Manifestaciones en 14 ciudades de Colombia contra Uribe y los decretos de salud

Aporrea.org
06/02/10

Miles de personas, entre usuarios, miembros de organizaciones sociales, estudiantes y médicos, marcharon hoy en 14 ciudades colombianas para protestar contra una serie de decretos que reforman los servicios de salud.

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Las marchas, que transcurrieron sin desórdenes, rechazaron varios decretos expedidos en los últimos días por el Gobierno del presidente Álvaro Uribe al amparo de una declaración de emergencia social.

Los puntos más polémicos en los decretos de reforma, expedidos en las ultimas semanas, tienen que ver con la evaluación de la capacidad de pago de los usuarios para los tratamientos no incluidos en el POS (Plan Obligatorio de Salud) y el hecho de que tengan que recurrir a sus ahorros o a sus derechos laborales de retiro para cubrirlos.

Asimismo, se critican las sanciones económicas, e incluso despidos, de los médicos que receten medicinas costosas o recurran a tratamientos que no estén incluidos en los protocolos del POS.

Según asociaciones médicas, esta "camisa de fuerza" es una violación a la autonomía de los profesionales y a la práctica misma de la medicina.

Los manifestantes consideran que esos decretos vulneran derechos adquiridos y recortan la atención médica y hospitalaria.

Las marchas de protesta para exigir respeto al derecho a la salud, recorrieron calles de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Tunja, Bucaramanga, Neiva, Armenia, Manizales, Cúcuta, Ibagué, Villavicencio y Santa Marta.

Los organizadores de la protesta revelaron que recibieron apoyo de organizaciones colombianas en Canadá, España y México.

El Gobierno colombiano declaró el estado de emergencia social el 19 de noviembre del año pasado, para poder expedir decretos sin intervención del legislativo y enfrentar la crisis (económica, principalmente) en los servicios de salud y de las Empresas Promotoras de Salud (EPS).

1 comentarios:

Julián Montoya dijo...

Que no se extrañe nadie,la crisis de la salud pública en Colombia tiene dos causales sustanciales: la mercantilización de un servicio que el Estado se niega a reconocer como derecho constitucional y, hay que decirlo, el desprecio que experimenta Álvaro Uribe por el pueblo que gobierna, por los valores democráticos.