Colombia: asesinarían campesinos para mostrarlos como guerrilleros. Gobierno lo desmiente

El Tiempo
30-03-2008

El ministro del Interior y de Justicia, Carlos Holguín Sardi, acusó a organizaciones no gubernamentales (ONG) de difundir la versión difundida por el diario The Washington Post.

"De eso siempre se ha hablado. Cuando muere un guerrillero salen a decir que se trataba de un santo barón, que era un trabajador o un campesino pero en realidad son historias repetitivas", manifestó el ministro a Caracol Radio.

El periódico aseguró hoy que "bajo la presión de los comandantes militares para registrar muertes en combate, el Ejército ha estado asesinando cada vez más en años recientes a pobres campesinos y haciéndolos pasar por guerrilleros muertos en combate", según grupos de derechos humanos y organismos de control de Colombia.
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El ministro Holguín se refirió a casos de muertos en el departamento colombiano de Córdoba y aseguró que las víctimas son parte de los enfrentamientos de narcotraficantes que se disputan el control de una zona de cultivos ilícitos.

La versión del Washington Post

"Bajo la presión de los comandantes militares para registrar muertes en combate, el Ejército ha estado asesinando cada vez más en años recientes a pobres campesinos y haciéndolos pasar por guerrilleros muertos en combate, aseguran grupos de derechos humanos y organismos de control de Colombia", dijo The Washington Post.

Esta táctica habría desencadenado un feroz debate dentro del Ministerio de Defensa colombiano entre los generales tradicionales que están a favor de una agresiva campaña que se centre en el conteo de cuerpos y reformistas que dicen que el Ejército necesita desarrollar otros criterios para medir el éxito en el campo de batalla, según afirma el artículo.

"Los asesinatos, llevados a cabo por unidades bajo las órdenes de comandantes regionales, siempre han sido un problema en el oscuro conflicto que ya cumple 44 años", agrega el Washington Post.

Pero con la reciente desmovilización de miles de combatientes paramilitares, muchos de los cuales operaban en escuadrones de la muerte para eliminar rebeldes, los asesinatos de civiles a manos del Ejército han crecido marcadamente desde el 2004, de acuerdo con grupos de derechos humanos, investigadores de las Naciones Unidas y la agencias del mismo Gobierno, citados por el periódico.

El aumento ha venido durante el proceso de fortalecimiento militar que han visto duplicar hasta en 270.000 efectivos su pie de fuerza durante los últimos seis años, lo que lo ha convertido en el segundo más grande América Latina.

"Hay variados conteos del número de ejecuciones extrajudiciales, como son llamadas las muertes de civiles. Pero un informe de una coalición de 187 grupos de humanos dijo que 955 civiles fueron muertos entre mediados del 2002 y el 2007 y fueron clasificados como guerrilleros caídos en combate, un 60 por ciento más que los cinco años anteriores, cuando 577 fueron reportados como muertos por las tropas", publica el diario.

"Acostumbrábamos a ver esto como algo aislado, como una patrulla militar que perdió el control. Pero lo que estamos viendo ahora es sistemático", dijo al Post Bayron Góngora, de Judicial Freedom Corp., un grupo de abogados de la ciudad de Medellín que representa a las familias de 110 asesinados en circunstancias oscuras.

Los fiscales militares ordinariamente inician investigaciones cuando el Ejército mata a alguien. En casos que parecen criminales, fiscales civiles se encargan del tema.

Pero los grupos de derechos humanos y fiscales del gobierno dicen que las pruebas iniciales han sido tomadas a la ligera, y los investigadores han estado bajo intensa presión de los oficiales militares de alto rango para decidir a favor del Ejército.

Tales desafíos han hecho imposible tabular el número exacto de civiles muertos, aunque la Fiscalía General y la Procuraduría han dado estimativos.

El ente acusador está investigando las muerte de 525 civiles, un puñado de los que han ocurrido desde el 2002 y por los cuales 706 soldados y oficiales están involucrados.
La dependencia tiene otros 500 casos que involucran cientos de víctimas más, de acuerdo con el Post.

La oficina de la Procuraduría, entre tanto, está investigando 650 casos desde el 2003 a mediados del 2007 que podrían involucrar unas 1000 víctimas, dijo Carlos Arturo Gómez, viceprocurador general.

"El último año, el número de quejas se disparó. Algunos han dicho que la causa podría ser miembros inescrupulosos de las fuerzas militares que desean mostrar resultados de operaciones falsas. Otros dicen que es el resultado de presiones del alto mando, que pide resultados", le dijo Gómez al Post.

La tendencia -según el Post- ha provocado la preocupación entre algunos miembros del Congreso de Estados Unidos. El senador Patrick J. Leathy (demócrata), que preside el subcomité del senado de apropiaciones para operaciones en el extranjero, dijo que está reteniendo 23 millones de dólares en ayuda militar hasta que vea progresos en la lucha contra la impunidad y la violencia patrocinada por el Estado.

"Hemos tenido en seis años 5.000 millones de dólares para ayuda. La mitad de ella ha ido a los militares colombianos, y encontramos que el ejército está matando más civiles, no menos. Por todas las cuentas, todos los conteos independientes, encontramos que los civiles son tomados, ejecutados y vestidos con uniformes de forma tal que pueden reclamar los cuerpos como guerrilleros muertos", dijo al Post.

El presidente Álvaro Uribe Vélez se ha defendido a sí mismo de las acusaciones y afirma que estas son parte de una campaña internacional diseñada para desacreditar las fuerzas armadas.

Sin embargo, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, reconoce muertes de civiles y ha tomado una serie de pasos que incluyen nuevas normas de combate, asignación de inspectores a las unidades de combate para aconsejar a los comandantes en el uso de la fuerza y mejorar el entrenamiento en derechos humanos de los soldados, dice el Post.

Los militares también están haciendo más eficiente su sistema de justicia y transfiriendo más casos a la Fiscalía General, que las Naciones Unidas dicen debería tener un papel mayor para erradicar las ejecuciones extrajudiciales.

La oficina del Fiscal General dijo que más de 200 miembros de las Fuerzas Armadas han sido detenidos mientras los fiscales investigan su participación en los asesinatos de civiles, con 13 condenados el año pasado.

"He dicho esto claramente: el soldado que comete un crimen llega a ser un criminal, y debe ser tratado como tal", dijo Santos.

Santos también ha dicho, en discursos y directivas, que las fuerzas antiguerrilla deberían estar más enfocadas en generar deserciones que en acumular muertos en combate, el método tradicional de medir el éxito. "He dicho a todos mis soldados y policías que prefiero una guerrilla desmovilizada, o capturada, que a una guerrilla muerta", dijo Santos al Post.

Pero las reformas del ministro de Defensa han sido enfrentadas por generales influyentes que han defendido oficiales acusados de asesinatos premeditados y favorecer una estrategia más tradicional para vencer a los rebeldes.

Esa aproximación significa dar a los comandantes autonomía e introducir una filosofía que enfatiza un rápido enfrentamiento con los rebeldes.

¿Cuál es resultado de las ofensivas? Combate. Si hay combate, hay muertos en combate", dijo el comandante general de las Fuerzas Armadas, Mario Montoya, en una entrevista citada por el Post.

Los grupos de derechos humanos -según el Post- ven una tendencia perturbadora, diciendo que las tácticas usadas por algunas unidades militares son similares a aquellas utilizadas por escuadrones de la muerte para aterrorizar civiles. Un alto investigador de las Naciones Unidas dijo que algunas unidades militares portan 'kits' que incluyen granadas y pistolas que pueden ser plantadas cerca de los cuerpos.

"El método de matar gente percibida como colaboradores de la guerrilla es todavía vista como legítima por muchos miembros del ejército", dijo al Post Lisa Haugaard, directora de Latin America Working Group, una coalición de grupos humanitarios con sede en Washington.

Después de entrevistar a un número de familiares de víctimas, determinó que en muchos de los casos soldados "parecían estar en misiones, no accidentalmente deteniendo y matando gente", dijo.

El oficial de más alto rango implicado en ejecuciones extrajudiciales -de acuerdo con el Post- es el coronel Hernán Mejía.

Un ex sargento del Ejército que estaba bajo el comando de Mejía, Edwin Guzmán, narró en una entrevista como la unidad de Mejía mataba campesinos, los vestía con trajes de combate y luego llamaba a los reporteros de periódicos locales para que escribieran sobre supuestos combates que habían tenido lugar.

Guzmán, ahora un testigo del Gobierno contra Mejía, dijo que los soldados participaron porque sabían que el ejército daba incentivos -desde paga extra hasta días libres- por acumular muertos en combate.

El reportaje del Washington Post está firmado por su corresponsal en Colombia, Juan Forero.