Arrestados 180 estudiantes chilenos en nueva jornada de protesta contra ley de educación

EFE/Telesur
13/06/08

Una masiva manifestación de estudiantes secundarios y universitarios chilenos, que salieron a las calles de la capital, Santiago, para protestar contra el proyecto de la nueva Ley General de Educación (LGE), se tornó violenta por la acción de la policía, que calificó los incidentes como "menores" y arrestó a 180 jóvenes.

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"Hubo incidentes menores, hay 30 detenidos", dijo a la prensa el subsecretario del Interior, Felipe Harboe, al ofrecer un primer balance.

Harboe admitió que los más de cinco mil jóvenes que desfilaron por la populosa avenida Providencia, hasta la céntrica Plaza Italia, manifestaron de forma pacífica, así como lo hizo el otro contingente de jóvenes que se reunió en el Parque Almagro, también en el centro de la capital chilena.

Según el Gobierno, los incidentes comenzaron cuando los estudiantes quisieron llegar a las cercanías del Palacio de La Moneda (sede del Gobierno) y el Ministerio de Educación, asunto que fue impedido por los carabineros que procedieron a lanzar gases lacrimógenos y chorros de agua.

Otro sector que caminaba por la gran avenida Alameda, conformado por unos 10 manifestantes, irrumpieron en la embajada de Brasil y permanecieron encadenados al edificio por cerca de una hora.

Los estudiantes entregaron un comunicado escrito en español y portugués al embajador brasileño, Silvio Alburquerque, en el cual le aseguraron que su entrada a la sede diplomática responde a la "desesperación" ante la represión de las fuerzas policiales. Además, pedían al diplomático "una interlocución con el Estado de Chile", pero la Policía intervino y detuvo a ocho jóvenes.

En respuesta, el ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil respondió que "lamenta" la toma de su sede diplomática y que lo considera "un hecho aislado".

Los estudiantes, que mantienen tomados al menos dos decenas de liceos y varias universidades, a las que se sumó el jueves la privada Academia de Humanismo Cristiano, demandan que el proyecto sea retirado del Parlamento porque, a su juicio, no propone una democratización de la enseñanza.

Además, mantiene el concepto de lucro, que ha convertido a la educación en un negocio, en detrimento del sector público y municipal de la enseñanza.

Las organizaciones estudiantiles piden que se elimine la enseñanza municipal y particular subvencionada (con inversión pública y privada), de manera que toda la educación básica y secundaria quede nuevamente bajo la tutela directa del Ministerio de Educación, como ocurrió hasta el año 1981, cuando el sistema fue cambiado por la dictadura militar de Augusto Pinochet.

A las demandas se sumó también el Colegio de Profesores, que ha convocado a un paro nacional e indefinido de maestros para el próximo lunes.

La ministra de Educación, Mónica Jiménez, defendió la nueva ley tras argumentar que "no hay ninguna razón" para que los estudiantes se mantengan movilizados porque el proyecto, que ha suscitado un intenso debate parlamentario, recoge muchas de sus inquietudes y supone un fortalecimiento de la educación pública.

"La ley va a salir adelante y el llamado es a que confíen en su Parlamento, si quieren calidad tienen que volver a clases", señaló tras reunirse con varios alcaldes para evaluar la situación.

Reiteró además que la ley establece un año escolar de 38 semanas de clases y que los días de las tomas y protestas se van a recuperar, aunque advirtió que aún así, "se pierde el proceso de aprendizaje".

El proyecto busca reemplazar a la antigua Ley Orgánica de Enseñaza (Loce), considerada responsable de la mala calidad de la educación pública chilena.

La Loce, promulgada por el dictador Augusto Pinochet (1973-1990), traspasó a los municipios la administración de los colegios públicos, en un sistema que creó profundas diferencias entre la calidad de la educación impartida en municipios ricos y pobres e instituciones públicas y privadas.