Una mirada distinta al proceso boliviano

Revista Fusión
10/02/09

Entrevista al economista Alberto Montero Soler

¿Qué representa para el pueblo boliviano la aprobación de esta Constitución?

Para el pueblo boliviano esta Constitución representa un paso adelante muy importante en la ruptura con un orden que, a pesar de que revestía apariencia democrática, no era tal.

Y es que no se puede considerar democrático un orden político y legal que mantiene a la mayor parte de la población (en este caso, la de origen indígena) fuera de la toma efectiva de decisiones del país, sin capacidad para incidir en los factores que, en definitiva, marcan sus posibilidades y condiciones vitales.

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En este sentido, la nueva Constitución supone un paso efectivo hace un proceso de mayor visibilización, inclusión y empoderamiento de los pueblos originarios de Bolivia.

Además, esta Constitución abre el camino a nuevas bases de convivencia en las que no sólo se reconoce la igualdad efectiva de todos los bolivianos con independencia de su origen étnico sino que, al mismo tiempo, se establecen cauces para que la igualdad y la libertad formales sean realmente efectivas a partir de la sustitución de un modelo político y económico generador de exclusión por otro que persigue mayores niveles de justicia social.

Simplemente por las posibilidades que con ella se abren, esta Constitución ya supone un salto cualitativo de una importancia decisiva en la historia de Bolivia. Pero, además, como lo ha sido la Constitución de Venezuela o lo será la del Ecuador, ese avance es irreversible. A partir de ahora, cualquier proyecto político que surja en el país deberá atender, para ser viable, las demandas sociales durante tanto tiempo acalladas.

-Han llamado la atención determinados elementos que introduce esta nueva Carta Magna que la sitúan entre las más avanzadas del mundo. ¿En qué sentido?

Esta Constitución introduce algunos elementos que, efectivamente, la sitúan entre las más avanzadas del mundo.

Quizás el más importante de ellos, dada su incidencia sobre la visibilización y empoderamiento de los pueblos originarios, sea la refundación de Bolivia como un Estado Plurinacional en el que conviven diversos pueblos originarios. Por primera vez se reconoce en ese país la plurinacionalidad y se respetan las diversidad culturales y de otra naturaleza que le son consustanciales.

Pero, además, y sin ánimo de ser exhaustivo, bastaría con citar que, al igual que la venezolana, recoge la posibilidad de revocación del presidente de la República a mitad de su mandato.

Igualmente, incorpora la opción por la resolución pacífica de los conflictos internacionales en los que se pudiera ver inmersa Bolivia y, para ello, renuncia constitucionalmente a la guerra de agresión. En este sentido, creo que su contribución por un orden internacional asentado sobre el diálogo y el consenso entre estados merece ser resaltada y le otorga un plus de legitimidad moral, máxime en un tiempo en que se han desarrollado conceptos tan moralmente reprobables como el de “guerra preventiva”.

Asimismo, plantea la elección democrática de los miembros del Tribunal Constitucional; ese poder del estado que en países como el nuestro escapa al control democrático de la población.

Por último, la Constitución reconoce la propiedad colectiva de todos los recursos naturales y prohíbe la posibilidad de que estos puedan ser privatizados (como lo fueron todos o casi todos ellos durante la ofensiva neoliberal que se produce en Bolivia antes que en el resto del continente). Esta será la base material para allegar hacia el Estado recursos económicos que le permitan articular políticas sociales que den vida a una carta de derechos sociales que, también por primera vez, son universales. Derechos que, por otra parte, el Estado se compromete a hacer efectivos.

-Con la reciente aprobación de la Constitución y la nacionalización de los hidrocarburos, Evo cumple dos de sus principales promesas del cambio. ¿Qué pasos tiene ahora por delante?

Una vez sentada la base constitucional del proceso de transformación social en curso, al gobierno de Morales le queda la reforma de todas las leyes del país para acomodarlas al nuevo texto constitucional y que éste no quede en una mera declaración de intenciones.

Será un proceso arduo porque, no sólo deben adecuarse las leyes al nuevo texto constitucional desde un punto de vista técnico, sino que esas leyes deben responder al espíritu de transformación que ha alentado el proceso constitucional. Será ahí, nuevamente, donde el gobierno tendrá que enfrentar las resistencias de quienes no quieren perder cuota de poder en el país.

El objetivo es que a partir de la transformación jurídica se genere un cambio de la institucionalidad boliviana que permita crear espacios de convivencia en pie de igualdad de las diferentes naciones existentes en el Estado; que establezca cauces de distribución de la renta entre sectores económicos que apenas tienen vínculos entre sí; y de articular económica y administrativamente un Estado caracterizado por un alto grado de concentración de la riqueza tanto personal como territorialmente.

-”Aquí terminó el Estado colonial, aquí se acabó el colonialismo interno y externo... Ahora los recursos naturales se recuperan para toda la vida” ¿Qué mensaje lanzaba Evo tras estas palabras?

Básicamente, lanzaba un mensaje de ruptura con el anterior régimen. Un régimen que, aún después de la proclamación de la independencia de la República en 1825, no había conseguido romper los mecanismos coloniales de dominación.

Bien es cierto que durante todo el periodo republicano se ha ido produciendo una modificación en la naturaleza de esos mecanismos de dominación. Si anteriormente éstos estaban encarnados en las estructuras políticas y económicas impuestas desde la metrópoli, el siglo XX irá dando pasó a nuevas formas de explotación, más sutiles pero no por ello menos efectivas, que utilizarán a la oligarquía local como agentes nacionales de los intereses transnacionales.

Las grandes compañías transnacionales y los grandes agroproductores del Oriente boliviano serán los nuevos actores en el proceso de expoliación de la riqueza natural de Bolivia y los procesos de privatización que sufre el país a partir de 1985 serán, a su vez, el instrumento que acentuará la expatriación de esa riqueza por parte de dichos agentes.

Lo que estaba diciendo Evo Morales no es, ni más ni menos, que eso se había terminado.

-En el texto aprobado, la religión católica pierde el carácter oficial, pero esto no ha sido lo que más ha preocupado a la institución religiosa sino otro tipo de temas relacionados con los derechos sexuales, derecho a la vida, familia, etc. ¿Dónde están esos puntos de fricción?

Yo creo que, como en cualquier otro estado confesional que deja de serlo, la pérdida de esa condición para la religión oficial constituye un factor de suficiente calado como para que la misma se oponga al texto constitucional que pase a sancionar la aconfesionalidad del Estado.

En el caso de Bolivia la religión católica, pero también cualquier otra creencia religiosa, han dejado de tener una posición privilegiada, separándose constitucionalmente Estado e Iglesia. La resultante ha sido, como cabía esperar, la oposición frontal de la jerarquía eclesiástica.

Si a ello se une el que la oposición ha malinterpretado interesadamente el artículo 66 de la Constitución que reconoce el derecho de todo boliviana y boliviano a ejercer sus derechos sexuales y reproductivos y lo ha tergiversado interpretándolo como el reconocimiento constitucional a la legalización del aborto y al matrimonio homosexual, creo que tanto las razones de la oposición católica al texto constitucional como su actitud malintencionada quedan suficientemente claras.

-Por último, qué argumentos defienden las “fuerzas de choque” para mantener su oposición a Morales, aún después del victoria del “SI”.

Antes que nada creo que debe quedar claro que la oposición boliviana nunca ha estado dispuesta a aceptar esta Constitución fuera cual fuese el resultado. Basta con atender ha cómo han ido transcurriendo el proceso constituyente para sustentar esta afirmación. Es más, incluso cuando el gobierno aceptó negociar con la oposición el texto original que resultó de la Asamblea Constituyente moderando bastante su carácter transformador,y se llegó a un texto de consenso, Al día siguiente esa misma oposición ordenaba a su electorado votar en contra del texto que acababa de consensuar.

Dicho lo cual, hablar de los argumentos de la oposición a la aprobación del texto constitucional a mí sinceramente me genera vergüenza ajena.

Plantear que una Constitución que se aprueba por más del 60% de la población no goza de suficiente legitimidad o condicionar su ésta a que fuera aprobada en todos los departamentos del país es desconocer los mecanismos básicos de cualquier democracia y, por lo tanto, la deslegitima completamente.

Alberto Montero Soler ( amontero@uma.es ) es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga (España). Puedes leer otros textos suyos en su blog "La otra economía".