Gobierno rechaza participación de Colom en asesinato de abogado y denuncia conspiración

EFE/ADN
12/05/09

El Gobierno guatemalteco negó hoy la participación del presidente Álvaro Colom en el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg y atribuyó a una "conspiración" para desestabilizar al país las acusaciones en su contra.

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El portavoz de la Presidencia, Fernando Barillas, dijo que la divulgación de un vídeo y un supuesto escrito de la víctima en los que responsabiliza a Colom y sus más cercanos colaboradores de su muerte pretende crear una situación de zozobra en Guatemala.

En la grabación, cuyas copias circularon hoy durante las exequias de Rosenberg, y que han sido colgadas en los portales en Internet de los principales medios locales del país, se observa al abogado sentado en un escritorio explicando las razones por las cuales habría sido ordenado su asesinato.

Barillas leyó un comunicado en el que el Gobierno condena el asesinato del abogado y presenta las condolencias a la familia, y aseguró que se ha pedido la colaboración de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en la investigación y esclarecimiento del crimen, ocurrido ayer.

"En aras de que la verdad salga a la luz, el Gobierno está dispuesto a pedir apoyo a cualquier país u otro organismo internacional para que se aclare el crimen", subrayó.

"Se rechaza categóricamente cualquier acusación que a través de una grabación se está distribuyendo en los medios" y que trata de crear una crisis en Guatemala, añadió Barillas.

Según el vocero presidencial, el caso debe ser investigado por el Ministerio Público.

Y aseguró que el Gobierno del presidente Colom está enfrentando una lucha abierta contra el crimen organizado y que no se detendrá.

"Por esa razón algunos sectores están asesinando a hombres y mujeres con el fin de generar psicosis", señaló, aunque sin identificar a los responsables.

Fernando Barillas enfatizó que tanto el vídeo como la declaración escrita, documentos supuestamente dejados por la víctima, deberán ser analizados "con mucho detenimiento".

"Son delitos muy graves que son penados severamente por la ley y atentan contra el Estado de Derecho y la democracia" y el Gobierno "condena la utilización malintencionada con fines de desestabilización", sostuvo el portavoz.