Los inmigrantes padecen en Italia discriminación a la hora de acceder a una vivienda digna para establecerse

Irene Savio
El Periódico
25/09/08

El agente inmobiliario posee una voz cálida y habla lentamente a través del hilo telefónico. Es italiano y pide información. Todo un desafío para Rita, una mujer de la limpieza moldava de 26 años. Lo que el agente no sabe es que en realidad Rita es un personaje figurado tras el que se esconde esta periodista, que desea comprobar si los 3,7 millones de inmigrantes regulares que viven en Italia sufren discriminación a la hora de buscar un sitio decente donde vivir.

¿Es usted extranjera, no?, pregunta a través del auricular el agente, un tal Igor. "La empresa que alquila este apartamento no quiere inmigrantes. Da igual que tenga usted papeles o no", advierte. El piso en cuestión está en Maccarese, un diminuto pueblo sin pretensiones situado a tan solo 35 kilómetros de Roma.

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Oferta abundante

Otra búsqueda rápida en el ordenador y aparece en pantalla un gran supermercado de viviendas para todos los gustos. Entre todas las ofertas, una llama la atención: Un dormitorio; baño; terraza; 750 euros al mes. Es mucho dinero para un inmigrante, pero según la Unión Italiana de los Trabajadores (UIL) un alquiler en Italia puede llegar a costar de media unos 1.385 euros al mes. En este caso, tampoco hay suerte. "Sí, el piso no está alquilado todavía pero la dueña no quiere inmigrantes", dicen desde el otro lado del teléfono.

Otras tres llamadas más. En Nápoles, el interlocutor, un tipo agradable, asegura que debe de preguntar al propietario si acepta o no extranjeros como inquilinos. En Milán, pasa lo mismo. En el barrio Massimina, de la periferia de Roma, el empleado que atiende el teléfono explica que los pisos que tiene disponibles --de uno o dos dormitorios, a partir de 750 euros al mes-- ya han sido alquilados, aunque aparecen como libres en la página de internet de la empresa.

Según el último informe de la Asociación de Promoción Social (ACLI) --hecho público hace tres años-- los inmigrantes tienen la mitad de posibilidades que los italianos de encontrar una vivienda digna. Además, con las leyes antiinmigración que ha aprobado el Gobierno de Silvio Berlusconi, si un italiano alquila una vivienda a un sin papeles puede recibir como castigo la confiscación del inmueble. Esta medida ha contribuido a que muchos propietarios hayan decidido no ofrecer viviendas incluso a los inmigrantes que están en Italia legalmente.

"Las instituciones no hacen propuestas concretas para paliar este tipo de problema. Las ayudas proceden de las redes de parroquias. Los inmigrantes más desafortunados, en cambio, caen en manos de la delincuencia organizada. Pagan precios altísimos por sus alquileres y, en muchos casos, viven en pésimas condiciones higiénicas", explica Giuseppe Gulia, responsable de la sección de inmigración del ACLI.

No todos los inmigrantes, sin embargo, reciben el mismo trato. Lo prueba la enésima llamada. En esta caso la moldava Rita asume el papel de una inmigrante albanesa que está interesada por un apartamento en Velletri, un pequeño pueblo de unos 20.000 habitantes de la región del Lazio. "La propietaria me ha dado una lista de las nacionalidades que tengo que descartar. No hay ningún problema si usted es de Albania", dice a través del teléfono el empleado de la oficina inmobiliaria.

Vínculo con delincuencia

"Lo peor de todo es que es muy difícil probar que ha habido discriminación. Los propietarios tienen la autoridad para alquilar a quien quieran sin dar ningún tipo de explicaciones", explica Gulia. A pesar de que no existen datos que lo confirmen, en los últimos meses ha crecido "drásticamente el número de inmigrantes que han denunciado casos de discriminación", dice el responsable de ACLI.

Según los expertos, el problema de fondo es que cada vez se vincula más inmigración con delincuencia. "Ningún inmigrante tiene potencialmente tendencias criminales pero cada vez hay más italianos que lo creen", explica Marta Pepe, de la Asociación de Asistencia a Inmigrantes y Nómadas (NAGA), con sede en Milán.

No solo las inmobiliarias y los propietarios no se fían de los inmigrantes. En el 2005, la Asociación de Chinos en España (Assochina) denunció a la revista Porta Portese --que publica miles de anuncios de alquileres-- por incluir ofertas en los que se especificaba que se abstuvieran de llamar inmigrantes.