Indagan ramificaciones de asesinato de estudiante venezolano

Prensa Latina
3/10/08

La investigación del asesinato de un estudiante venezolano avanza hoy con sospechas de muerte por encargo y ramificaciones en la comunidad universitaria, paralelamente al intento de sectores opositores de utilizar políticamente el caso.

La Asamblea Nacional acordó ayer establecer una comisión especial para investigar el asesinato el pasado miércoles del presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Zulia, Julio Soto.

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El joven fue muerto a tiros cuando viajaba en su vehículo en Maracaibo, con un “modus operandi” que para los investigadores coincide con el de los sicarios, aunque los móviles del crimen no se han determinado.

La vinculación de Soto con el partido opositor COPEI (Comité de Organización Política Electoral Independiente), movilizó a algunos sectores que se oponen al presidente del país, Hugo Chávez, pese a la rápida actuación de los organismos competentes que prometieron una exhaustiva investigación.

Incluso representantes del sector estudiantil partidario del presidente Chávez, alertaron sobre la preparación de actos violentos con el pretexto de la muerte del estudiante.

Representantes de la Universidad Central de Venezuela en Caracas denunciaron la entrada a ese recinto de un camión cargado de neumáticos, utilizados para incendiar las calles durante los disturbios.

En la Universidad Bolivariana de Venezuela, la estudiante Mayerlin Arias pidió a los estudiantes de oposición a no tomar el caso como bandera política y esperar por las conclusiones.

Un elemento que llevó a la Asamblea Nacional a crear la comisión especial es la posible ramificación del hecho, si se tiene en cuenta que es el segundo asesinato de un estudiante en Zulia en circunstancias similares.

En el análisis del tema, el diputado Calixto Ortega reveló tener información sobre amenazas de muerte contra otros estudiantes del mismo centro universitario.

Edgar Lucena, diputado del Partido Comunista de Venezuela estimó que el caso no puede desvincularse de la situación de inseguridad en Zulia, donde actúan paramilitares procedentes de Colombia al amparo del gobernador del estado, Manuel Rosales.

Tanto el Ministerio del Interior como la Fiscalía anunciaron que participan en la investigación con las autoridades policiales regionales para identificar a los culpables y ponerlos a disposición de la justicia “caiga quien caiga”.