El “levantamiento terrateniente” en la mira de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA

Bolpress
10/03/08

En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), líderes indígenas guaraníes y autoridades del gobierno de Evo Morales denunciaron que algunos grupos de hacendados del oriente del país impiden con violencia la ejecución de la nueva política de tierras, la cual tiene como objetivos corregir la desigual distribución de tierra y liberar a cientos de familias indígenas que viven semiesclavizadas por terratenientes.

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El viceministro de Tierras Alejandro Almaraz, en representación del gobierno boliviano, compareció ante la CIDH este lunes en Washington, a pedido del presidente del Consejo de Capitanes de Chuquisaca Justo Molina y otros líderes indígenas que solicitaron una audiencia para denunciar la permanente violación de derechos humanos básicos de cientos de familias guaraníes por parte de algunos hacendados.

Molina describió con detalle la situación de al menos 800 familias que viven semi esclavizadas en pleno Siglo XXI. Los patrones prohíben a las familias que viven en sus haciendas comunicarse con organismos defensores de los derechos humanos, les coartan el derecho a la educación y no garantizan condiciones sanitarias mínimas.

Estos indígenas y sus familias trabajan más de ocho horas diarias sin recibir salario, sino retribuciones irregulares en especie. Algunos “cautivos” duermen en galpones y no pueden salir de la hacienda.

Almaraz corroboró todo lo denunciado por los peticionarios de la audiencia y se comprometió a transformar esta realidad, “que nos preocupa y humilla como país en su conjunto”.

El Viceministro aseguró que el gobierno de Morales está tomando acciones para la reconstitución territorial de la nación guaraní. Por ejemplo, se aprobó la Ley de la Reconstrucción Comunitaria de la Reforma Agraria que permite recuperar tierras a favor de pueblos indígenas a través de la expropiación y reversión. Hasta el momento, el gobierno entregó al pueblo guaraní 1,7 millones de hectáreas de tierras, que representan casi la mitad de los 3,5 millones de hectáreas solicitadas.

Los representantes del gobierno boliviano aseguraron que llevarán adelante su política agraria hasta que el último guaraní tenga tierras suficientes para trabajarlas “y se acabe con la servidumbre”.

Almaraz informó que la meta del gobierno es erradicar las comunidades “cautivas” antes de 2011. La solución definitiva y sostenible al problema es la dotación de tierras, ya que "Bolivia no va a tener una democracia real, culturalmente diversa e incluyente, si no logra redistribuir la tierra”, comentó el Viceministro.

Hacendados alzados

Si bien las autoridades nacionales tomaron algunas medidas para revertir la penosa situación de estas familias, no todas las personas cautivas fueron liberadas. Y lo que es peor, los terratenientes de Santa Cruz comienzan a organizarse para defender sus propiedades amenazando de muerte a los indígenas “rebeldes” e inclusive levantando las armas contra las autoridades agrarias.

En la audiencia de la CIDH, el Viceministro Almaraz reveló que el proceso de reconducción de la reforma agraria enfrenta una “fuerte, agresiva, antidemocrática y violenta resistencia” por parte de los grupos de terratenientes que se sienten afectados en sus intereses.

Hace pocos días, algunos ganaderos expulsaron de Camiri a una brigada de saneamiento del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) encargada de sanear la Tierra Comunitaria de Origen del pueblo guaraní de Alto Parapetí. Horas después, algunos hacendados secuestraron y amenazaron de muerte al viceministro Almaraz, al director nacional del INRA Juan Carlos Rojas y a otras autoridades.

Ganaderos y hacendados de la Provincia Cordillera (donde se encuentra la TCO Alto Parapetí), junto a políticos de derecha y con el asesoramiento directo de cívicos de la ciudad de Santa Cruz, advirtieron que correrá sangre si es que el gobierno insiste en sanear las tierras de la región y declararon que no permitirán que el INRA vuelva a trabajar en la zona.

Varios patrones pretenden aplazar por la fuerza el saneamiento de tierras guaraníes hasta después del referéndum en Santa Cruz, en el que se pretende aprobar un estatuto autonómico departamental que anula todas las competencias del Estado en la administración de la tierra y entrega esa facultad al gobierno regional controlado directamente por grupos de poder dueños de enormes latifundios.

El conflicto suscitado en la provincia Cordillera de Santa Cruz ejemplifica lo que está ocurriendo a nivel departamental: pequeños grupos de poder que detentan grandes extensiones de tierra despliegan una descomunal campaña de desinformación con el fin de evitar la redistribución de tierra. Los grandes propietarios atemorizan a los pequeños y medianos diciendo que el “centralismo” gubernamental violará los derechos propietarios de todos y confiscará recursos regionales.

Lo cierto es que el saneamiento de tierra en Alto Parapetí no afectará a los pequeños propietarios que tienen predios de menos de 500 hectáreas. Al contrario, estos productores obtendrán títulos de propiedad rápidamente y de manera gratuita.

Algunos hacendados hacen correr el rumor de que los municipios de la provincia Cordillera perderán regalías porque supuestamente una parte de sus ingresos petroleros pasarían a la TCO Alto Parapetí.

El coordinador de Planificación Seguimiento y Evaluación del Viceministerio de Descentralización Diego Cuadros aseguró que ese temor es completamente infundado. En primer lugar, la Coparticipación Tributaria Municipal establecida por la Ley de Participación Popular, es un conjunto de impuestos e ingresos que se transfieren a los municipios y no a la TCO, que constituye una forma de propiedad de la tierra y no una institución pública.

Lo mismo ocurre con los recursos del HIPC II (producto de la condonación de la deuda externa) y con los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). La Ley de Hidrocarburos determina que las regalías, en una primera fase, se transfieren a las prefecturas de los departamentos productores y no productores, y luego éstas se reparten entre los municipios. Las TCOs no están consideradas dentro de esta distribución y no son receptoras de este tipo de ingreso.

Los hacendados de la Provincia Cordillera promueven la confrontación violenta para preservar sus predios, en muchos de los cuales habitan indígenas cautivos. Para proteger sus propiedades, los terratenientes de Santa Cruz están dispuestos a dividir el país en republiquetas independientes.