "RTC Internacional Group".

Según el informe de la corresponsal de TeleSUR, las investigaciones arrojan la participación de una red de familiares, amigos y contratistas que han sido utilizados como conexiones para la inversión de millones de dólares, por ejemplo un centro comercial, el New Woed Investment, ubicado en el estado de Florida.

Al respecto, Isea resaltó que "Maritza Bastidas, Tata, Amilcar Rodríguez y Rosales compran propiedades muy costosas, Bastidas compró una mansión de 799 mil dólares, otra de 300 mil dólares con fondos que no se pueden explicar".

El Tribunal de Control aún no ha emitido la orden de captura, sin embargo, la tolda política que lo respalda Un Nuevo Tiempo, asegura que su militante se presentará ante las autoridades en caso de ser citado.

Asamblea Nacional recibió noticia hace horas

El diputado venezolano a la Asamblea Nacional (AN), Calixto Ortega, aseguró en exclusiva para TeleSUR que hace sólo unas horas, el plenario recibió la noticia de que una Fiscal del Ministerio Público, solicitó la medida privativa de libertad a un juez de control en relación a Manuel Rosales, alcalde de Maracaibo.

"En primer lugar, la Fiscal desde hace tiempo está distanciando un expediente donde tiene acumulada una cantidad de pruebas en relación a un hecho o varios hechos por los que está siendo investogado Manuel Rosales, ¿cuáles son? no lo sabemos".

Señaló que la Fiscal Katiuska Plaza, hace referencia a hechos de enriquecimiento ilícito y maneja esa información producto de la investigación "que no tenemos", aclaró el diputado.

Ortega agregó que en Venezuela, la Fiscalía "tiene el monopolio en materia penal y la Fiscal en este caso ha ido tipificando el delito de enriquecimiento ilícito entre otros, se dirigió a un organismo competente y solicitó la medida".

Dijo además que ahora queda de parte del Tribunal si manifiesta acuerdo o desacuerdo al respecto para sustanciar mejor la solicitud.

Ortega, quien también es abogado constitucionalista, indicó que esta situación tendrá una importante incidencia comunicacional en Venezuela, pues considera que "desafortunadamente quienes dirigen el discurso de oposición en el país son algunos medios de comunicación".

"Al ex gobernador se le señaló tras unas investigaciones, que tenía en su poder bienes claramente por encima de la posibilidad de un gobernante, como la adquisición de una vivienda en Maracaibo, aludiendo que tenía otros ingresos por la actividad agropecuaria que lleva, además de su desempeño como funcionario público", explicó Calixto Ortega.

Añadió que según la legislación venezolana y por mandato expreso de la Constitución, todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

"En este país no existen intocables y si hay pruebas en su contra, pagará las consecuencias de actuar en contra de la legislación nacional".

Ortega subrayó que el Tribunal tiene un lapso suficiente para hacer un análisis de los elementos que la Fiscal expuso como base para hacer su solicitud, donde el resultado es que podrá acoger la medida, desestimarla o pedir a Plaza la profundización de la averiguación para dar mayor sustentabilidad a la investigación.

"En un plazo bastante breve, el Tribunal hará un pronunciamiento, será cuestión de días", dijo Ortega.