Actualización: Nueva represión a protestas campesinas dejó un muerto y 73 heridos en Perú

Telesur
20/02/08

La huelga nacional agraria de Perú fue suspendida este martes tras dos días de portestas luego que cuatro manifestantes murieran por disparos en la cabeza y caídas libres por la represíón policial ordenada por el Gobierno central en el marco de un estado de sitio decretado en ocho provincias del país suramericano.

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Un muerto y cerca de 73 heridos es el saldo provisional de nuevos disturbios registrados este miércoles durante la represión policial a protestas campesinas en Perú, en el marco de un paro nacional agrario cuyo fin fue anunciado más temprano por los medios de comunicación peruanos.

Los nuevos hechos violentos ocurrieron en Huamanga, capital del departamento de Ayacucho, donde un comunero recibió un impacto de bala en la cabeza durante los disturbios que se desataron en la plaza de armas esa ciudad, donde se velaban los restos de otros dos campesinos muertos en la víspera.

La radio CNR identificó al fallecido como Edgar Huayta Saccsara, de 23 años.

La diputada del Partido Nacionalista Elizabeth León dijo a CNR que solicitó a la Comisión Permanente del Congreso que interpele al ministro del Interior, Luis Alva Castro, por la represión a las protestas campesinas

"No es posible que en una paralización de dos días tengamos cuatro muertos, tres de ellos por impacto de bala (...) el Perú no va a avanzar nunca por esta vía", enfatizó.

En la mañana de este miércoles, el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho convocó a un paro regional de 48 horas tras el deceso de Emiliano García Mendoza (45) y Rubén Pariona Campuzano (29), procedentes de la comunidad de Suso, distrito de Quinua (Huamanga) durante los disturbios del lunes.

Por su lado, Germán Martinelli, alcalde de Huamanga, instó al Gobierno "a que evalúe la situación", tras confirmar que los dos comuneros muertos tenían varias perforaciones de bala en sus cráneos.

Suspendida huelga nacional

Mientras tanto, en el resto del Perú, la huelga nacional indefinida convocada por organizaciones agrarias fue suspendida este martes, tras dos días de protesta que dejaron cuatro muertos y decenas de heridos, producto de la represión policial.

La paralización inició el lunes pasado, convocada por la Convención Nacional del Agro (Conveagro), la Junta de Usuarios del Riego (JUR) y la Confederación Nacional Agraria (CNA), para reclamar, entre otros asuntos, que el Gobierno del presidente Alan García, aplique medidas para atenuar los efectos negativos del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado en diciembre pasado con Estados Unidos.

El pago de las deudas agrarias y la plena vigencia de los derechos de las comunidades campesinas y nativas de Perú, son otros de los reclamos.

El presidente de la JUR, Enrique Málaga, dijo el martes por la noche a una radio local que la suspensión fue acatada luego de una Asamblea Nacional de delegados, en la cual se decidió suspender la medida de fuerza y continuar el diálogo con el Gobierno.

"Estamos comunicando a nuestras bases para que mañana (miércoles) vuelva la plena normalidad", indicó Málaga, y anunció una reunión con el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, para discutir los temas pendientes de solución.

Paralelamente, el presidente de la CNA, Antolín Huáscar, informó también el cese de la medida fuerza pero subrayó que los campesinos de los sureños departamentos Cusco, Arequipa y Ayacucho continuarían con el paro, como protesta por la muerte de los cuatro manifestantes.

Responsabilizan a gobierno por muertos

Las muertes se registraron en Barranca, al norte de Lima, en el primer día del paro; dos en la provincia de Huanta (Ayacucho) y una más en Alto Siguas (Arequipa), después de que Ejecutivo decretara la suspensión de las garantías en ocho provincias del país, medida que incluyó la movilización de las Fuerzas Armadas a la zona.

La congresista Juana Huancahuari, del opositor Partido Nacionalista, responsabilizó al estado de excepción impuesto por el Gobierno central por los cuatro campesinos muertos.

"Se están utilizando instrumentos para vulnerar los derechos de las personas (...) aquí se ha cometido un asesinato contra gente indefensa que protestaba contra el olvido del sector agrario", refirió.

Según del Castillo, la declaración del estado de sitio en las regiones era algo "absolutamente necesarias en resguardo del orden interno del país". El decreto incluía la prohibición de realizar reuniones públicas, allanamientos de morada sin orden judicial y reducción del libre transito.

Desde que asumió la presidencia, en julio de 2006, Alan García se ha enfrentado a huelgas de maestros, médicos, enfermeras, trabajadores de puertos, mineros, campesinos y agricultores, productores de coca, trabajadores de las morgues y obreros en general.

"Gobierno no escucha al pueblo"

Las frecuentes protestas en Perú se deben a que García insiste en formular sus políticas de corte neoliberal sin escuchar la voz de las regiones, aseguró el coordinador de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Yehude Simon.

Simon opina que los conflictos que en poco más de un año ha enfrentado el Gobierno con casi todos los sectores sociales y productivos del país han podido evitarse con el diálogo.

"Se están imponiendo leyes y decretos desde el Ejecutivo y el Congreso; simplemente se da una norma y nos dicen: acátenla. Pero no se recoge el sentimiento de la realidad provinciana".

Puso como ejemplo la recién aprobada Ley de Promoción del Desarrollo Sostenible de Servicios Turísticos en los Bienes Inmuebles Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, que prevé la concesión de centros históricos y lugares turísticos a empresas privadas para su explotación.

"No costaba nada llamar a la gente del Cusco (...) se modificó, pero se hizo tarde. Hay que sacar leyes consensuadas, sino, se pierde el tiempo".

La norma fue aprobada con una modificación: ninguno de los lugares en concurso podrán ser entregados a empresarios sin previa autorización de las autoridades locales.

Algo similar ocurrió con una ley sobre la contratación de maestros para cargos públicos, según la cual sólo podrían concursar aquellos docentes que obtuvieran las mejores calificaciones universitarias.

"Nosotros hemos dicho que la educación tiene que ser una política de Estado y, para aplicarla, se tiene que empezar por reconocer que los provincianos también somos peruanos. Por lo tanto, tenemos la capacidad de aportar", sostuvo.