ONU pide a Colombia suspender ejecuciones extrajudiciales de las Fuerzas Armadas

Reuters
05/03/08

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, pidió a Colombia erradicar las ejecuciones extrajudiciales cometidas por efectivos de las Fuerzas Armadas y desarticular a los reorganizados escuadrones paramilitares

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En su informe anual sobre la situación de derechos humanos en Colombia, la ONU dijo que en 2007 la guerrilla, los reagrupados escuadrones paramilitares y las Fuerzas Armadas del Estado continuaron cometiendo violaciones en medio del conflicto interno que azota al país.

"La oficina en Colombia continuó recibiendo quejas de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la Fuerza Pública. Algunas características comunes a los casos denunciados son presentar a las víctimas como muertos en combate", precisó el informe.

El documento sostuvo que en la mayoría de los casos se alteró la escena del crimen antes del levantamiento de los cadáveres, mientras la Justicia Penal Militar asumió las investigaciones contra los involucrados.

"Las investigaciones adelantadas por las autoridades sobre algunos de estos casos revelan que podrían estar motivados por la presión por resultados y el interés de algunos miembros de la Fuerza Pública de obtener a partir de dichos resultados una serie de beneficios y reconocimientos", aseguró el informe.

El Gobierno del presidente Álvaro Uribe lidera una ofensiva contra la guerrilla, a la que obligó a un repliegue estratégico, y en algunas ocasiones reclama en público a los comandantes de sus Fuerzas Armadas por la falta de efectividad y de resultados en la lucha contra los rebeldes.

Rearme paramilitar

Uribe y los escuadrones paramilitares iniciaron una negociación de paz que permitió que más de 31.000 combatientes depusieran las armas, mientras que sus principales líderes acusados de asesinatos, masacres, secuestros, torturas, desapariciones y narcotráfico, permanecen encarcelados y deberán pagar una sentencia de máximo 8 años.

Pero pese al desarme y a la desmovilización, en varias regiones de este país de más de 42 millones de habitantes han reaparecido escuadrones para proteger a narcotraficantes y no para combatir a la guerrilla como lo hicieron en el pasado.

"La Alta Comisionada insta al Ministerio de Defensa y al Fiscal General a implementar medidas eficaces para desarticular todas las formas de grupos armados ilegales surgidas después de la desmovilización y a profundizar en el desmantelamiento de las estructuras políticas y económicas de los grupos paramilitares desmovilizados", dijo la ONU.

El informe de la alta comisionada también acusó a las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y del Ejército de Liberación Nacional (Eln) de violar los derechos humanos con asesinatos, masacres, secuestros, uso de minas, reclutamiento de niños, desplazamiento de población civil y actos terroristas.

La ONU también mencionó en su informe al hacinamiento carcelario, de más del 20 por ciento, y las detenciones ilegales y arbitrarias por parte de las Fuerzas de seguridad del Estado.

En otro capítulo se refirió a los asesinatos contra defensores de derechos humanos y sindicalistas, una de las principales causas por las que los demócratas del Congreso de Estados Unidos se niegan a aprobar un Tratado de Libre Comercio con Colombia.