"Perú no se debe convertir en refugio de prófugos"

TeleSUR
10/05/09

El Gobierno de Bolivia ha manifestado preocupación por el asilo político concedido por Perú al ex ministro de Desarrollo Económico de esa nación, Jorge Torres, acusado por crímenes de lesa humanidad en su país, según expresó este domingo el embajador boliviano en Venezuela, Jorge Alvarado.

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En entrevista concedida a TeleSUR, Alvarado consideró que la preocupación de su país se debe a que Perú no debe convertirse en refugio para prófugos de la Justicia boliviana, ya que otros ex ministros del Gobierno del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada también ha solicitado asilo en ese país.

"Estamos muy sorprendidos y preocupados por lo que comunica la prensa y el mismo ministro de Relaciones Exteriores del Perú, que ha indicado de que ya se habría dado asilo político a un ex ministro del Gobierno de Sánchez de Lozada, que en el año de 2003 han cometido una matanza masiva, un delito de genocidio de lesa humanidad", expuso Alvarado.

El diplomático boliviano recordó que el ex presidente Sánchez de Lozada y su ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, luego de conocer que serían enjuiciados por genocidio, huyeron a Estados Unidos, donde actualmente se encuentran luego de haber logrado.

Incluso, detalló que Estados Unidos ya le otorgó asilo político a ambos, por lo cual no ha tenido efecto la extradición solicitada en reiteradas ocasiones por el Gobierno boliviano, ya que el refugio otorgado por la administración estadounidense está por encima de cualquier solicitud de ese tipo.

"Nosotros hemos solicitado la extradición de tanto de Sánchez de Lozada como de Sánchez Berzain . Pero con esta posición que Estados Unidos está encubriendo a éstos genocidas", puntualizó Alvarado en diálogo con TeleSUR.

En ese sentido, indicó que ahora se repite la situación en Perú, "lo cual nos preocupa porque creemos que un país latinoamericano, un país vecino que tenga que encubrir a personas que han cometido delitos de lesa humanidad no se les puede dar un asilo político".

Argumentó que ninguno de los ex ministros de Sánchez de Lozada, incluso el propio ex presidente, son perseguidos políticos, por lo tanto no corresponde que país alguno les otorgue un asilo político.

"Ellos están siendo enjuiciados en Bolivia por delitos de genocidio, que han costado la vida de 65 compatriotas en El Alto, en el departamento de La Paz en el año 2003", insistió el embajador boliviano.

Asimismo, aseveró que el Gobierno de Bolivia sigue muy de cerca los respectivos casos, luego de que por declaraciones del canciller de Perú, José García Belahunde, sobre el asilo político Torres, pero que también ya están en territorio peruano la ex ministra de Participación Popular, Mirta Quevedo, y el ex ministro de Gobierno, Yerko Kukoc.

Alvarado resaltó que el ex ministro de Gobierno de Sánchez de Losada huyó de Bolivia con una cuantiosa suma de dinero extraída del despacho que estaba a su cargo.

"Manifestamos nuestra extrañeza y preocupación por ésta actitud que está tomando el Gobierno del Perú. No quisiéramos entender que Perú se está convirtiendo en un refugio de prófugos de la Justicia de Bolivia y de Latinoamérica", enfatizó.

Además aseguró que Bolivia está interesada en mantener buenas relaciones con Perú, pero las mismas serán revisadas por la actitud del Gobierno de ese país al otorgarle asilo político a acusados de delitos de lesa humanidad por la Justicia boliviana.

"Quisiéramos mantener buenas relaciones con un país vecino, que históricamente nos une con Perú, pero éste tipo de actitudes, pienso, debe llevar al Gobierno de Bolivia su relación con Perú, porque no podemos permitir que se tenga que dar un asilo político a personas que están siendo enjuiciadas en Bolivia por delitos de lesa humanidad", sentenció Alvarado.

El asilo otorgado al ex ministro boliviano se ha convertido en el segundo que otorga Perú en las últimas semanas, pues el pasado 27 de abril aceptó un pedido similar del ex alcalde venezolano y prófugo de la Justicia venezolana, Manuel Rosales.
La medida a favor de Rosales, acusado de corrupción y malversación de fondos en su país, provocó la molestia del Gobierno venezolano y la retirada de su embajador en Lima, la capital peruana.

Descubrimiento de red terrorista

Al mismo tiempo, el embajador boliviano en Venezuela se refirió a la red terrorista parcialmente desmantelada por las autoridades de su país, la cual, aseguró, fue financiada por grupos de poder establecidos en el departamento de Santa Cruz (este).

Reiteró que la red desmantelada era integrada por ciudadanos bolivianos y extranjeros que se hospedaban en lujosos hoteles de Santa Cruz, y destacó que en uno de esos establecimientos no se encontró registro de los nombres de los irregulares huéspedes, así como tampoco facturas de pago.
"Incluso, lo último que conocemos es de que ellos (terroristas) estuvieron en un hotel en el que no se conocen facturas ni registro de sus nombres", dijo.

Al respecto, explicó que el hospedaje no se canceló en efectivo, sino a través de una transacción con una empresa con la que la administración del hotel mantenía deudas, la cual solicitó alojar a los terroristas sin registrarlos.

"Eso ya se está definiendo como una red en Bolivia, de bolivianos, de gente de Santa Cruz, que ha estado apoyando y financiando a éstos terroristas", sostuvo Alvarado.

Recordó que Eduardo Rózsa Flores, ciudadano croata-boliviano de origen húngaro, quien dirigía al grupo terrorista, "dijo en una declaración en Hungría que él estaba viniendo a Bolivia para liberar a Santa Cruz, es decir, para que Santa Cruz se separe de Bolivia".

Subrayó que los hechos han demostrado que evidentemente había la intención de dividir el país, no solamente Santa Cruz, sino incluidos también los departamentos de Beni, Pando y Tarija, que constituyen la zona más rica en recursos naturales e hidrocarburos, la zona de mayor producción agrícola y casi el 50 por ciento del territorio nacional boliviano.

Más temprano, el presidente boliviano, Evo Morales, advirtió a su homólogo peruano, Alán García, de no cometer el "grave delito" de conceder asilo a los ex ministros del ex mandatario Gonzalo Sánchez de Lozada acusados por violaciones de lesa humanidad.

"Si el Gobierno peruano concede asilo o refugio estaría cometiendo un grave delito, porque hemos revisado las normas del Estado peruano y no pueden (dar asilo) a personas que han cometido delitos de lesa humanidad y que están imputados", afirmó Morales en un acto en la vecina ciudad de El Alto.