Israel en América Latina III y última

Rebelion
José Steinsleger
La Jornada
06-03-08

La sigilosa intervención militar de Israel en América Latina fue oficiosamente consentida en 1974 por Henry Kissinger, secretario de Estado del presidente Richard Nixon. O sea, varios años antes de la suspensión de ayuda militar a los regímenes que violasen los derechos humanos, política ambivalente que al presidente James Carter (1977-80) le sirvió para componer los traumas del imperio luego de su derrota militar en Vietnam (1975).

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En 1975, el New York Times informó que las ventas de armas israelíes a El Salvador y Honduras se habían incrementado a partir de 1974, y que de un total de 400 millones de dólares, 107 millones provinieron de ventas a Guatemala y Nicaragua. En abril de 1977, el Times afirmó que en 1976 “más de la mitad de los 600 millones de dólares obtenidos por Israel provenían de América Latina”.

Simultáneamente, un informe del Instituto Internacional Sueco de Investigación por la Paz (SIPRI, por sus siglas en inglés, 1976) observaba que Israel se había colocado como “… segundo proveedor bélico de América Latina, después de Estados Unidos y por delante de Alemania occidental y Francia”.

Al año siguiente, el diario Haaretz reveló que Israel proporcionaba equipo militar ultramoderno y oficiales instructores para la guerra contrainsurgente en América Latina” (22/3/77). Shulamit Aloni, diputada en la Knesset (Parlamento) por el Movimiento por los Derechos Civiles, exigía en vano al gobierno de Tel Aviv los nombres de los consejeros israelíes militares en América Central.

Por aquellos años Israel compartía con el gobierno racista de Sudáfrica la idea de crear la Organización del Tratado del Atlántico Sur (OTAS), extensiva de la jurisdicción formal de la OTAN. En tanto, en Argentina, la armada –dirigida por el almirante Emilio Massera (partidario del proyecto OTAS)– adquiría en Israel misiles mar-mar a 90 mil dólares cada uno. El interés estratégico de Israel apuntaba a conocer de cerca el importante desarrollo de la industria nuclear argentina. Pero sería luego de la toma de la embajada de Washington en Teherán y la consecuente incautación de documentos de inteligencia (“crisis de los rehenes”, 4 de noviembre de 1979) cuando los medios de comunicación de Estados Unidos y Europa empezarían a informar de la conexión de Israel con los servicios de inteligencia de México, Costa Rica, Panamá, Ecuador, República Dominicana, Colombia, Perú y Venezuela.

Hacia 1982, con el fin de aliviar una deuda exterior que era de 25 mil millones de dólares (más de 50 por ciento del producto nacional bruto), Israel ya había convertido la industria bélica en eje de su economía. Lectura política que empataba con la de varios economistas israelíes, quienes decían que para un presupuesto nacional de 15 mil millones de dólares y una inflación de 140 por ciento la ayuda estadunidense de 2 mil 800 millones representaba poco menos que una “aspirina”.

En la reunión del Movimiento de Países No Alineados (Managua, enero de 1983) se estimó que las ventas de armas a los regímenes militares de América Latina ascendían a 3 mil millones de dólares.

Más al norte, en Ecuador, la trágica desaparición del presidente Jaime Roldós (muerto junto con su esposa y el ministro de Defensa en un accidente aéreo que jamás fue aclarado) llevó a investigar un asunto que fuentes bien informadas atribuyeron a “ajustes de cuentas entre traficantes de armas israelíes”.

El escritor Jaime Galarza, por ejemplo, se preguntó qué negocio bajo la manga traía el general retirado Retoman Zeevi cuando en marzo de 1977 se había reunido en Quito con distintas autoridades del gobierno militar, acompañado de un insólito personaje: el famoso actor Chaim Topol, bien conocido por su versión para la pantalla de El violinista en el tejado.

A fines del decenio de 1980, la justicia ecuatoriana abrió una investigación contra el ex presidente León Febres Cordero (1984-88), quien había autorizado una “donación” de 150 mil dólares del Banco Central a una red de empresas israelíes dedicadas a vencer “asesoría en seguridad”. Eitan Rilov, propietario de una de estas empresas, contaba con socios que eran jubilados del Shin Bet, la agencia interna de seguridad israelí.

La defensa del caso reveló la identidad del israelí Ran Gazit, gerente de International Defense and Security, empresa radicada en Miami, prestadora de servicios a gobiernos y bancos privados de Perú, Colombia y Ecuador (Filanbanco y Banco del Pacífico). Efraín Álvarez, vicepresidente del Tribunal de Garantías Constitucionales, sostuvo que Gazit habría estado involucrado en la muerte de Arturo Jarrín, dirigente de la organización insurgente Alfaro Vive. El cadáver de Jarrín apareció en Quito el 18 de octubre de 1986. El gobierno de Febres Cordero dijo: “muerto en combate”, y los medios dijeron “muerto en combate”. Pero no dijeron que 24 horas antes el Comando Sur del ejército estadunidense lo había detenido en Panamá.

Con todo, Colombia ha sido el país latinoamericanos que más le debe a Israel y su terrorismo for export. Comentaremos el tema por aparte, en próximas entregas.