Colombia: un genocidio donde el ataque contra la guerrilla es sólo el más reciente episodio

Prensa de Frente/aporrea.org
05/03/08

El bombardeo y fusilamiento de -al menos- 19 guerrilleros de las FARC instaló en la agenda mundial el repudio al accionar del gobierno de Uribe. Sin embargo, el enfoque que brindan los principales medios de comunicación sobre el conflicto interno en Colombia simplifica la situación reduciéndola a un enfrentamiento entre la principal organización guerrillera de América Latina y las Fuerzas Militares.

Imágenes y testimonios de la verdadera guerra: la que el Estado colombiano lleva a cabo contra su propio pueblo.

Para comprender la profundidad del conflicto social y armado que desde hace más de 5 décadas atraviesa el pueblo hermano de Colombia, es imprescindible tener presente las escalofriantes cifras que, aún con poco eco, denuncian los más diversos organismos internacionales: “más de 15.000 asesinados, entre los que se cuentan 1700 indígenas, 2550 sindicalistas y cerca de 5000 miembros de la Unión Patriótica, enterrados en más de 3000 fosas comunes o arrojados sus cadáveres a los ríos; 950 ejecuciones de civiles presentados como muertos en combate”, denuncia la Red de Hermandad y Solidaridad (http://www.redcolombia.org/), organización humanitaria con desarrollo en distintos países de Europa y América Latina.

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Mientras la agenda mediática impuesta por las grandes corporaciones de la comunicación viene insistiendo, durante los últimos meses, en la cantidad de personas retenidas por la guerrilla y `lo cruel que resulta el trato que estas personas están recibiendo´, “tan sólo en el mes de enero de 2008, los paramilitares cometieron 2 masacres, 9 desapariciones forzadas, 8 homicidios, y el Ejército, 16 ejecuciones extrajudiciales”, según informa el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia (www.movimientodevictimas.org). Estos hechos recientes -cometidos a pesar de la centralidad que el conflicto social y armado en Colombia adquirió en los últimos meses- confirman que, lo que el Estado colombiano viene llevando adelante, es un verdadero genocidio que excede largamente la confrontación con tal o cual organización armada. Semejante violencia estatal y paramilitar tiene como blanco –en términos políticos y también militares- al conjunto de las organizaciones populares de Colombia, en el marco del plan contraisurgente que alientan los Estados Unidos para justificar su injerencia en el continente. Ignorar esto cuando se elaboran especulaciones sobre lo que “deberían hacer” las organizaciones armadas insurgentes en ese contexto, es, cuanto menos, errar el diagnóstico de antemano. Más allá de las distintas apreciaciones que, legítimamente, puedan elaborarse en apoyo o tomando distancia de las estrategias que los grupos insurgentes colombianos se dan en esta etapa, está claro que la denuncia al Terrorismo de Estado debe ser una bandera impostergable para enfrentar al guerrerismo y la muerte que el presidente Uribe amenaza con expandir a todo el continente.