Director de prisiones colombianas: Computadores de paramilitares ''no se han perdido''

Telesur
21/05/08

El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (Inpec), general (R) Eduardo Morales Beltrán, aseguró este martes que los computadores de los jefes paramilitares extraditados a Estados Unidos, dados por "extraviados" este lunes, "no se han perdido".

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"Ahí están los diez computadores, la explicación (…) no se ha perdido absolutamente ningún computador, de uno de esos computadores falta el disco duro de uno, de un interno, que es el de (el jefe paramilitar) 'Cuco Vanoy', eso es lo que se presentó, lo único que relativamente puede estar perdido", dijo Morales recogidas por el corresponsal de TeleSUR Mauricio Pichot en Bogotá.

Sólo una semana después de que se produjera la extradición de catorce cabecillas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), supuestamente desmovilizados, confusas declaraciones cruzadas vuelven a arrojar un manto de duda sobre la credibilidad de los funcionarios del Gobierno de Álvaro Uribe.

El viernes pasado la Fiscalía General había expresado que cinco computadores de los 14 ultraderechistas fueron manipulados después de que éstos salieran de sus celdas rumbo a Estados Unidos, donde sólo serán procesados por narcotráfico y no por genocidio ni por los crímenes de lesa humanidad que se les atribuyen en Colombia.

Mientras tanto, el vicepresidente colombiano, Francisco Santos, dijo a la prensa que los dispositivos habían sido solicitados por la Fiscalía para ser inspeccionados, pero que ya habían sido manipulados y sus memorias retiradas antes de que las autoridades llegaran a las celdas.

"Tiene que ser el director del Inpec el que tiene que responder por esos aparatos. Él es el responsable de las cárceles y él tendrá que responder a ver dónde están y qué se hicieron", dijo.

Y este lunes 19, el general Eduardo Morales admitió que un disco duro y las tarjetas que contenían el registro de las llamadas realizadas por varios jefes paramilitares "se extraviaron".

Incluso admitió que otro computador, perteneciente al jefe militar de las AUC, Salvatore Mancuso, salió de la cárcel el pasado 9 de mayo "para recibir servicio técnico por presentar un virus" y debía volver al día siguiente, pero nunca regresó.

El nuevo escándalo ocurre mientras Colombia ha hecho gran revuelo mediático sobre una computadoras supuestamente pertenecientes al comandante guerrillero Raúl Reyes, y que habrían sido recuperadas del lugar en la selva de Ecuador que fue bombardeada por el Ejército colombiano el 1 de marzo.

Estas computadoras están siendo esgrimidas por Colombia y Estados Unidos contra Venezuela y Ecuador, a cuyos gobiernos acusan de "tener nexos" con las FARC.

El ministro del Interior y Justicia de Colombia, Carlos Holguín Sardi, dijo que se trataba de "una coincidencia desafortunada y muy desagradable" y aclaró que esperaba un informe sobre los hechos.

"La verdad no interesa"

El senador opositor Gustavo Petro, del opositor Polo Democrático Alternativo (PDA), consideró que lo ocurrido pone en evidencia la crisis institucional que atraviesa el país andino y deploró que al Gobierno de Uribe parece interesarle la "verdad" sólo si ésta se relaciona con la guerrilla.

"A pesar de la situación, hasta el momento no ha habido un procedimiento oficial para establecer si esos equipos fueron manipulados en cuanto a su información y con qué intenciones se hizo", dijo.

"Lo que podríamos concluir es que el Gobierno cuida mucho los computadores de la guerrilla que captura, pero descuida completamente los computadores de los paramilitares, o en otras palabras : interesa mucho la verdad, si sale de la guerrilla, pero no le interesa para nada la verdad, si sale de los paramilitares", añadió Petro.

A su vez el senador Parmenio Cuéllar, también del PDA, consideró que "no hay duda alguna que se trata de eliminar la prueba de que hay muchos políticos que están comprometidos con los paramilitares".

De hecho, los testimonios de jefes paramilitares, la mayoría rendidos en "versión libre" al amparo de la Ley de Justicia y Paz, han comprometido a decenas de políticos y altos funcionarios del Gobierno de Álvaro Uribe.

Finalmente, el senador liberal Juan Fernando Cristo aseguró que "lo que hay es una manipulación de mucha información, unos intereses cruzados por afectar la tarea de la Corte Suprema de Justicia y de la justicia en Colombia para llegar a la verdad".

El presidente Uribe ha mantenido, hasta el momento, un silencio total en relación con este hecho una semana después de ocurrido.