Estado policial EE.UU., una mirada retrospectiva y hacia el futuro

Stephen Lendman
Global Research
Traducido para Rebelión por Germán Leyens
26/12/07

El fin de año es una buena época para mirar hacia atrás y pensar en lo que nos espera. Si el pasado es un prólogo, sin embargo, la perspectiva no es buena, y nada en el horizonte sugiere algo diferente. Los votantes quisieron un cambio en noviembre pasado, pero fueron traicionados por la clase criminal bipartidaria en Washington. Su actitud se refleja en un sondeo de opinión de Reuters/Zogby (RZ) de octubre que da a George Bush un 24% de aprobación, peor que el peor resultado de Richard Nixon de 25% en su punto más bajo durante Watergate en 1974. Y si eso parece malo, consideremos al Congreso con la información de "The Hill" del mismo índice de RZ en el que nuestros legisladores obtuvieron un “asombroso 11%, la valuación (parlamentaria) más baja de la historia,” pero todavía queda sitio para llegar al fondo y queda un año para que eso suceda. ¿Por qué no va a ser así con la permanente traición a los votantes por parte de los legisladores y su historial de fracasos cada vez peor?

Ha sido siempre así desde el 11-S con la complicidad con el gobierno de ambos lados del pasillo de la sala. Este artículo es una retrospectiva de los antecedentes, y el fin de año es una buena época para hacerlo. Es difícil imaginar otro año tan malo, en el que un presidente violó la ley y una vez dijo a colegas republicanos que la Constitución “no es otra cosa que un maldito trozo de papel.”

No sólo lo dijo. Gobierna basándose en esa idea, se sale con la suya, y el ex analista del Departamento de Defensa, Daniel Ellsberg, famoso por los papeles del Pentágono, dice: “ha ocurrido un golpe resultante del 11-S... (y vendrá otro cuando ocurra el próximo) que complete el primero (que es) visto como un permanente ataque contra todo (aspecto) fundamental de nuestra Constitución (para crear) un gobierno ejecutivo que gobierna por decreto” lo que no difiere de un Estado policial.

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La autora Naomi Wolf lo explica en detalle en su artículo de abril de 2007 en el Guardian; “"Fascist America, In 10 Easy Steps” [EE.UU. fascista en 10 pasos fáciles]. Argumenta que el gobierno de Bush sigue el mismo guión que “debe adoptar cualquier dictador potencial para destruir las libertades constituciones,” y enumera los pasos. Van desde “invocar un enemigo interno y externo aterrador,” hasta “crear un gulag,” hasta espiar a cualquiera, hasta acosar a la oposición, hasta controlar los medios, hasta llamar traición al disenso, hasta “suspender el imperio de la ley.” También señala que es más “simple” clausurar la democracia que “crear y sustentarla,” y que ésa es la amenaza actual.

No es mediante botas militares en las calles sino a través de un “proceso de erosión” constante y un público en su mayor parte desprevenido y distraído por los manipuladores de la mente de los medios. Está sucediendo ahora mismo, y Wolf hace sonar la alarma con las palabras de James Madison: “La acumulación de todos los poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, en las mismas manos... es la definición de la tiranía,” y ésa es la condición actual en EE.UU. Este artículo considera el historial de los últimos siete años. No es nada bonito.

Hasta el Arzobispo de Canterbury, Rowan Williams, (a diferencia de cualquier Papa en la historia) lo condenó en una amplia entrevista con una revista musulmana británica. Fue citado en una columna del Sunday Times del 25 de noviembre, intitulada “EE.UU. es el ‘peor’ imperialista” y esgrime su poder de un modo más reprensible que lo haya hecho alguna vez Gran Bretaña en su apogeo. Explicó que el aventurerismo estadounidense en ultramar llevó al “peor de todos los mundos” y expresó pesimismo por el actual estado de la civilización occidental y el propio sentido equivocado de misión de Washington.

Criticó la “guerra contra el terror” y declaró que EE.UU. perdió la autoridad moral después del 11-S y necesita lanzar un “generoso e inteligente programa de ayuda a las naciones que desoló... dejar de explotar económicamente los territorios derrotados” y desmilitarizarlos. Calificó a Occidente de fundamentalmente a la deriva y que nuestra “definición de humanidad (no) funciona.” Denunció la violencia de EE.UU. y su creencia en que puede solucionar los problemas dejando a “otros (la tarea de hacer la limpieza y) volver a reconstituir – Iraq, por ejemplo.) Otra cosa es la situación en casa.

Desde que llegó al poder en enero de 2001, George Bush firmó un diluvio de Ordenes Ejecutivas y agregó docenas de “"signing statements" [Interpretaciones de la ley] a cientos de cláusulas legales a pesar de que nada en la Constitución autoriza esta práctica, y de que la Corte Suprema prohibió los vetos por partidas separadas. Sigue haciéndolo mientras el Congreso y los tribunales condonan su reivindicación de autoridad inconstitucional de “ejecutivo unitario” para ignorar la ley y hacer lo que quiere un nombre de la “seguridad nacional”, basándose sólo en su propia palabra.

Comenzó el 11-S cuando George Bush se dirigió a la nación y declaró una “guerra contra el terrorismo,” solicitó el apoyo del mundo para ganarla, y comenzó lo que se convirtió en “los planes de reacción de emergencia de nuestro gobierno (la estrategia de la guerra preventiva).” El truco era ignorar la ley, ir a la guerra, destruir nuestras libertades civiles para mantenernos a salvo de “estados canallas, ‘tipos malos,’ y malvados” en todo un ‘arco de inestabilidad’ de la región andina sudamericana (especialmente Colombia) al Norte de África, pasando por Oriente Próximo hasta las Filipinas, Indonesia y otros sitios en Asia. El Congreso también actuó típicamente con dos audaces resoluciones que entregaban su autoridad al ejecutivo, le permitían proceder, y anunciaban lo que iba a venir.

La primera fue el 18 de septiembre de 2001, en una “Autorización [conjunta] de la Cámara y el Senado para Utilizar la Fuerza Militar (AUMF)” que autorizó “el uso de las Fuerzas Armadas de EE.UU. contra los responsables por los recientes ataques lanzados contra EE.UU.” Una segunda vino en octubre de 2003 en la “Resolución Conjunta para Autorizar el Uso de las Fuerzas Armadas de EE.UU. contra Iraq,” y el resto es historia. Este artículo considera otra legislación clave del Congreso hasta la actualidad junto con el abuso flagrante del poder presidencial por George Bush.

Su primera acción tuvo lugar el 13 de noviembre de 2001, cuando expidió la Orden Militar Número 1 que un analista calificó de “golpe de Estado,” y “momento crucial en el país,” un indicio de lo que vendría. Esta orden violó el espíritu y la letra de una sociedad civil bajo el derecho constitucional con un cortafuego que la separa de los militares. Ya no, y se puso peor cuando sus provisiones volvieron a aparecer por ley del Congreso. Lo discutimos a continuación. Primero, la Orden Militar Número 1, y lo que contiene:

– permite que el presidente usurpe autoridad para capturar, secuestrar o arrestar de otra manera a todo no-ciudadano (y posteriormente también a ciudadanos) en cualquier parte del mundo si afirma que están involucrados en el terrorismo internacional y detenerlos indefinidamente sin acusación, evidencia y sin permitirles un debido proceso ante un tribunal legal.

– sin embargo, SI se permiten los juicios, serán por “comisiones militares” especiales, no tribunales civiles, y en secreto, permitiendo evidencia obtenida por la tortura, sin que los declarados culpables tengan derecho de apelación, y pueden ser ejecutados en secreto.

– ningún tribunal civil tiene autoridad en estos casos incluso si las víctimas son identificadas y un abogado legal desea representarlas.

Pocos sabían en aquel entonces que los ciudadanos de EE.UU. perdieron sus libertades civiles desde el 13 de noviembre de 2001, pero eso salió a la luz posteriormente. La situación continúa con la complicidad del Congreso y de los tribunales en la destrucción intencional de nuestra democracia que ya estaba moribunda. Hoy, expiró.

Uso de las Directivas Presidenciales de Seguridad Nacional (NSPDs) y de las Directivas Presidenciales de Seguridad Interior (HSPDs)

En el gobierno de Bush, las NSPDs reemplazaron las Directivas de Decisión Presidencial que bajo Bill Clinton, y con otras de diferentes nombres desde el gobierno de Kennedy iniciaron la práctica. Otras anteriores siguen manteniendo su validez cuando no han sido sustituidas.

Tienen mucho en común con las Ordenes Ejecutiva (EOs) con “la plena fuerza y efecto de la ley,” relacionadas con la seguridad nacional, y por ese motivo siguen siendo confidenciales a menos o hasta que sean publicadas. En siete años, George Bush emitió docenas de NSPDs, demasiadas como para detallarlas, así como más de 20 HSPDs. A continuación discutimos varias que son fundamentales.

La NSPD 9 del 25 de octubre de 2001 merece atención especial y fue intitulada “Derrotando la amenaza terrorista contra EE.UU.” El 23 de marzo de 2004, Donald Rumsfeld dio su explicación de su contenido clasificado a la Comisión del 11-S:

– “Eliminar la red de al Qaeda;

– Utilizar todos los elementos del poder nacional para hacerlo – diplomáticos, militares, económicos, inteligencia, información y mantenimiento del orden;

– Eliminar santuarios para al Qaeda y redes terroristas relacionadas – y si fallan los esfuerzos diplomáticos para hacerlo, considerar medidas adicionales.”

El 1 de abril de 2004, la Casa Blanca publicó la siguiente declaración sobre la directiva:

La NSPD solicitó al Secretario de Defensa que planificara opciones militares “contra objetivos de los talibán en Afganistán, incluyendo su dirigencia, control de mandos, defensas aéreas y antiaéreas, fuerzas terrestres, y logística (junto con esfuerzos similares) contra al Qaeda y instalaciones terroristas asociadas en Afganistán.”

Ahí está el problema. El gobierno adoptó esas medidas el 4 de septiembre de 2001, siete días antes del 11-S. George Bush las convirtió en una ley vinculante en la NSPD-9 el 25 de octubre de 2001 para ocultar cuándo fueron originadas.

Otras importantes NSPDs tienen que ver con:

– el combate contra armas de destrucción masiva (ADM)

– el desarrollo y despliegue de una defensa de misiles antibalísticas, que es para la ofensiva, no para la defensa;

– la biodefensa;

– el despliegue de armas nucleares y detección nuclear interior;

– la guerra de Iraq;

– una política espacial nacional como parte del objetivo para la “dominación a pleno espectro” sobre toda la tierra, el mar en la superficie y bajo ella, el aire, el espacio, el espectro electromagnético y los sistemas de información para disuadir toda amenaza interior o exterior o desafío a nuestra hegemonía global; y:

Hay otras NSPD-HSDO combinadas crucialmente importantes:

NSPD-51/HSPD-20 del 4 de abril de 2007 – Directiva Presidencial de Seguridad Nacional y de Seguridad Interior

Se trata de una directiva combinada de la Casa Blanca y del Departamento de Seguridad Interior (DHS) para establecer procedimientos de “Continuidad del Gobierno (COG)” bajo una “Emergencia Catastrófica” definida como sigue:

“todo incidente (como ser ataque terrorista), no importa cuál sea su lugar, que resulte en niveles extraordinarios de víctimas masivas, daños, o trastornos que afecten severamente a la población, la infraestructura, el medio ambiente, la economía o las funciones gubernamentales de EE.UU.”

COG es luego definida como:

“Un esfuerzo coordinado dentro de la rama ejecutiva del Gobierno Federal para asegurar que las Funciones Esenciales Nacionales sigan siendo realizadas durante una Emergencia Catastrófica.”

Es crucial comprender que esta directiva combinada da al presidente y al Departamento de Seguridad Interior poderes sin precedentes, libres de limitaciones constitucionales. Bajo NSPD-51, el presidente puede declarar una “emergencia nacional” y declarar la ley marcial sin aprobación del Congreso. Le permite crear un Estado policial militarizado de facto con él como dictador y el DHS como la Gestapo nacional en un grado aún mayor que en la actualidad. También da poderes al vicepresidente para implementar las provisiones de la directiva como parte del plan de “Continuidad del Gobierno” que en el caso de Dick Cheney le da aún más poder que a George Bush considerando como opera este gobierno. Esta directiva combinada es por sí sola la cara del “Estado policial EE.UU.” en tiempo real si es implementada, y no es probable que haya sido promulgada como simple decoración.

Otras HSPDs tienen que ver con:

– el combate contra el “terrorismo inmigrante;”

– un plan de reacción nacional ante incidentes interiores;

– identificación, priorización y protección de la infraestructura crítica;

– estado de preparación nacional;

– procedimientos exhaustivos de filtración relacionada con terroristas;

– detección nuclear interior; y otros.

Legislación del Congreso después del 11-S

Después del 11-S, el Congreso actuó hombro con hombro con el presidente y sigue aprobando leyes que serían adoradas por cualquier déspota. Escrita, guardada, y lista para su uso antes del 11-S, la Ley Patriota EE.UU. fue aprobada y firmada por el presidente 45 días después, el 26 de octubre de 2001. El progreso legislativo sacó provecho de un período de histeria para otorgar poderes incontrolados al ejecutivo pero creó, al hacerlo, tres graves amenazas para las libertades civiles:

– la erosión de la Quinta y Catorce Enmiendas de debido proceso al permitir detenciones indefinidas de inmigrantes indocumentados que ahora se pueden aplicar a cualquiera en cualquier sitio del mundo; más a continuación;

– la pérdida de la libertad de asociación de la Primera Enmienda que la Corte Suprema considera una parte esencial de la libertad de expresión; ahora cualquiera puede ser acusado y procesado por su supuesta asociación con un “grupo indeseable;” y

– la pérdida del derecho según la Cuarta Enmienda de ser libre de pesquisas y confiscaciones desatinadas, y como consecuencia, la pérdida de la privacidad; la Ley otorga al gobierno poderes incontrolados de vigilancia para acceder a registros personales; controlar transacciones financieras; antecedentes estudiantiles; la realización de allanamientos "sneak and peak" [investigaciones a hurtadillas sin notificación a la persona afectada, en la que se pueden colocar micrófonos espías, etc.] mediante mandatos “de aviso suspendido;” autorizar escuchas ambulantes; rastrear correos electrónicos, el uso de Internet y de teléfonos móviles; utilizar evidencia secreta en procesamientos; negar a inmigrantes el derecho a un abogado si no pueden tener uno propio; y termina con la inclusión de salvaguardas para permitir que operaciones criminales interiores y operaciones de inteligencia en el extranjero compartan informaciones, así que la CIA ahora puede espiar en el interior.

La Ley también crea el crimen federal del “terrorismo interior” que amplía la definición y se aplica a ciudadanos de EE.UU. así como a extranjeros. Declara que las violaciones penales de la ley son consideradas actos de terrorismo interior si apuntan a “influencias (la política gubernamental) mediante la intimidación o la coerción (o) intimidan o coercen a una población civil.” Mediante esta definición, manifestaciones contra la guerra o por la justicia global, el activismo ecologista, la desobediencia civil y el disenso de todo tipo pueden ser llamados “terrorismo interior.” La Ley Patriota sólo fue el comienzo. Vendría mucho más después con un Congreso bipartidario que hace permanentes regalos y es adorado por el presidente.

Después siguió la Ley de Seguridad Interior (HSA) del 25 de noviembre de 2002, una arrolladora ley antiterrorista, y que, como la Ley Patriota, fue planificada mucho antes del 11-S. Creó el Departamento de Seguridad Interior (DHS) combinando bajo esta nueva autoridad a agencias gubernamentales previamente separadas para prepararse para, prevenir y reaccionar ante emergencias interiores y dar al gobierno federales amplios poderes nuevos para proteger a la nación dentro y fuera de nuestras fronteras. En marzo de 2003, se estableció su mayor brazo de investigación y ejecución: el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (U.S. Immigration and Customs Enforcement o ICE). Fue encargado de la protección de la seguridad pública mediante la identificación y la persecución de amenazas “criminales” y “terroristas” que en su mayoría son víctimas del NAFTA y del comercio globalizado que se encuentran en el país por necesidad, no por gusto, y que no son terroristas.

El DHS forma parte del plan del gobierno de centralizar en el poder ejecutivo un poder militar y de mantenimiento del orden sin precedentes que apunta a una mayor dominación global – para gobernar el mundo sin cuestionamiento, incluyendo la represión en el interior mediante la supresión de las libertades civiles en nombre de la “seguridad nacional.” El DHS y la Ley Patriota EE.UU. son dos medidas temibles para lograrlo.

El DHS es insidioso. Abusa de la autoridad local “autorizando la supervisión, el financiamiento y la coordinación de ‘primeros encargados locales de una reacción.’” Esto se refiere a personal de policía y “emergencia” incluyendo el mantenimiento del orden local. La Ley de Seguridad Interior (HSA) no autoriza el control local. En su lugar, provee coordinación y orientación como una primera medida, con más por venir. Por eso fue establecido en octubre de 2002 el Comando Norte de EE.UU. (USNORTHCOM), como una iniciativa sin precedentes para militarizar el continente más Alaska, Canadá, México, el Golfo de México y los estrechos de Florida y, por primera vez en la historia, permite que se desplieguen tropas en las calles de EE.UU. para combatir la droga, una “insurrección” vagamente definida, y crímenes con armas nucleares, químicas o biológicas. En otras palabras, ahora el presidente puede desplegar fuerzas militares en las calles de EE.UU. en función del interés de la “seguridad nacional.” Este poder no tiene precedentes y es peligroso.

Es otra cosa que afecta a todos. En su mayor parte no es visible ya que fue planeado para que fuera plenamente operativo a fines de septiembre de 2006. Es el Plan de Nuevo Ataque Ofensivo del Pentágono llamado Comando Funcional Conjunto Componente para Ataque e Integración Global – o simplemente Comando de Ataque Global. Se originó en la Revisión de la Postura Global de 2002 (NPR) que fue puesta al día de modo más beligerante a inicios de 2006. NPR es una declaración de guerra preventiva contra toda nación, grupo o fuerza en cualquier parte de la Tierra que el gobierno califique de ser una amenaza para la “seguridad nacional” y podría ser utilizada por NORTHCOM contra objetivos basados en EE.UU., junto con medidas de fuerza de la HSA si se declara la ley marcial.

La HSA va aún más lejos al crear una amplia agencia de inteligencia interior llamada Directorado de Análisis de la Información y Protección de la Infraestructura. Debe crear y mantener una base de datos intrusiva, que incluya todos los aspectos, públicos y privados sobre todo el mundo. Puede incluir virtualmente todo – transacciones y registros financieros, antecedentes médicos, correos electrónicos, llamadas telefónicas, compras, libros y publicaciones leídos, membresía en organizaciones, y todo otro hábito o característica personal.

La Ley Patriota EE.UU. y la HSA terminan con la distinción entre la recolección de información de inteligencia exterior e interior y, hasta ahora, el sacrosanto cortafuegos entre ellas. Ya no permite tampoco que se revele “información crítica de infraestructura” de una agencia federal mediante una solicitud según la Ley de Libertad de la Información como parte de una política oficial de secreto característica de Estados policiales. En ambas leyes hay mucho más que atemoriza, que es peligroso y desconocido por el público. En suma, terminan con las protecciones constitucionales cada vez que el ejecutivo suspenda la ley en nombre de la “seguridad nacional.” Así se oculta al público como funciona el “Estado policial EE.UU.”

La ley de tratamiento de detenidos de 2005

La tortura es política oficial de Estado del gobierno de Bush como su medio predilecto de intimidación, retribución y control social. La Enmienda McCain de Detenidos (contra la tortura) en octubre de 2005, fue un fútil esfuerzo por impedirlo. Fue aprobada y debilitada por la Enmienda Graham-Levin, se convirtió en la Ley de Tratamiento de Detenidos de 2005, y fue agregada a la Ley de Apropiaciones del Departamento de Defensa de 2006. George Bush firmó la legislación y luego pasó a vaciar de contenido sus provisiones respecto a los detenidos en una de sus tristemente notorias “interpretaciones de la ley.” Su lenguaje se otorgó el derecho (sin importarle la ley) de “proteger al pueblo estadounidense de más ataques terroristas” utilizando todos los poderes auto-otorgados como un “ejecutivo unitario” que se coloca por sobre la ley, el Congreso, los tribunales, el pueblo, y la opinión pública mundial.

La forma final de la legislación también fue más lejos. Negó a los detenidos los derechos de habeas, permitió que las fuerzas de EE.UU. utilicen un tratamiento cruel, abusivo, inhumano o degradante en función de los intereses de la “seguridad nacional,” prohibió que los detenidos presentaran demandas como resultado, y permitió que declaraciones obtenidas mediante la coerción sean utilizadas como evidencia contra ellos. También siguió políticas previas al 17 de septiembre de 2001, cuando George Bush firmó un “resultado” secreto autorizando a la CIA a matar, capturar y detener a miembros de al Qaeda en cualquier parte del mundo, entregarlos a prisiones de tortura en lugares negros para ser interrogados, y hacerlo por todos los medios. Desde entonces hasta ahora, la tortura y el abuso han sido procedimientos operativos normales para el gobierno de Bush con la complicidad del Congreso y de los tribunales.

Otra legislación represiva y más

Los Congresos 107, 108, 109 y 110 serán recordados igualmente por haber hecho más que todos los anteriores por adulterar el vigor de la ley y nuestras protecciones constitucionales. Conspiraron con un gobierno ilegal, arruinaron la república, y en el Congreso 109, el 17 de octubre de 2006 se destaca desvergonzadamente como un día que vivirá en la infamia.

La Ley de Comisiones Militares

En una ceremonia en la Casa Blanca, George Bush firmó la Ley de Comisiones Militares (MCA) conocida ahora como “la ley de autorización de la tortura,” pero va más lejos. Otorga al gobierno facultades inconstitucionales extraordinarias para detener, interrogar y procesar a presuntos sospechosos de terrorismo y a cualquiera del que se afirme que lo apoya. También permite que el presidente califique a cualquier persona en cualquier parte del mundo de “combatiente enemigo ilegal” y lo autoriza para arrestar y encarcelar a los acusados indefinidamente en prisiones militares sin requerir evidencia corroborante que pruebe su culpa. La ley estipula respecto a las personas detenidas que “ningún tribunal, juez, jurista, tendrá jurisdicción para oír o considerar alguna demanda o causa para acción que se sea... relacionada con la acusación, el proceso, o el juicio de una comisión militar... incluyendo cuestionamientos respecto a la legalidad de procedimientos de comisiones militares.”

MCA elimina aún más lejos la protección de habeas (que data de 1215 en la Magna Carta) para enemigos interiores y exteriores del Estado, ciudadanos y no-ciudadanos por igual, y dice que “Toda persona es punible... quien... ayude, apoye, asesore, mande, o procure” y al hacerlo ayude a un enemigo extranjero, suministre “apoyo material” a presuntos grupos terroristas, se involucre en espionaje, o cometa otras ofensas previamente tratadas en tribunales civiles.

Otros elementos clave en la ley incluyen:

– la legalización de la tortura contra cualquiera y permite que el presidente decida qué procedimientos serán utilizados, por su propia autoridad;

– niega a los detenidos la protección por el derecho internacional y permite que el ejecutivo lo interprete:

– autoriza al presidente a convocar “comisiones militares” para juzgar a cualquiera que designe como “combatiente enemigo ilegal,” y a mantenerlo indefinidamente en detención secreta;

– niega juicios acelerados o cualquier tipo de juicio;

– permite que evidencia obtenida mediante la tortura o testimonio coaccionado sea utilizada contra los detenidos en procedimientos judiciales;

– permite que se utilice evidencia basada en rumores o secreta; y

– niega el debido proceso, destruyendo la dignidad humana, burlándose del imperio de la ley, establece el principio de la justicia mediante tribunales irregulares y arbitrarios para cualquiera que constituya un objetivo del ejecutivo.

Modificando la Ley de Insurrección de 1807 y terminando con la Protección Posse Comitatus de 1878

El presidente también firmó en privado el 17 de octubre de 2006, la conversión en ley de una provisión oculta en las Secciones 1076 y 333 de la Ley John Warner de Autorización de Defensa Nacional para el Año Fiscal 2007. Modificó la Ley de Insurrección de 1807 y la Ley Posse Comitatus de 1878 que prohíbe el uso de tropas federales y de la Guardia Nacional para el mantenimiento del orden dentro del país, excepto como es permitido constitucionalmente o autorizado expresamente por el Congreso en tiempos de una emergencia nacional como ser una insurrección. El ejecutivo puede ahora afirmar que existe una emergencia nacional, declarar efectivamente la ley marcial, suspender la Constitución por motivos de “seguridad nacional,” y desplegar tropas federales y de la Guardia Nacional en las calles de la nación para reprimir cualquier cosa que llame desorden. Significa que manifestaciones públicas pacíficas garantizadas por la Primera Enmienda y todos los actos organizados de disenso ya no están protegidos constitucionalmente. Tampoco lo está la república en el “Estado policial EE.UU.”

La nueva ley también autoriza al Pentágono para transferir armas y tecnologías avanzadas de control de multitudes a encargados estatales y locales. Es militarizarlos y borrar la distinción entre las agencias federales y locales de mantenimiento del orden como táctica operacional de un Estado policial.

La Ley sobre el Documento de Identidad (Real ID Act) de 2005

El Congreso aprobó la Ley que amenaza la privacidad personal, que se planea que entre en vigor en mayo de 2008, y requerirá que los Estados cumplan con estándares federales de identificación si entra en efecto en la próxima primavera. Actualmente es puesta en duda ya que dos docenas o más Estados aprobaron leyes prohibiendo su uso y se negaron a financiarla.

La ley federal prescribe que cada ciudadano y residente legal de EE.UU. tenga una tarjeta nacional de identidad que en la mayoría de los casos será una licencia de conducir. Requiere que contenga una información personal individual y significa que esta identificación será requerida para abrir una cuenta bancaria, subir a un avión, votar, o realizar virtualmente cualquier otro tipo esencial de actividad.

En el futuro, la ley podría requerir asimismo que la tarjeta contenga un chip informático con tecnología de identificación de frecuencia de radio (RFID) capaz de rastrear todos los movimientos, actividades y transacciones de todo el mundo, en todos los sitios, en todo momento. En otras palabras, con la inclusión de esta tecnología, la tarjeta se convertirá en el sueño de un Estado policial al que se ha conferido poderes (y en una pesadilla orwelliana) para poder controlar todo el tiempo, dondequiera se encuentre, a todo el que la posea.

Sin embargo, la creciente oposición estatal a la ley pone en duda su estado legal. Es porque es costoso establecerla y administrarla, y además creará una pesadilla burocrática. Por lo tanto es probable que no sea adoptada en su forma actual, pero podría ser revisada y reintroducida, así que no hay que contar conque así sea, como algunos están dispuestos a hacer. Ahora mismo, se han presentado medidas en la Cámara y en el Senado para revocarla adoptando estándares nacionales de identificación en otra legislación y aumentar el financiamiento federal correspondiente. De modo que, mirando hacia adelante, el tema de que se otorgue mandato para medidas nacionales de identificación es algo muy actual. Parece que algo aparezca al respecto, como ser una futura ley federal, pero la cura puede ser peor que la enfermedad si los Estados la adoptan para ofrecer al “Estado policial EE.UU.” otro instrumento represivo.

Espionaje omnipresente de los estadounidenses

Bajo George Bush, el espionaje es un pasatiempo nacional, pero no es un chiste. El New York Times informó el 16 de diciembre de 2005 que su gobierno ha estado espiando en secreto a los estadounidenses, sin mandato para hacerlo, desde fines de 2001. Autorizó a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) para que intercepte comunicaciones internacionales de ciudadanos de EE.UU. con vínculos conocidos con al Qaeda, organizaciones “terroristas” relacionadas, o por cualquier otro motivo a su discreción. La operación fue llamada “Programa de Vigilancia del Terrorismo.”

No le importó al gobierno que las escuchas sin causa probable o supervisión judicial violen las protecciones de la Cuarta Enmienda y la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera de 1978 (FISA). En la actual atmósfera, el imperio de la ley ya voló por la ventana, el Congreso y los tribunales condonan esta situación, y ése es el problema.

Volvió a aparecer cuando el Congreso aprobó la Ley Protege EE.UU. de 2007 que modifica FISA con un lenguaje de doble moralidad que Orwell adoraría. Supuestamente apunta a cerrar “brechas de comunicación” pero permitirá un monitoreo virtualmente irrestricto de una masiva minería de datos y la intercepción de Internet interior y extranjero, teléfonos móviles y otra tecnología nueva así como el tránsito del tráfico de llamados telefónicos y correos electrónicos internacionales. La Ley pretende limitar la vigilancia a nacionales extranjeros “de los que se cree razonablemente que se encuentran fuera de EE.UU” y que debe ser renovada. De hecho, la ley apunta a todos, incluyendo a ciudadanos de EE.UU. dentro del país, si el Fiscal General [Ministro de Justicia, N. del T.] o el Director de Inteligencia Nacional afirman que suponen una potencial amenaza terrorista o a la “seguridad nacional,” pero no se requiere evidencia alguna para probarlo.

Esta ley permite el espionaje virtualmente irrestricto, sin mandato legal, de cualquiera por cualquier supuesto motivo de “seguridad nacional.” Por lo tanto deja sin ninguna fuerza legal la noción de pesquisas ilegales y de derechos a la privacidad. Pero eso ya sucedió antes, después del 11-S mediante otras actividades inconstitucionales relacionadas con el control de la libertad de palabra. Una fue la Operación TIPS, de corta vida, que fue abandonada cuando los informantes civiles se negaron a ser espías. Luego, hubo el programa Total Information Awareness (TIA, Conocimiento Total de la Información), rebautizado posteriormente como Conocimiento de Información del Terrorismo, que también terminó bajo presión pero resurgió en una nueva forma, así que continúa el espionaje militar ilegal. El programa TALON formaba parte, para recolectar inteligencia interior mediante una inmensa base de datos concentrada en el “terrorismo” lo que significa que su objetivo es todo el que se oponga legalmente a las prácticas del gobierno de Bush.

MATRIX, sigla en inglés de Programa de Intercambio Multiestatal contra el Terrorismo, es otro nuevo instrumento de minería de datos. Viola nuestra privacidad controlando masivamente las vidas y actividades de la gente de a pie con el pretexto de saber si podría estar involucrada en algún tipo de actividad terrorista o criminal.

La privacidad no es mencionada en la Constitución, pero decisiones de la Corte Suprema la afirmaron como un derecho humano fundamental. Además, está protegida por la Novena Enmienda, y la Tercera Enmienda prohíbe alojar tropas en hogares, la Cuarta prohíbe pesquisas y confiscaciones injustificadas, y la Quinta salvaguarda contra la auto-incriminación. MATRIX y otras leyes intrusivas violan la letra y el espíritu de la ley y permiten la justicia de la Ley Patriota y de la HSA en el “Estado policial EE.UU.”

Ordenes ejecutivas emitidas por George Bush

A George Bush le encanta la cantidad. Lo muestra en presupuestos y gastos, en su cantidad de firmas de explicaciones de la legislación del Congreso, y en más de 250 Órdenes Ejecutivas (EOs) en casi siete años. Una fundamental es considerada a continuación.

17 de julio de 2007 – Orden Ejecutiva (EO): Bloqueando la propiedad de ciertas personas que amenazan los esfuerzos de estabilización en Iraq

La Constitución de EE.UU. no contiene una provisión que otorgue poder a un presidente para crear nuevas leyes mediante decretos unipersonales de orden ejecutiva. Esto nunca que otros las emitieran en el pasado, pero nadie ha abusado de esta práctica más que George Bush quien hasta ahora ha expedido más de 250, y es seguro que habrá más.

Ésta, del 17 de julio es especialmente atroz pero corresponde por su carácter a un presidente que desprecia el derecho y lo demuestra. Comienza diciendo: El poder del presidente proviene de la “la autoridad con la que he sido investido como presidente por la Constitución y las leyes de EE.UU.” así como por la Ley de Poderes Económicos Internacionales, la que también invoca.

La orden sigue diciendo: “... debido a la amenaza poco usual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior de EE.UU. posada por actos de violencia que amenazan la paz y la estabilidad de Iraq y el sabotaje de esfuerzos por promover la reconstrucción económica y la reforma política en Iraq y por suministrar ayuda humanitaria al pueblo iraquí,” George Bush usurpó, de hecho, inconstitucionalmente la autoridad para criminalizar el movimiento contra la guerra, ilegalizar el derecho a protestar según la Primera Enmienda, y se otorgó el poder para confiscar los activos de personas que violen este decreto.

Mediante esta acción, el presidente violó una vez más, por su propia autoridad, la Constitución, criminalizó el disenso, y acercó un paso más la nación a la tiranía en el “Estado policial EE.UU.”

El secreto como política bajo George Bush

En noviembre de 2001, George Bush firmó la Orden Ejecutiva 13233: Ley de Implementación Ulterior de los Archivos Presidenciales. Al hacerlo, estableció una política oficial de secreto gubernamental en violación de la Ley de Archivos Presidenciales de 1978, de la Ley de Libertad de la Información de 1974, y de la advertencia en 1822 de James Madison de que “Un gobierno popular, sin información popular, o los medios de obtenerla, no es más que un Prólogo para una Farsa o una Tragedia, o tal vez las dos cosas.” También violó la decisión en 1977 de la Corte Suprema en “Nixon contra el Administrador de Servicios Generales” que dictaminó que el “privilegio ejecutivo” está sujeto a “erosión con el pasar del tiempo” después de que un presidente deja el poder, y el Congreso decidió que pocas o ninguna de las comunicaciones de un ejecutivo con sus asesores debiera permanecer secretas después de 12 años.

El secreto amenaza la democracia porque evita la responsabilización y otorga poder para un presidente imperial mucho más allá de aspectos de seguridad nacional justificables. Por su propia autoridad, George Bush fijó límites a los archivos presidenciales, la Ley de Libertad de la Información, y a una sociedad libre y abierta, otorgándose el poder de clasificar información para la seguridad nacional y crear toda una nueva serie de categorías llamadas información “confidencial” que incluye todo lo que él determine. El resultado es que la cantidad de información confidencial se duplicó desde 2001 y que los esfuerzos por desclasificar material fueron detenidos invocando el privilegio de “Secretos de Estado” para evitar cuestionamiento en los tribunales. Esas acciones caracterizan a los Estados policiales y representan otra amenaza para una sociedad libre y abierta bajo un gobierno que desprecia el derecho y opera libremente, sin limitaciones.

La Ley de Actos de Terrorismo contra Empresas de Animales (AETA)

El 27 de noviembre de 2006, George Bush promulgó AETA para modificar la Ley de Protección de Empresas de Animales de 1992. La nueva Ley tiene un lenguaje amplio y vago para criminalizar actividades según la Primera Enmienda que propugnan los derechos animales como ser protestas pacíficas, panfletos, investigaciones encubiertas, denuncias y boicots. El que la propugnación de la protección de animales se convierta en un crimen muestra el extremo al que han llegado las cosas.

Bajo la antigua ley, todo el que era declarado culpable de una alteración física que cause 10.000 dólares en daños a una empresa de animales era objeto de una multa de 10.000 dólares o encarcelamiento desde 10 años a cadena perpetua. La nueva AETA es aún más dura con penas que exceden de lejos ofensas comparables bajo otras leyes. Expande la Ley original cambiando la actividad “con el propósito de causar alteración física” a acciones “con el propósito de dañar o alterar” una empresa de animales. En este caso, “alteración” significa cualquier actividad que resulte en “pérdidas y pérdidas aumentadas” por sobre 10.000 dólares debido a protestas pacíficas, a boicots de consumidores, a la propugnación de reformas de prácticas dañinas, o que un denunciante haga lo mismo.

La Ley también va más lejos. Permite una más amplia vigilancia de organizaciones de derechos animales que incluya escuchas telefónicas y hace más fácil que un tribunal encuentre causas probables para el vago crimen de daño económico o alteración que evidencia concreta de que una persona o grupo planeen cometer esos actos.

La ley exceptúa “la reacción legal pública, gubernamental, o empresarial a la revelación de información sobre una empresa de animales,” pero esa provisión sólo se aplica a las afirmaciones de alteración económica, no al daño y dificulta la distinción entre las dos. Además, AETA:

– expande el tipo de instalaciones comprendidas, agregando las que usan o venden animales o productos animales;

– cubre a toda persona, entidad u organización que tengan una conexión con una empresa de animales;

– se aplica a toda forma de propugnación;

– criminaliza la conducta amenazante y el lenguaje protegido así como la comunicación con individuos que se involucren en estas prácticas; e

– incluye potencialmente toda forma de comunicación como ser el envío de correos electrónicos a través de las fronteras de Estados para boicotear actividades abusivas con animales;

– Protege a abusadores corporativos de animales con interés creado en el silenciamiento del disenso; y

– efectivamente identifica toda forma de desobediencia civil o actividad de protesta y estigmatiza a defensores de los animales como terroristas aunque nada de lo que hagan cause daño físico; aún peor, el lenguaje de la ley es tan amplio y vago que es difícil conocer la diferencia entre una conducta legal y otra ilegal; esta Ley es otro clavo en el ataúd de la libre expresión, del imperio de la ley en una sociedad libre, y del derecho de todos de ser protegidos por la ley, no de convertirse en sus víctimas.

La Ley para la Prevención del Radicalismo Violento y el Terrorismo Autóctono de 2007 (HR 1955)

La Cámara aprobó por abrumadora mayoría el 23 de octubre esta medida que algunos observadores llaman “la ley de prevención del crimen de pensar.” Ahora está en el Senado (S 1959) y si es aprobada y firmada por George Bush establecerá una comisión y un Centro de Excelencia para estudiar y actuar contra “criminales del pensamiento.” La comisión tendrá poder para citar legalmente e investigar a cualquiera, lo que creará automáticamente una percepción de culpa que podrá ser destacada en los medios para aumentar su énfasis.

Esta Ley constituye un ataque directo contra las libertades democráticas en la actual atmósfera, en la que ambos partidos y el Presidente están determinado a terminar con ellas. El lenguaje de la ley oculta su posible propósito ya que “radicalismo violento” y “terrorismo autóctono” pueden ser todo lo que el gobierno diga que representan. El “radicalismo violento” es definido como “la adopción o promoción de un sistema extremista de creencias (para facilitar) la violencia basada ideológicamente, para hacer prosperar el cambio político, religioso o social.” El “terrorismo autóctono” es utilizado para que signifique “el uso, la planificación del uso, o la amenaza del uso, de fuerza o violencia por un grupo o individuo nacido, criado, o basado y operando primordialmente dentro de EE.UU. o en cualquiera posesión (de EE.UU.) para intimidar o coercer al gobierno (de EE.UU.), a la población civil... o a cualquier segmento de ella (para impulsar) objetivos políticos o sociales.”

Ésta y otras leyes represivas pueden ser utilizadas contra cualquier individuo o grupo con puntos de vista impopulares – los que difieren en la política establecida del Estado, incluso ilegales, y el historiador Howard Zinn está preocupado. Dice: “Es la más reciente en una larga serie de leyes aprobadas en tiempos de tensiones de política exterior, comenzando con las Leyes de Extranjeros y Sedición de 1798, que envió a gente a la cárcel por criticar al gobierno de Adams.” Bajo Woodrow Wilson en la Primera Guerra Mundial, las Leyes de Espionaje y Sedición encarcelaron a cerca de mil personas que se pronunciaron contra la guerra.” Desde HR1955 y otras leyes posteriores al 11-S, las autoridades tienen ahora el mismo poder para atacar a manifestantes contra la guerra o a todo el que exprese puntos de vista que sólo esta Ley llama “propaganda relacionada con el terrorismo.” Personas acusadas y declaradas culpables enfrentan duros castigos en un esfuerzo por disuadir a otros. Esta medida es otro paso más hacia una tiranía hecha y derecha en el “Estado policial EE.UU.”

Secciones 1615 y 1622 de la Ley de Autorización de la Defensa 2008

Estas provisiones autorizan al Departamento de Defensa para militarizar el país bajo la ley marcial fusionando a los militares con el mantenimiento del orden estatal y local durante una emergencia nacional descrita como “un incidente de importancia nacional o un incidente catastrófico.” También otorga al Secretario de Defensa poder extraordinario para determinar qué capacidades militares son necesarias, para suministrarlas a “componentes activos y de la reserva de las fuerzas armadas para misiones de defensa del interior, reacciones interiores de emergencia, y (suministrar) apoyo militar a autoridades civiles (durante) por lo menos cinco años.”

La Ley designa al presidente del Estado Mayor Conjunto para que revise las posiciones civiles, reservistas y militares de NORTHCOM y aumente su cantidad en preparación para un potencial evento catastrófico que requiera “misiones de defensa del interior, reacción interior de emergencia, (y la necesidad de) apoyo militar a autoridades civiles.”

La Sección 1622 establece luego un Consejo de Gobernadores para que asesore a los Secretarios de Defensa y de Seguridad Interior y a la Casa Blanca “en asuntos relacionados con la Guardia Nacional y misiones de apoyo civil.”

La Ley es una prueba más del “Estado policial EE.UU.” Establece un aparato de ley marcial a ser utilizado en caso de un “evento catastrófico” de cualquier tipo y otorga poder al presidente o al vicepresidente bajo NSPD-51 para implementarla en una “emergencia nacional” sin aprobación del Congreso.

Operación FALCON – el Estado policial EE.UU. en tiempo real

Mike Whitney ganó un Premio del Project Censored en 2008 por su artículo de febrero de 2007 intitulado “La Operación FALCON y el Estado policial que se avecina.”

En él, informa de que el gobierno de Bush “realizó tres masivas redadas en los últimos dos años, arrestando a más de 30.000 pequeños delincuentes y criminales” que califica de “anteproyecto para remover a disidentes y rivales políticos” recordatorio de Alemania nazi o de cualquier otro Estado policial represivo. Gran parte del público lo ignora y no se preocupa. Todos debiéramos preocuparnos. Whitney alza una “bandera roja para todo el que se interese por los derechos humanos, las libertades civiles, o simplemente por salvar su propia piel.”

La sigla FALCON de la operación quiere decir “Polis federales y locales organizados a nivel nacional” y provino de los think tanks derechistas y del Departamento de Justicia de Bush “donde fantasías de gobierno autocrático tienen una larga historia” y ahora tienen lugar en tiempo real. El plan centraliza el poder en Washington y utiliza recursos de autoridades locales para sus propias intenciones.

Whitney traza su breve historia comenzando en la semana del 4 al 10 de abril de 2005, cuando más de 10.000 presuntos criminales fueron arrestados en “la mayor redada criminal en la historia de la nación” en una “sola iniciativa.” Su objetivo era la “cantidad,” no la “calidad,” pero Whitney se pregunta por qué involucró a los Federales en el trabajo policial local y sugirió que tenía que ver con algo más siniestro “que la simple seguridad pública.” Su respuesta es que “refuerza los poderes del ejecutivo ‘unitario’” dando a Washington poder sobre el mantenimiento del orden local, y eso tiene perfecto sentido bajo un gobierno obsesionado por el deseo de tener un control indisputable.

La Operación FALCON II siguió una semana después, desde el 17 al 23 de abril y arrestó a otros 9.037 “presuntos fugitivos.” La última, FALCON III, fue del 22 al 28 de octubre de 2006, con otros 10.773 arrestos. Cada redada fue igual y se concentró en presuntos tipos criminales que no eran típicos para una operación federal, así que es obvio que había otro motivo. Además, ninguno de los arrestados fue acusado de un crimen relacionado con el terrorismo, y eso sólo ya es sospechoso. Whitney lo pensó y calificó a FALCON de “nuevos ejercicios para un nuevo orden mundial” que libra una guerra permanente, profana la ley, ignora los controles y equilibrios, revoca el habeas, y espía ilegalmente a todos.

Los musulmanes y las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE)

Mientras FALCON apuntaba a pillos y criminales banales, los musulmanes son las principales víctimas de la “guerra contra el terrorismo” del gobierno. Después del 11-S, miles fueron implacablemente acosados y perseguidos mediante la caza de brujas en redadas masivas, detenciones, procesamientos y deportaciones. Sus activos fueron congelados, e inmigrantes legales entre ellos fueron sometidos a audiencias sobre su condición en tribunales federales secretos de inmigración, y los que fueron considerados culpables de menores infracciones en el pasado fueron detenidos ilegalmente o devueltos a sus países de origen donde enfrentaban la posibilidad de arresto y tortura.

A otros les fue aún peor y se convirtieron en prisioneros políticos. El profesor Sami Al-Arian fue uno de ellos por su fe, creencias y activismo. Refugiado palestino, erudito, académico, líder comunitario, activista cívico, y defensor de la libertad y la justicia para su pueblo, se convirtió en un objetivo del gobierno de Bush. Su vía crucis comenzó cuando fue arrestado en febrero de 2003, y acusado injustamente de apoyo al terrorismo, conspiración para cometer asesinato, crimen organizado, apoyo material a un grupo ilegalizado, extorsión, perjurio y otras ofensas que resultaron ser falsas en su juicio subsiguiente en el que fue absuelto. Pero sigue encarcelado bajo duras condiciones, mientras el Departamento de Justicia de Bush busca medios de retenerlo.

Otra víctima fue el doctor Rafil Dhafir, musulmán-estadounidense de ascendencia iraquí y oncólogo practicante hasta que suspendieron su licencia. Fue declarado culpable en un desvergonzado juicio por un tribunal arbitrario de 59 de 60 acusaciones amañadas de violación de la Regulaciones de Sanciones Iraquíes (IEEPA) por utilizar sus propios fondos y los que pudo reunir a través de su obra benéfica Help the Needy para llevar ayuda humanitaria esencial para la vida a iraquíes bajo las sanciones. Ahora sirve una sentencia de 22 años en una “Unidad de Administración de Comunicaciones” especial en Terre Haute, Indiana, para musulmanes y árabes, por su “crimen de compasión” (vea dhafirtrial.net, Katherine Hughes) donde, como Sami Al-Arian, es un prisionero “trofeo” del gobierno de Bush en la “guerra contra el terrorismo.”

Inmigrantes latinos indocumentados también han sido el objetivo de tropas de asalto del ICE con mandato para hacerlo. La agencia fue establecida en marzo de 2003, como el mayor brazo investigador y de seguridad del Departamento de Seguridad Interior, encargado de proteger la seguridad pública identificando y apuntando a amenazas “criminales” y “terroristas” contra el país. En la mayoría de los casos, son víctimas inocentes del NAFTA y del comercio globalizado que llegan al norte para sobrevivir. El ICE les corta el paso en la frontera, los persigue implacablemente cuando llegan al país, y se jacta de lo bien que su presupuesto multimillonario le permite realizar un reino de terror contra gente vulnerable.

Los ataques contra los sitios de trabajo continúan, y el 3 de octubre, el ICE dice que juntó y deportó (o deportará) a más de 1.300 “extranjeros criminales, fugitivos de la Inmigración y violadores de la Inmigración” en la “mayor operación” de su tipo “de todos los tiempos” en el área de Los Ángeles. En su mayoría eran mexicanos, pero algunos provenían de otros 30 países, y el ICE los calificó de “violadores de la Inmigración.” Son objetivos del gobierno de Bush en su “guerra contra el terrorismo” que pronto podría venir a buscarnos a nosotros, estadounidenses.

Preparativos del Estado policial EE.UU.

En la actualidad, el disenso es una especie en peligro, y se realizan preparativos para detenciones masivas en la “guerra contra el terrorismo” que apuntan a cualquiera que sea considerado como amenaza. Halliburton es el beneficiario de un contrato de contingencia del DHS por un valor de casi 400 millones de dólares para construir campos de “detención y procesamiento” basados en EE.UU. en caso de una “emergencia por el influjo de inmigrantes... o para apoyar el rápido desarrollo de nuevos programas para instalaciones de expansión (planificadas) para (cualquiera con una capacidad de 5.000 o más personas).”

Este lenguaje es la tapadera para campos de concentración planificados basados en EE.UU. para todo el que sea marcado como enemigo del Estado o amenaza para la “seguridad nacional.” El plan es evidente: tener instalaciones preparadas si se declara la ley marcial, y hay numerosas razones para temer que suceda. ¿Por qué otro motivo preparan estos campos, y por qué aprueban todas las leyes represivas, EOs, NSPDs, y HSPDs si no hubiera una intención?

El Pentágono ya está listo con un plan de acción del Departamento de Defensa llamado “Estrategia para la Defensa Interior y el Apoyo Civil.” Prevé una “defensa activa, estratificada” dentro y fuera del país que promete “transformar las fuerzas militares de EE.UU. para ejecutar misiones de defensa en el interior en el... interior de EE.UU.” Plantea una estrategia para más rastreo y vigilancia para “derrotar a potenciales contrincantes antes de que amenacen a EE.UU. También “maximiza la conciencia de la amenaza y arrebata la iniciativa a los que nos amenazarían.”

Son sucesos aciagos que sugieren un ataque terrorista interior probablemente real o fraguado suficientemente severo como para justificar la suspensión de la Constitución y la declaración de la ley marcial con la aprobación del público por temor. Si ocurre, cualquiera podrá ser un objetivo como amenaza para la “seguridad nacional,” ser detenido indefinidamente en un campo, sin que se requiera evidencia alguna como prueba. El Estado y los militares tendrán el poder legal para actuar preventivamente mediante redadas y detenciones masivas, lo que parece ser el motivo para las tres operaciones de ensayo FALCON.

La militarización generalizada del país ya es legal bajo la “emergencia nacional de seguridad” de 1988 del gobierno de Reagan, EO 12656. Estaba hecha para “toda ocurrencia, incluyendo desastre natural, ataque militar, emergencia tecnológica u otra, que degrade o seriamente amenace la seguridad nacional de EE.UU.” El “Estado policial EE.UU.” ha estado en preparación desde hace mucho tiempo, y ahora podría estar cerca del punto de ebullición.

El papel de Blackwater USA en el Estado policial EE.UU.

La mayor parte de la gente sabe de Blackwater pero no como opera. Más vale que lo sepamos porque viene a un vecindario cerca de cada cual, y eso significa problemas. El autor Jeremy Scahill escribió el libro sobre la compañía que llama “el ejército mercenario más poderoso del mundo” y la describe como “una tenebrosa compañía mercenaria (que emplea) a algunos de los más temidos asesinos profesionales del mundo, acostumbrados a operar sin preocupación por las consecuencias legales (y) muy fuera del radar del Congreso.” Tiene amigos en los puestos importantes que le dan “notable poder y protección dentro del aparato bélico de EE.UU.” con una licencia de impunidad para practicar la violencia callejera, incluyendo asesinatos a sangre fría dondequiera despliega a sus paramilitares.

Por ahora, es sobre todo en el extranjero, y la controversia sobre la compañía se hizo pública después de que sus mercenarios mataron a una docena o más de iraquíes e hirieron a docenas más en al-Nisour el 16 de septiembre. Fue el último incidente que involucró a una compañía con una historia inquietante de violencia no provocada y que luego pretende que lo hizo en autodefensa. Blackwater es contratada para suministrar servicios de seguridad para diplomáticos, funcionarios, y otros de EE.UU., que solían ser asignados a los militares a un coste de un sexto o menos de lo que la compañía cobra bajo un gobierno que cree que todo lo que pueda hacer el gobierno lo pueden hacer mejor las empresas privadas, cueste lo que cueste.

La utilización de Blackwater y de otras paramilitares forma parte del plan para militarizar EE.UU., y Nueva Orleans fue sólo el primer ensayo. Scahill escribe que “unos 150 soldados de Blackwater fuertemente armados y totalmente vestidos con ropa de combate” llegaron a “The Crescent City” inmediatamente después del huracán Katrina y se esparcieron por el caos ciudadano. Otros llegaron más tarde. Su tapadera era proveer ayuda por el huracán, pero era una treta como descubrieron pronto los residentes locales que permanecían en los lugares equivocados. Patrullaron, como la Gestapo, en vehículos todo terreno sin identificación, y su tarea no era prestar ayuda. Iban a apoderarse de los vecindarios a costas de sus residentes legales y a tratar a los que trataban de volver como criminales. Llevaban chalecos antibalas, armas automáticas y tenían pistolas adicionales atadas a sus piernas. No iban para darse tono.

En lugar de ayudar a las víctimas del huracán, llegaron como vigilantes para aterrorizarlas, y las autoridades federales, estatales y locales les habían dado el poder para hacerlo. Blackwater USA es la cara del paramilitarismo en las calles de EE.UU. mientras la “guerra contra el terrorismo” llega a un vecindario cercano, y Nueva Orleans fue el primer ensayo para ver si la compañía puede operar allí del modo como lo hace en Iraq y salirse con la suya. Lo está logrando.

Más de un año después de Katrina, Nueva Orleans sigue siendo una zona de desastre, y muchos miles de sus residentes siguen sin casas. En lugar de ayudarles a reconstruir y restaurar sus vidas, los fondos federales van a mercenarios privados para proteger a los privilegiados contra gente desesperada que necesita ayuda. Blackwater es otro elemento establecido en el “Estado policial EE.UU.” donde las calles de Boston, Boise o Buffalo pueden parecerse un día a Bagdad y llevar la “guerra contra el terror” al interior con escalofriantes implicaciones de lo que significa.

Una mirada hacia el futuro en el Estado policial EE.UU.

Este artículo comenzó y terminará con el mismo pensamiento escalofriante. Su pasado es el prólogo, y la perspectiva no es buena en el “Estado policial EE.UU.” bajo el régimen neoconservador que no cambiará apreciablemente cuando la Casa Blanca tenga un nuevo ocupante en 2009. La nación está en guerra y hay leyes que terminan con las protecciones constitucionales, militarizan el país, reprimen el disenso, y nuestro gobierno ha recibido el poder necesario para aplastar la libertad y defender los privilegios contra cambios sociales beneficiosos que no tolerará. Es el precio de la arrogancia imperial que nosotros, el pueblo, estamos pagando, y que no terminará hasta que el espíritu de resistencia se despierte suficientemente para detenerla en nuestra propia autodefensa. Más vale que esperemos que suceda a tiempo, ya que potencialmente queda poco.

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Stephen Lendman es Asociado Investigativo del Centro de Investigación sobre la Globalización. Vive en Chicago. Para contactos, escriba a: lendmanstephen@sbcglobal.net.

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