La CPI analiza si puede juzgar el ataque israelí a la flotilla de la libertad

Sheila Vélez
Periodismo humano/Rebelión
02/10/10


La Fiscalía de la Corte Penal Internacional confirma que está analizando si el ataque a la flotilla de ayuda humanitaria por las fuerzas israelíes podría estar bajo su jurisdicción. La noticia viene dada tras el anuncio de un informe(pdf) elaborado por una misión de expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, quien acusa a Israel de haber cometido graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario durante el asalto el pasado 31 de Mayo, en el que nueve activistas turcos murieron y otros 30 resultaron heridos.

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En el informe de 56 páginas presentado el pasado miércoles, el panel de juristas presidido por el que fuera juez de la Corte Penal Internacional, Karl Hudson-Philips, asegura que existe una clara evidencia de que Israel cometió crímenes de guerra en forma de asesinato, tortura o trato inhumano, e intención de causar graves daños físicos y mentales, lo que supone una flagrante violación de la Cuarta Convención de Ginebra. En rueda de prensa, Hudson-Philips dijo que por tratarse de un barco bajo bandera de Islas Comoros, país firmante del Estatuto de Roma, éste podría solicitar a la CPI iniciar una investigación sobre los hechos.

El Estatuto de Roma establece que la Corte Penal tiene jurisdicción si los crímenes son cometidos en el territorio de un estado parte, por un nacional de dicho estado, o si el crimen tiene lugar a bordo de un buque o de una aeronave del estado. Este es el caso del Mavi Marmara, el barco de pasajeros registrado en Islas Comoros.

La oficina de Moreno-Ocampo confirma por tanto que han recibido un comunicación remitiendo a estos hechos y que están valorando su admisibilidad: analizan que los crímenes estén bajo su jurisdicción, la gravedad de los mismos y la existencia o no de investigaciones relevantes y creíbles por parte de las autoridades nacionales implicadas en los hechos.

La Fiscalía estaría por tanto observando lo ocurrido en el contexto del análisis preliminar que la oficina realiza sobre la situación en Palestina, tras la declaración depositada por el gobierno en Enero de 2009 aceptando la jurisdicción de la Corte con el propósito de juzgar los crímenes cometidos en su territorio desde 2002. Dicha declaración fue emitida tras la incursión militar israelí en Gaza en Diciembre de 2008, en la que según informes de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales, Israel cometió crímenes de guerra.

El informe

El ataque a la flotilla debe ser observado en el contexto de conflicto entre el gobierno israelí y la Autoridad Palestina, y por ende, los pasajeros de la flotilla humanitaria son personas protegidas. Según la Convención de Ginebra, los activistas son “individuos protegidos, que en cierto momento y en cierta manera, se encuentran en manos de una de las partes en conflicto de la que no son nacionales”. Así lo recoge el informe presentado por Naciones Unidas: “en una situación de conflicto armado, la fuerza militar sólo puede ser empleada contra combatientes o contra civiles que participen de forma activa en las hostilidades, lo cual, no puede ser dicho de los civiles a bordo del Mavi Marmara”.

El panel de juristas califica el asalto a la flotilla de acción “claramente ilegal” que no puede encontrar justificación en la “propia defensa“, un argumento que encuentra su base en la opinión de que el bloqueo al que está sometido Gaza desde 2007 es igualmente contrario a la legislación internacional. Los expertos consideran que detrás del bloqueo a la Franja de Gaza hay un deseo de castigar a su población por el apoyo prestado a Hamás en las últimas elecciones de 2007, y enfatizan que de acuerdo a las Convenciones de Ginebra el castigo colectivo a civiles bajo ocupación está prohibido. “Si el bloqueo es ilegal, la única base legal para interceptar los barcos sería la sospecha de que éstos fueran a contribuir a los esfuerzos de guerra del enemigo, dígase portando armas, o que los mismos supusieran una inminente amenaza a Israel y que no existiera otra alternativa que el uso de la fuerza preventiva,” observa al misión. Sin embargo, “no sólo la flotilla no presentaba una amenaza inminente sino que el asalto estaba motivado por la intención de evitar una posible victoria propagandística por parte de los organizadores de la flotilla.”

La misión independiente considera que el uso de la fuerza empleado por Israel a bordo del Mavi Marmara fue “innecesario, desproporcionado, excesivo e inapropiado,” y apunta que los análisis forenses determinan que al menos seis de las muertes pueden ser caracterizadas como ejecuciones sumarias y arbitrarias. Igualmente observan que la detención de los pasajeros fue ilegal y no respetó la integridad de las personas privadas del libertad. Según el texto, muchos de ellos fueron obligados a permanecer en cubierta durante largas horas y bajo duras condiciones, fueron objeto de vejaciones y abusos físicos y verbales, y maniatados se les privó de comida y otras necesidades básicas. “Se trata por tanto de un nivel inaceptable de brutalidad” dice el informe. “Una conducta que no puede ser justificada y que constituye una grave violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.”

El panel de expertos denuncia igualmente la falta de cooperación por parte de las autoridades israelíes. “Nos entrevistamos con el embajador de Israel ante la ONU en Ginebra para pedirle cooperación y dijo que nuestro informe era innecesario e irrelevante”, dijo Hudson-Philips en rueda de prensa. Por su parte Israel está trabajando en otra investigación llevada a cabo por el comité de personalidades creado por el Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, entre los que se encuentran el ex-presidente colombiano, Álvaro Uribe, y el líder neozelandés Geoffrey Palmer.

Para realizar esta investigación, la misión de expertos entrevistó a 112 de los 700 pasajeros que viajaban en la Flotilla de la libertad, integrada por seis barcos bajo bandera de diferentes nacionalidades.

El asalto a la flotilla atrajo la atención de la comunidad internacional al bloqueo que sufre el pueblo palestino en la Franja de Gaza. Desde entonces Israel ha levantado algunas de las restricciones sobre medicinas y alimentos mientras que continúan otras como los materiales de construcción, los cuales, según Israel, podrían servir para la elaboración de armas.