Gobierno peruano suspende garantías en Apurímac por reinicio de huelga

TeleSUR
02/12/09

El Gobierno peruano declaró a la región surandina peruana de Apurímac bajo el estado de emergencia y suspendió las garantías constitucionales tras el reinicio, este miércoles, de una huelga general por los pobladores de la zona ante diversos reclamos.

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El presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Apurímac, José Zuluoaga, informó que el paro se cumple plenamente, con el cierre de los mercados de abastos y la interrupción del tránsito, el comercio y otras actividades.

La huelga se desarrolla pese a un vasto despliegue policial y a un decreto gubernamental que dispone drásticas medidas para mantener las actividades en funcionamiento y fue reanudada ante los insuficientes resultados de un largo diálogo sostenido este martes por dirigentes sociales y alcaldes de Apurímac, junto al primer ministro, Javier Velásquez, y el gobernante de la región, David Salazar, indicó Zuloaga.

Tras 11 días de paralización y disturbios con un saldo de más de 60 heridos, la manifestación fue suspendida para dialogar con el gobierno el mes pasado, sin obtener solución concreta.

En la conversación del martes, Velásquez ofreció un incremento del presupuesto de Apurímac por 20 millones de soles (unos siete millones de dólares) y otras compensaciones, pero los dirigentes consideraron insuficiente este aumento, pues exigen que sea de 60 millones.

Los líderes del Frente de Defensa de los Intereses de Apurímac señalan que de los 132 millones de soles (45,5 millones de dólares) de inversión para el 2010, el gobernador de la región ha dispuesto que el 70 por ciento sea para la provincia de Andahuaylas. El 30 por ciento restante para las provincias de Abancay, Antabamba, Aymaraes, Chincheros, Cotabambas y Grau.

El 17 de noviembre, David Salazar llegó a ser destituido de sus funciones mediante una asamblea realizada por organizaciones civiles, que denunció la malversación de fondos del gobernante y nombró al vicepresidente regional, Willer Taipe, como nuevo presidente. Sin embargo, Salazar se negó a abandonar su puesto, denunció la ilegalidad del nombramiento de Taipe y regresó durante la noche del martes a la sede del Gobierno Regional.

Ante estas acciones, Velásquez acusó de extremistas a los dirigentes de la huelga y confirmó la decisión gubernamental de suspender las garantías constitucionales en Apurímac, por 60 días, para mantener o restablecer la normalidad.

Alegó que el gobierno no tiene fines represivos y que la medida es preventiva y disuasiva; sin embargo indicó que el Ejecutivo dispuso además que, de ser necesario, las fuerzas armadas respalden a la policía para mantener el orden.

La medida deja en suspenso los derechos de reunión y manifestación, libre tránsito e inviolabilidad domiciliaria y autoriza a la policía a detener ciudadanos sin orden judicial.