Asesinan a paramilitar que acusó a Uribe de matanza campesina

EFE/TeleSUR
23/04/09

Un ex paramilitar que relacionó al presidente colombiano Álvaro Uribe con una masacre de 15 campesinos fue asesinado en una localidad cercana de Medellín (centro), según la policía de esa ciudad.

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Cristian Barreto, alias Francisco Enrique Villalba, fue tiroteado por desconocidos en una calle de la localidad La Estrella, en la que se había residenciado tras recibir el beneficio judicial de arresto domiciliario por problemas médicos.

El caso está siendo investigado, según explicó el Comando de la Policía Metropolitana de Medellin.

En vida Villalba formó parte del Bloque Norte de las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), supuestamente desmovilizadas en 2006 tras un acuerdo con el gobierno de Uribe, que llevó a unos 31 mil paramilitares a dejar las armas.

No obstante, denuncias recientes indican el resurgimiento de este y otros grupos armados al margen de la ley.

Francisco Enrique Villalba había sido detenido hace casi 10 años, y fue condenado a 33 años y cuatro meses de prisión por la matanza en 1997 de 15 campesinos en El Aro, caserío rural de Ituango, en el departamento Antioquia, del que Medellín.

Fue por este caso que en 2008 el ahora occiso acusó a Uribe y su hermano Santiago de haber participado en la matanza en un testimonio ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Versiones de la prensa colombiana explican que el testimonio de Villalba sobre Álvaro Uribe fue desestimado por la CSJ por no tener competencia y por dudas de credibilidad.

Después, Villalba se retractaría de su testimonio inicial contra el mandatario conservador a través de una supuesta carta que llegó al Palacio de Nariño y que él escribió desde la cárcel donde le pedía perdón a Uribe por "mancillar" su nombre.

"Quiero pedirle perdón a usted, por haber mancillado su nombre y ponerlo en la palestra pública", escribió en esa oportunidad el AUC.

Más tarde, fue incluido en la lista de los presos amparados por la Ley de Justicia y Paz, creada para desmovilizados de las AUC, y que establece penas de sólo cinco a ocho años por crímenes atroces. Se ha propuesto que se permita acceder a los beneficios de esta ley también a los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pedido que no ha sido admitido.