Grupos indígenas de Colombia denuncian intensificación de ataques paramilitares

Telesur
18/01/08

El líder indígena colombiano Daniel Maestre señaló que estos ataques pretenden provocar el desplazamiento de los campesinos e indígenas y así desarrollar, en sus territorios, los mega proyectos de diferentes empresas en complicidad con el Gobierno colombiano.

Esta denuncia ocurre poco después que el congresista norteamericano William Delahunt asegurara que ex líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) revelaron, de manera específica, su relación con algunas trasnacionales de EEUU.

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Líderes indígenas de Colombia denunciaron la intensificación, en los primeros días de 2008, de los ataques y crímenes cometidos por grupos paramilitares y el Ejército nacional contra la población rural de ese país.

El miembro de la Organización por los Derechos de los Indígenas en Colombia Daniel Maestre señaló a la prensa que estos ataques son realizados para provocar el desplazamiento de los campesinos e indígenas y así desarrollar, en sus territorios, los mega proyectos de diferentes empresas en complicidad con el Gobierno colombiano.

Según Maestre, hasta el momento empresarios y políticos colombianos se han adueñado de más de 6 millones 500 mil hectáreas de tierras pertenecientes a grupos originarios y campesinos, los cuales se han visto en la necesidad de movilizarse a otras regiones de Colombia o salir del país.

El líder indígena sostuvo que el paramilitarismo ha sido la puerta de entrada para las empresas multinacionales a Colombia, entre ellas Chiquita Brands, Coca Cola, Nestlé, y las empresas de palma que trabajan con el biodiesel y el etanol.

En ese sentido, Maestre consideró que "para nosotros el paramilitarismo ha generado mucha violencia y desplazamientos en nuestros pueblos".

Congresistas de EEUU confiman ilícitos

Esta denuncia ocurre poco después que el congresista norteamericano William Delahunt asegurara que ex líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) revelaron, de manera específica, su relación con algunas trasnacionales de EEUU.

El parlamentario actualmente realiza una investigación de los nexos de algunas empresas estadounidenes con paramilitares colombianos; acusados de cometer crímenes de lesa humanidad.

Delahunt, quien estuvo cuatro días en Colombia junto a sus colegas James McGovern y George Miller, se entrevistó con los ex líderes de las AUC, Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Puppo, alias Jorge 40, Diego Fernando Murillo (Don Berna) y Carlos Mario Jiménez, (Macaco).

Aunque no aclaró el testimonio ofrecido por estos ex jefes de las AUC, Delahunt advirtió que estos "fueron muy específicos y claros en las relaciones entre ellos y las compañías norteamericanas", cuyos nombres no fueron detallados.

Sin embargo, Delahunt declaró que "hay un comportamiento corporativo de estas empresas americanas que, en muchas ocasiones, son la representación de los Estados Unidos que tienen la imagen de nuestro país en el mundo entero".

El congresista estadounidense preside el Subcomité de Asuntos de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que investiga estos pagos que se hicieron a las AUC, luego de que la bananera Chiquita Brands fue multada con 25 millones de dólares tras reconocer que entre 1997 y el 2004 pagó 1,7 millones de dólares a los grupos paramilitares.

Luego de entrevistarse con varios ex jefes paramilitares recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, Colombia, Delahunt dijo que, junto a lo otros congresistas, está preocupado por la magnitud de la participación de las empresas norteamericanas por los pagos que hicieron a las AUC.

Chiquita en la punta del iceberg

El escándalo de Chiquita Brands ocurrió cuando el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos de Colombia acusó, en Estados Unidos, a la empresa bananera de ordenar el asesinato de dos de sus directivos sindicales, que habían denunciado en reiteradas oportunidades la violación de los derechos laborales en empresas extranjeras.

La denuncia concreta fue que la empresa trasnacional pagó a las AUC para que éstas se encargaran de las ejecuciones de los sindicalistas.

A raíz de esta denuncia, el Gobierno estadounidense se limitó a multar a Chiquita Brands, tras aceptar que ésta financió durante diez años a las AUC, grupo armado de extrema derecha que es considerado terrorista.

Organizaciones y sindicatos que amparan a los trabajadores de transnacionales, afirman, que entre 1991 y 2006 fueron asesinados en Colombia unos 2 mil 245 empleados.