Denuncian que la UE tratará “a los inmigrantes como una subespecie”

Diagonal Periódico
18/05/08

El borrador de directiva europea sobre la expulsión de sin papeles,que está en plena discusión para su aprobación, es contestado por lesionar los derechos humanos en nombre del control de la inmigración.

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“Es un vergonzoso retroceso de los derechos humanos en Europa”, afirma SOS Racismo. “Es una degeneración jurídica que trata a los inmigrantes como una subespecie humana”, remacha el eurodiputado socialista Claudio Fava. Son reacciones ante la probable aprobación del proyecto de directiva europea sobre Procedimientos y normas comunes para el retorno de los nacionales de terceros países. O ‘directiva de la vergüenza’, como la llaman las organizaciones pro derechos humanos.

Según éstas, la directiva supone profundizar en las políticas de gestión de los flujos migratorios únicamente desde una óptica securitaria y represiva. La norma, que pretende homogeneizar las legislaciones nacionales, prevé medidas como el encierro de los sin papeles hasta 18 meses en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) –y si estos se encuentran saturados, en cárceles–. Los niños y adolescentes –solos o acompañados de sus padres– también podrán ser internados en los CIE. Si ahora se exige, como regla general, una orden judicial previa al encierro, con la directriz bastará una simple orden administrativa. Y los estados pueden prohibir durante cinco años el regreso a todo el territorio de la UE a las personas expulsadas. Según las organizaciones contrarias, la directriz estigmatiza, criminaliza y excluye a personas por cometer una infracción administrativa: no tener los documentos en regla.

Por su parte, las autoridades europeas consideran que la directiva es la palanca que necesitan para poder expulsar a los ocho millones de sin papeles que según la Comisión Europea, hay entre los 400 millones de habitantes de la UE-Schengen, (la UE más Noruega e Islandia). Según las mismas fuentes, de los 120 millones de ciudadanos de terceros países que cada año llegan, entre medio millón y un millón se quedaran como indocumentados. Cinco países –Francia, Italia, España, Reino Unido y Alemania– concentran el 80% de los flujos migratorios, los 20% restantes se reparten entre Portugal, Polonia y Austria, seguidos del resto de los Estados.

Tras tres años de negociaciones en torno al texto, a mediados de abril, la presidencia eslovena de la UE y un grupo de diputados europeos habían concluido un borrador de directiva, impulsado por Francia, Italia y España. Pero el 7 de mayo, en el comité de representantes de la UE, diez Estados encabezados por Francia y Alemania, exigieron incluir condiciones aún más duras –como, por ejemplo, no fijar tiempo máximo de detención para los sin papeles–, impidiendo que se aprobase el texto pactado. Estaba previsto que el 14 de mayo el comité se volviese a reunir para intentar lograr un acuerdo y así el texto resultante podría ser votado en el Parlamento Europeo el 20 de mayo. Francia es una de las adalides del abordaje represivo de los flujos migratorios.

Fue impulsora del paquete de medidas –fichaje de los datos biométricos de todo extranjero que soliciten visado, etc.– aprobadas por la UE el 13 de febrero de 2008 para cerrar aún más sus fronteras y en el que se ponía al mismo nivel terrorismo e inmigración. En septiembre de 2008, en París, tendrá lugar la conferencia ministerial para armonizar el asilo político a nivel europeo.

El presidente francés, Sarkozy, que ya ha anunciado que su presidencia de la UE, a partir de julio, se centrará en la inmigración, es también el promotor, junto al Gobierno español, de un pacto de control migratorio que implique a toda Europa. Por eso, la actitud francesa frente a la directiva de la vergüenza –impulsando un borrador para después rechazarlo– es entendida por algunos analistas como una táctica para lograr superar la oposición que el actual texto tiene entre parte de los eurodiputados: como mal menor puede ser aceptado frente a una propuesta aún más represiva. Las protestas no se han hecho esperar.

El 7 de mayo, cientos de personas se manifestaban en Bruselas en contra, y un documento de rechazo ha sido firmado por 33.000 personas, 880 organizaciones y 400 cargos públicos. En Francia hubo manifestaciones de repulsa en París, Marsella, Nantes, etc. Es “una medida en esencia contraria a los principios del Estado de derecho ya que legitima una privación de libertad de personas que no han cometido ningún delito”, según SOS Racismo, para quien supone la generalización de las políticas de encierro de las personas sin papeles, con los CIE en el centro, como norma de gestión de la inmigración.

Mientras las protestas para exigir el cierre de los CIE, un trato humano para los sin papeles y su regularización no cejan. En Bélgica, el 28 de abril, en el CIE de Merkplas, el ciudadano camerunés Ebenizer Folefack prefería suicidarse antes que ser deportado. Horas más tarde, estallaba un motín. En Francia, el 1 de mayo, 100 internos del Centro de Retención Administrativa (CRA, el equivalente a los CIE) de Vincennes se declaraban en huelga de hambre. El 4 de mayo, más de 1.000 personas se manifestaban en solidaridad con su lucha. Hay también huelgas de hambre y protestas en los CRA de Nantes y Marsella. Y desde finales de abril, varios cientos de ‘sin papeles’ protagonizan encierros en una iglesia en Nanterre y en un edificio sindical en París, para exigir ser regularizados.

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