Inyección letal, ¿un experimento inmoral?

Cristina de Martos
El Mundo
10/06/08

Algunos centros penitenciarios de Estados Unidos están llevando a cabo ensayos con los condenados a muerte con el objetivo de mejorar la ejecución por inyección letal. Un grupo de investigadores acaba de publicar un ensayo en el que califican estos intentos de "experimentación en prisioneros sin su consentimiento ni las garantías éticas pertinentes".

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Las dudas en torno a su validez como método de ejecución siguen planeando sobre la inyección letal, a pesar de que haya recibido el aval del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Esta decisión terminó con seis meses de suspensión de las ejecuciones en este país. Pero los científicos que sembraron las sospechas acerca de la 'humanidad' de este castigo no se rinden.

El año pasado varios de los 38 estados en los que se aplica la pena de muerte suspendieron las ejecuciones mediante inyección letal, la forma más extendida de ejecutar a un reo dentro de las fronteras estadounidenses y en otros países, como China. El motivo: existían datos de que algunos presos habían tenido muertes agónicas, algo que infringe la octava enmienda americana que rechaza los castigos crueles e inhumanos.

Los esfuerzos de un equipo de investigadores de la Universidad de Miami fueron determinantes a la hora de elevar una duda razonable sobre la legalidad de la inyección letal. En sus hallazgos se basaban las demandas de Ralph Baze y Thomas C. Bowling, condenados a muerte en el Estado de Kentucky, que fueron finalmente desestimadas por el Alto Tribunal.

Cambios en fármacos, dosis y pruebas invasivas

Leonidas Koniaris y Teresa Zimmers, líderes del citado equipo, presentan ahora un nuevo trabajo, publicado en la revista 'PLoS Medicine'. Esta vez, analizan las implicaciones éticas de las pruebas que muchos centros penitenciarios están llevando a cabo para mejorar esta forma de ajusticiamiento.

"Muchos de los métodos empleados para recoger datos de las ejecuciones y modificar los protocolos de la inyección letal incluyen actividades de investigación biomédica [que debe estar regulada de forma muy estricta]", denuncian los autores. "Más aún, algunos procesos [extracción de sangre, cambio en los fármacos y las dosis, etc.] son invasivos y tienen serias implicaciones para los reclusos".

¿Están incurriendo los funcionarios de prisiones y los jueces en experimentación con humanos durante estos 'trabajos de mejora'? Esta es la pregunta que se hacen Koniaris, Zimmers y sus colegas en PLoS, a la que tratan de dar respuesta basándose en la legislación vigente en EEUU sobre este tipo de investigaciones.

El panorama legal estadounidense es confuso y muy variado en función del estado. En general, la norma conocida como 'Common rule', que protege los intereses de los participantes de ensayos clínicos, es la que rige los trabajos financiados con fondos federales y el modelo aplicado habitualmente en todos los estudios. Su texto, además, confiere especial protección a los reos, considerados población de riesgo y cuya defensa ha inspirado los principales códigos éticos para la investigación (Código de Nuremberg, Declaración de Helsinki...).

Basándose en los datos que confirman que Arizona, California, Carolina del Norte, Florida y seis estados más están realizando 'pruebas' durante las ejecuciones, "se podría decir que algunas de estas actividades constituyen ensayos con seres humanos, tal y como lo define la 'Common rule'", escriben los autores.

Sin amparo legal

Sin embargo, los reos de los corredores de la muerte no han firmado consentimiento informado alguno ni están amparados por ningún código ético en estos ensayos. "Aunque se les haya despojado de su derecho a la libertad y a la vida, conservan aún el derecho a la integridad de su cuerpo y a renunciar a participar en estas investigaciones", aseveran los autores.

Los condenados a muerte están, en este caso concreto, en una zona cuasi alegal, puesto que la 'Common Rule' no ha de aplicarse obligatoriamente y sólo quedan las leyes estatales, que varían ampliamente de uno a otro. Pero incluso en aquellos, como California o Virginia, en los que las investigaciones biomédicas están prohibidas en los internos, se practican estos ensayos amparados por la letra pequeña.

"Sostenemos que el marco ético, si es que lo tiene, de las modificaciones de los protocolos de inyección letal debe aclararse antes de realizar más investigaciones para 'mejorar el proceso'", concluyen.

En la actualidad, 3.350 presos esperan la ejecución de sus sentencias en los 36 estados en los que todavía se aplica la pena de muerte. Desde que el Tribunal Supremo respaldara el uso de la inyección letal en abril, tres reclusos han sido ajusticiados.