Vídeocintas mexicanas de tortura revelan lazos con contratistas militares de EE.UU.
Kevin Martinez y Rafael Azul
World Socialist Web Site
15/07/08
A principios de julio aparecieron en las pantallas del internet y de la televisión mexicana vídeocintas en las que agentes de la policía de León, Guanajuato, practicaban métodos de tortura. Las películas revelan la verdadera relación entre las autoridades mexicanas y contratistas militares estadounidenses a medida que crece la represión contra la clase obrera mexicana, la juventud y los campesinos.
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Aparece en las vídeocintas un contratista hablando en inglés y entrenando a los agentes, imagen espeluznante que despierta memorias de la "guerra sucia" de las décadas de los setenta y ochenta, cuando el gobierno mexicano sistemáticamente atrapaba y torturaba estudiantes de izquierda y campesinos en complicidad con y la asistencia, de Estados Unidos.
El Heraldo de León obtuvo las vídeocintas. En uno de ellos se puede ver como un oficial de policía obliga a un subalterno a rodar y rodar en el polvo hasta quedar exhausto. El entrenador luego arrastra al sujeto sobre un charco de vómito. "El castigo es efectivo," dice un agente. Queda patente que este "castigo" es una forma parte de una estrategia psicológica para humillar y desmoralizar al rehén.
Los policías obligados a sufrir este tratamiento brutal pertenecían a una élite, a una unidad de la Policía Municipal de León llamada Grupo Especial Táctico (GET). El entrenamiento ocurrió en abril del 2006 y duró 12 días.
Otra vídeocinta muestra a un hombre, que, con los ojos vendados, es sumergido en un hoyo con ratas y excrementos. El sujeto gime y trata de respirar. Luego le derraman agua mineral en la nariz. Ese método es similar a la tortura de las aguas (la toca), en que casi se ahoga a la víctima. La policía mexicana tiene fama de utilizar ese método.
En otro incidente, transmitido por Televisa, agentes de policía saltan sobre las costillas de un sospechoso en una camioneta, éste último acurrucado en posición fetal. Carlos Tornero, jefe de la policía de León, dijo que ese caso, que ocurrió hace varios meses, estaba siendo investigado; sin embargo, dijo que habían desaparecido los agentes que habían participado. Es obvio que éstos no son incidentes aislados.
Tornero dijo que el entrenador de habla inglesa era de una agencia de seguridad estadounidense. Se negó a identificar a la compañía o al sujeto.
La prensa mexicana ha identificado a dos entrenadores en las vídeocintas: Jerry Wilson, de nacionalidad inglesa, y Gerardo Arrechea, un mexicano-cubano. Los dos trabajan para la compañía Risk Incorporated, contratista militar de Miami, Florida.
Según artículos escritos por Kristin Bricker, una periodista independiente que vive en Ciudad de México (http://mywordismyweapon.blogspot.com), Wilson es el que, en la primera vídeocinta arrastra a una de las 'víctimas' de la tortura. También aparece en una vídeocinta de entrenamiento producida por Risk. Arrachea es dueño de una escuela de artes marciales en Ciudad de México, y es también uno de los directores de Comando F4, milicia paramilitar de derecha cuya misión es llevar a cabo ataques armados contra el gobierno cubano. En el sitio del internet del Comando F4, Arrachea aparece como director y con el título de 'capitán de la marina.'
La embajada norteamericana en México intentó separarse de las vídeocintas. Un portavoz de la embajada que no quiso identificarse negó que los Estados Unidos estuviera envuelto en el entrenamiento. "Hemos leído los informes en la prensa y los estamos estudiando", dijo. No sorprende que la policía mexicana haya criticado a la prensa por difundir la película y justificado el entrenamiento como forma de aguantar la tortura en caso de que policías fueran raptados.
Esta lógica no tiene ningún mérito. John Kirby, ex abogado fiscal que participó en el juicio contra el cartel de Arellano Felix, ha dicho que las pandillas criminales no usan las mismas formas de tortura asociadas con la policía mexicana. "Lo que harían es cortarles los dedos o arrancarles los dientes", dijo. Kirby es uno de los que, junto con Amnistía Internacional, creen que estos ejercicios no tienen nada que ver con como resistir interrogaciones fuertes; en cambio, creen que sirven para enseñarles como torturar mejor. "La policía Mexicana, especialmente la federal, se ha esforzado para limpiar su imagen, y preocupa verlos ir hacia atrás", dijo Kirby.
Lo que dice la embajada es inverosímil. Dada la historia del gobierno de EE.UU. y de la CIA de entrenar torturadores por toda la América del Sur y Central, y en la infame Escuela de las Américas en las décadas de los 60, 70 y 80, es mucho más creíble que esas labores han sido asignadas a Risk Incorporated y a otros contratistas militares.
Las vídeocintas aparecieron el día en que el gobierno de Bush inauguró la Iniciativa de Mérida, conocida también como Plan México. A un costo de mil quinientos millones de dólares, es el programa más caro para combatir el narco- tráfico desde que se instituyera el Plan Colombia en el año 2000 bajo el gobierno de Clinton. En realidad, el Plan Colombia tiene más que ver con la eliminación del control que las guerrillas de la FARC tienen sobre las zonas petroleras de ese país que con el combatir las drogas.
El Plan México proveerá entrenamiento y equipos para "fortalecer la cooperación militar entre Estados Unidos y México". Esto incluirá equipo anti motines y de espionaje, aviones militares y los servicios de unos 50 contratistas militares, como Risk Incorporated, Blackwater y otros.
Las organizaciones de derechos humanos critican, con justicia, el plan por ser una forma de asignar dinero a una maquinaria con una largo historial de asesinatos, torturas y raptos. Ejemplos recientes de los abusos por las fuerzas de seguridad mexicanas incluyen la violación de docenas de presas vendedoras ambulantes en el barrio de San Salvador Atenco, la desaparición de maestras y maestros en Oaxaca en 2006, y el asesinato del periodista norteamericano Brad Will a manos de la policía.
Un aspecto del Plan México que los gobiernos de Bush y de Felipe Calderón han rechazado es la sección sobre los derechos humanos, que hubiese requerido que el Ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos certificara que el ejército, la policía, y los tribunales mexicanos hayan instituido reformas de derechos humanos y contra la corrupción, usando como modelo el sistema judicial de Estados Unidos. La versión original del plan hubiese hecho que militares mexicanos acusados de violaciones y de tortura sean juzgados en los tribunales civiles.
Esa versión fue considerada un insulto a las fuerzas armadas mexicanas y también, se supone, al gobierno federal, lo que hubiera requerido una enmienda a la constitución mexicana. El diario mexicano, La Jornada, señaló sin embargo que la ley mexicana vigente hoy día considera tortura a las escenas en las vídeocontas y que éstas constituyen un crimen bajo el Artículo 264 del código penal del Estado de Guanajato. Éste penaliza a empleados públicos que intencionalmente perpetren actos de violencia contra una persona con entre dos y diez años de prisión.
El Senado estadounidense también hubiera negado fondos a la policía o a unidades del ejército culpables de corrupción o de tortura. Es imposible decir cómo se haría cumplir esa ley. Brian Bilbray, representante Republicano, cuyo distrito incluye partes de San Diego, California, se reunió con funcionarios mexicanos. En una declaración al Washington Post, hizo esta ridícula analogía: "Hay que tener un poco de fe. Si un bombero se lanzara a salvar su niño de un cuarto en llamas, Ud. no le pediría su identificación". Desafortunadamente, no cabe duda que todas esas enmiendas sobre derechos civiles son cortinas de flores detrás de las cuales el estado mexicano continua su represión sin obstáculo alguno.
Junto con la Iniciativa de Mérida, el 6 de marzo de este año, el gobierno de Calderón aprobó la mal llamada reforma judicial que permite a la policía detener a sospechosos por 80 días sin imputarles cargos. Esa lay restringe la habilidad de jueces para suspender esos arrestos o para aprobar fianzas para ciertas categorías de crímenes. La organización de derechos Human Rights Watch criticó esa ley en una carta abierta al presidente Calderón. La organización señala que "ese límite de 80 días es el más largo de cualquiera democracia occidental".
Todo esto ocurre en el contexto de la aceleración de la guerra anti drogas. Ésta ha causado la muerte de 1.500 personas este año, 6.000 desde el 2006, cuando Calderón asumió la presidencia después de una elección fraudulenta. Se ha intentado amalgamar la política de México con la del gobierno de Bush. Calderón explota la lucha contra los narco traficantes para abrirle la puerta a medidas del estado de policía con el objeto de prevenir explosiones sociales como la huelga cívica de Oaxaca del 2006. En esto hay un paralelo con la "guerra contra el terror".
Veinticinco mil soldados han sido enviados a por todo el país para combatir a los narco traficantes. Han sido incapaces de reducir la violencia en el país. Tampoco han sido capaces de reducir la corrupción y la incompetencia de la policía y de los militares.
El viernes, 20 de junio, una redada de la policía contra News Divine, discoteca para jóvenes en un barrio obrero de Ciudad de México, acabó con la muerte de 9 asistentes entre 13 y 22 años de edad, y de tres policías. Las víctimas murieron de sofocación cuando la policía provocó un pánico e impidió que los jóvenes salieran del club. Este ataque militar de docenas de policías contra 300 jóvenes desarmados dentro de la discoteca, so pretexto de consumo ilegal de bebidas alcohólicas, parece haber sido un ejercicio táctico fracasado.
Desde que Calderón enviara tropas ha habido 634 casos de abuso militar, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En el 2008 hubo 300 quejas sobre derechos humanos, más del doble que en el 2007. En Apatzingán, Estado de Michoacán, hace dos meses hubo una protesta espontánea contra el cuartel militar local, algo sin precedentes en este período. Es claro que detrás de los operativos militares contra los narco traficantes existe una guerra mayor para reprimir a las masas mexicanas.
Los dos candidatos presidenciales estadounidenses, Barack Obama y John McCain, tienen posturas similares con respecto a América Latina, posturas que representan una continuación de la estrategia bipartidista del imperialismo estadounidense en la región. McCain, que estaba en México cuando aparecieron las vídeocintas de tortura, no dijo nada acerca de la cuestión. En una conferencia de prensa con Calderón en las oficinas del comando de la Policía Judicial Mexicana, éste prometió ayudar al régimen. "Por mi parte, cuando se presente la oportunidad, pondré en práctica la Iniciativa Mérida, y juntos vamos a colaborar para detener el transporte de drogas desde Colombia, por México y a los Estados Unidos de América", dijo McCain. En un discurso en Miami el 23 de mayo, Obama describió su política para con América Latina. Dejó en claro que también él apoya la Iniciativa Mérida y el gobierno de Calderón.
artículo original en inglés
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