"Otro mandato de Uribe sería dramático para Colombia"

Entrevista: La politóloga colombiana Laura Bonilla realizó una exhaustiva investigación sobre la parapolítica en el departamento de Antioquia cuyos resultados han terminado convirtiéndola en un objetivo prioritario de los nuevos grupos paramilitares

Gorka Castillo
Público
13/07/08

Madrid.- Esta joven politóloga colombiana (1981, Bucaramanga) investigó durante cuatro años la oscura trama de la parapolítica en el departamento de Antioquia, el lugar donde comenzó su carrera política el actual presidente del país Álvaro Uribe. Las conclusiones fueron tan escandalosas que la organización humanitaria Nuevo Arco Iris le recomendó dejar su país ante las amenazas de muerte recibidas.

Su salida de Colombia guarda relación con la investigación que realizó sobre la vinculación entre políticos y paramilitares en Antioquia, uno de los departamentos más azotados por la violencia sectaria. ¿Cuál fue su conclusión?

Primero, que la visión que se tiene de que Colombia es la democracia más estable de América Latina es un mito. Sorprende que también exista esta percepción en España. Otra conclusión es que los paramilitares han logrado en 10 años algo que la guerrilla no ha conseguido en 40: expandirse por las áreas más pobladas del país y cambiar radicalmente el mapa político nacional mediante el control que ejercen en las instituciones públicas y la suplantación del papel del Estado en algunas regiones.

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¿Hasta donde llega el escándalo?

Hasta el punto de que han penetrado en el Congreso de la República, el poder legislativo del país.

¿No hay posibilidad de enmienda?

La única ventaja es que la Corte Suprema de Justicia, un órgano de contrapeso de poder en el país, ha logrado abrir procesos contra 64 congresistas en función de sus propias investigaciones. Nosotros, que hemos trabajado en la misma dirección, calculamos que el número de congresistas que podrían estar involucrados en este escándalo puede ascender a 86.

¿Tan complejo está resultando investigar esta trama?

Sí. El problema es que los avances de la Corte Suprema no cuentan con la colaboración del Gobierno de Uribe que no quiere profundizar en este asunto. Tampoco quiere impulsar una reforma que blinde al Congreso de la penetración de estos grupos ni está dispuesto a castigar a aquellos partidos que permitieron esto.

Pero el éxito cosechado por Uribe con la liberación de Betancourt y otros 14 secuestrados ha servido para neutralizar las denuncias realizadas por la Corte Suprema.

Desafortunadamente, los colombianos, y yo diría que también buena parte de la opinión pública internacional, tendemos a ver a las FARC como el problema prioritario del país. Es cierto que el asunto de los rehenes es importantísimo y que todos estamos muy contentos con la operación de rescate, pero no es bueno que este asunto sea la primera prioridad en la agenda política nacional e internacional de Colombia.

¿Por qué?

Porque enmascara la necesidad que tiene Colombia de consolidar unas instituciones democráticas que están completamente destrozadas y una inestabilidad regional muy grande. Si esto sigue así, y yo creo que va a ser muy difícil revertir la situación con la popularidad que ha alcanzado el presidente, en cuatro años no podremos decir que la democracia ha avanzado en Colombia.

Los resultados económicos que está transmitiendo el Gobierno colombiano apuntan en otra dirección y aseguran que la estabilidad se debe a la política de seguridad democrática que ha desplegado el presidente Uribe.

La tasa de homicidios está sufriendo un repunte en las ciudades. Sobre todo de homicidios de líderes sindicales y gente vinculada a la oposición por el alza en los índices de sicarios. Las zonas rurales tampoco se salvan, ya que hoy están infestadas de minas antipersona, mayoritariamente sembradas por las FARC. En este último caso se trata de sectores de la población sin cobertura mediática, pero que viven un drama insufrible porque ni un bando ni otro respeta el derecho internacional humanitario.

¿Quiere decir que el Gobierno manipula los datos de seguridad?

Lo que está haciendo es atribuir esas cifras de homicidios a la delincuencia común. De esta forma si analizamos los datos de la seguridad democrática, los homicidios intencionados a personas protegidas han bajado. O sea, somos más seguros porque se mata menos políticamente a pesar de que las estadísticas de la delincuencia común se hayan incrementado. ¿Acaso somos ahora un país de delincuentes comunes o es que, en realidad, han cambiado la tipología del crimen?

Es decir, que la violencia urbana sigue siendo un problema real

El Gobierno no reconoce el rearme de nuevos grupos paramilitares en las ciudades. En estos momentos hay 12 departamentos con una guerra urbana directa contra la población. El narcotráfico se ha fortalecido porque cada vez que capturan a un cabecilla nacen tres. Colombia no ha dejado de exportar un gramo de cocaína en toda la andadura de la política de la seguridad democrática.

¿Y la economía?

No es que la economía haya mejorado sino que coincidimos con los ciclos de consumo global. Hace unos años vivimos un momento de bonanza y ahora nos preparamos para una recesión. Con el desempleo ocurre lo mismo. Colombia, como la mayoría de los países latinoamericanos, tiene una tasa de desempleo real mucho más alta que el oficial porque mucha gente vive en la economía informal.

Tras el rescate de los 15 rehenes, ¿cree que el Gobierno de Uribe tendrá ánimos para relanzar un posible canje de presos por secuestrados?

La operación militar para liberar a esos 15 rehenes fue única e irrepetible. La alegría es inmensa, pero ahora nos preocupa mucho la situación de los que quedaron en la selva. En esta cuestión volvemos al cuello de botella: la gente que lleva más de 10 años en manos de las FARC tiene que ser liberada mediante un intercambio con el Gobierno. Si Uribe no accede, estará condenándoles a morir en poder de la guerrilla.

¿Qué hacen las FARC por Colombia?

Uno ya no sabe si son enemigas o amigas del presidente. Cada vez que Uribe tiene problemas o está acorralado, como se encontraba días antes de la liberación de Ingrid, las FARC salen a rescatarlo y sus índices de popularidad se disparan.

¿Qué puede suponer un nuevo mandato del actual presidente?

Eso sería dramático para la democracia. Uribe cambió las reglas del juego en 1991 para poder ser reelegido con poderes plenipotenciarios. Si ahora se vuelve a modificar la Constitución, tendremos un presidencialismo total con unas instituciones de control neutralizadas.

¿Quién es Álvaro Uribe?

Fue alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia y director de la aeronáutica civil. También fue creador de las Convivir, uno de los sustratos del paramilitarismo, y trabajó con militares acusados de crímenes de lesa humanidad en un departamento que contabiliza la mitad de las miles de víctimas colombianas.