Rice y otros dos responsables aprobaron las torturas en los interrogatorios de la CIA

IAR Noticias
23/04/09

Condoleezza Rice y otros altos responsables de la Administración de George W. Bush aprobaron en el verano de 2002 la utilización de torturas en los interrogatorios de la CIA a sospechosos de terrorismo.

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Entre las técnicas que consintieron estaba la conocida como "waterboarding" o ahogamiento simulado, considerado tortura por las organizaciones defensoras de Derechos Humanos y por el actual Gobierno de Barack Obama.

Nuevos documentos hechos públicos por el Comité de Inteligencia del Senado, que investiga estas torturas, y desclasificados por el fiscal general, Eric Holder, indican que al menos una docena de miembros de la Administración Bush estaban presentes cuando el director de la CIA u otros responsables explicaron exactamente qué técnicas podrían usarse y cómo usarlas, según informa "The Washington Post".

Rice dio luz verde a estos métodos cuando, como consejera de Seguridad Nacional, se reunió el 17 de julio de 2002 con el entonces director de la CIA, George J. Tenet, al que dijo que la agencia "podía proceder con estos interrogatorios contra Abu Zubaida", uno de los presuntos terroristas que sufrieron estas torturas, pero debía ser aprobado por el Departamento de Justicia.

Abu Zubaida, palestino nacido en Arabia Saudí cuyo nombre real es Zayn al Abidin Muhamed Husein, fue capturado en Pakistán en marzo de 2002. Fue el primer detenido "de gran valor" bajo custodia de la CIA, como llamaban a los presos que se creía podían tener una información relevante para evitar ataques terroristas.

Rice y otras cuatro autoridades del Gobierno de Bush fueron informadas por primera vez de "métodos alternativos de interrogatorio, incluido el "waterboarding"" en mayo de 2002, según revelan los nuevos documentos.

Reunión para informar de las técnicas

Un año después, en julio de 2003, la CIA informó a Rice, al ex vicepresidente Dick Cheney, al ex fiscal general John D. Ashcroft, al entonces consejero de la Casa Blanca Alberto Gonzales, y al ex asesor legal del Consejo de Seguridad Nacional John B. Bellinger III sobre el uso del "waterboarding" y otros métodos calificados como torturas por los grupos defensores de Derechos Humanos.

"No fue un diálogo abstracto. Fueron conversaciones detalladas y específicas. Es una gran evidencia del papel que tuvieron altos responsables de la Administración", denunció Jameel Jaffer, director del Proyecto de Seguridad Nacional en la organización Unión de Libertades Civiles de América.

En aquel momento, julio de 2003, Estados Unidos ya había capturado a Jalid Sheij Mohamed, el supuesto "cerebro" de los atentados del 11-S y contra el que los agentes de la CIA utilizaron el "waterboarding" hasta en 183 ocasiones en marzo de ese año, según destacan los documentos sobre los interrogatorios que ha desclasificado el Departamento de Justicia en los últimos días.

Powell y Rumsfeld lo supieron más tarde

En los informes no consta que los entonces secretarios de Estado y Defensa, Colin Powell y Donald Rumsfeld, respectivamente, supieran de las nuevas tácticas antes de septiembre de 2003. "A no ser que haya otra historia que no nos hayan enseñado, el secretario de Estado y el secretario de Defensa no estuvieron implicados en el proceso de toma de decisiones", explicó el senador John Rockefeller IV, miembro del Comité que investiga las torturas.

Todos los nuevos ex altos cargos que han aparecido en los últimos documentos desclasificados han evitado hacer comentarios al respecto, informa "The Washington Post".

En otoño de 2002, cuatro congresistas, incluida la demócrata Nancy Pelosi, actualmente presidenta de la Cámara de Representantes, fueron informados, de forma secreta, de las nuevas técnicas de tortura que aplicaba la CIA, incluido el "waterboarding".

La propia Pelosi ha confirmado, sin embargo, que en esa fecha fue informada "sobre técnicas de interrogatorio que la Administración estaba considerando utilizar en el futuro" y que el Gobierno "notificó que el asesor legal de la CIA y el Departamento de Justicia habían concluido que las técnicas eran legales".