Peruanos marcharon contra represión gubernamental a protestas sociales

14/04/10
Red Voltaire

Al menos 2 mil peruanos marcharon hasta la sede del Ministerio Público en la capital del país andino, Lima, en la denominada Marcha por la Vida, que reclama el cese por parte del Ejecutivo de la política represiva hacia las protestas sociales.

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Miles de personas marcharon este martes por las calles de Lima en rechazo a la política represiva del Gobierno del presidente peruano, Álan García, contra las protestas sociales.

En la caminata, bautizada como Marcha por la Vida y convocada por el opositor Partido Nacionalista (PN) participaron al menos 2 mil personas, que llegaron a la sede del Ministerio Público, al centro de Lima, sin mayores incidentes.

Durante el recorrido, los cientos de manifestante corearon lemas como abajo la política represiva, gobierno asesino, gobierno con la manos manchas de sangre, La selva no se vende, y acusaron al presidente Alan García de corrupto. "La marcha es una forma de exigir responsabilidad penal por las muertes habidas durante este gobierno", dijo un vocero del Partido Nacionalista.

El portavoz de la tolda política progresista, recordó que a cuatro años del inicio del gobierno de Álan García, que concluye en 2011, la represión de las fuerzas del orden público han ocasionado 70 muertos y 600 heridos .

La semana pasada, el líder del PN, Ollanta Humala, presentó ante el Congreso una petición para destituir a García por su responsabilidad en esos hechos.

Uno de los casos más sonados de represión estadal en Perú, ocurrió el 5 de junio pasado en la localidad amazónica de Bagua (norte), donde por lo menos 34 personas fallecieron por la acción de la policía.

El Ejecutivo peruano aprobó una serie de decretos sobre la tierra y el medio ambiente que los indígenas consideraron lesivos para sus derechos, y que fueron aprobados para el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos a la legislación peruana.

Estos decretos regulan el uso y explotación de los recursos hídricos y naturales de la selva, incluidos los recursos gasíferos, petroleros y maderero, estos reglamentos han sido tajantemente rechazados por más de 65 etnias indígenas de Perú.

Según los indígenas, con dicha legislación se contraviene su derecho a la consulta, contemplado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que suscribió Perú, además, alegan que con la implementación de dichas normas se violenta su derecho a la vida.

Por esta razón, los nativos iniciaron el 9 de abril de 2009 una protesta con bloqueos de rutas y ríos, y tomas de instalaciones petroleras, para conseguir la derogación de decretos.

La protesta de los indígena peruanos llegó al punto de mayor tensión el 5 de junio cuando las autoridades peruanas reprimieron a los nativos en Bagua, en la zona conocida como la Curva del Diablo.

Después de mantenerse firme contra las demandas de los indígenas, el Ejecutivo peruano dio marcha atrás y aceptó pedir al Congreso la derogatoria de los decretos 1090 y 1964. El llamado del Gobierno fue atendido por el Parlamento que derogó estos decretos.