Guantánamo: Liberados sin permiso de salida

William Fisher
IPS
09/09/09

Aunque la justicia de Estados Unidos ya ordenó la libertad de 29 prisioneros en el enclave militar de Guantánamo en Cuba, aún permanecen tras las rejas 20 de ellos. Es que los habeas corpus por detención ilegal aceptados aún siguen sin ser acatados generalmente por el gobierno.

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Aunque la justicia de Estados Unidos ya ordenó la libertad de 29 prisioneros en el enclave militar de Guantánamo en Cuba, aún permanecen tras las rejas 20 de ellos. Es que los habeas corpus por detención ilegal aceptados aún siguen sin ser acatados generalmente por el gobierno.

Desde que la Corte Suprema de Justicia falló el año pasado que los reclusos en Guantánamo tienen derecho a apelar su detención en tribunales federales ya se han presentado más de 150 pedidos de habeas corpus.

Treinta y cinco de estas demandas completaron su proceso y en 29 de esos casos ya se ha dictaminado la ilegalidad de su detención.

El aumento en la cantidad de peticiones de habeas corpus se ha visto como una competencia entre la autoridad del Poder Ejecutivo y la independencia del Poder Judicial.

El alto porcentaje de reclusos que ganaron sus apelaciones tiene sorprendidos a muchos que habían sostenido que los detenidos en la bahía cubana eran "lo peor de lo peor", como dijo el ex secretario de Defensa Donald Rumsfeld.

En los casos de apelaciones exitosas, el tribunal concluyó reiteradamente que el gobierno no pudo probar sus acusaciones. En algunos casos, las evidencias presentadas fueron desechadas por el juez porque fueron obtenidas mediante torturas o por ser sólo declaraciones poco confiables.

Hace tres semanas, una jueza indignada arremetió contra la detención, durante siete años, de un ciudadano kuwaití. Entonces dijo que la demanda del gobierno se había presentado en base a "especulaciones".

En junio, otro juez federal dijo que, cuando en 2002 se arrestó a un ciudadano sirio, el detenido ya había sido torturado por la red extremista Al Qaeda, del saudita Osama bin Laden, y encarcelado durante un año y medio en una prisión del movimiento fundamentalista Talibán.

En mayo, un juez concluyó que las evidencias contra un detenido contenían rumores de segunda y tercera mano, así como acusaciones obtenidas mediante torturas.

En otro caso, la justicia ordenó que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, liberara inmediatamente al joven afgano Mohammad Jawad, quien tenía entre 12 y 14 años cuando fue capturado. Su detención se había debido a una confesión suya que fue rechazada por un juez militar porque fue obtenida valiéndose de amenazas de muerte.

Pero antes de que Jawad pueda ser enviado de regreso a Afganistán, el presidente tiene que presentar detalles clasificados ante el Congreso legislativo.

El gobierno de Obama parece estar teniendo más éxito que el de su predecesor en reubicar a los detenidos de Guantánamo. En junio, tres prisioneros fueron enviados a Arabia Saudita, uno de regreso a Chad y otro a Iraq. Pero los que fueron liberados todavía están en la isla, sin tener a donde ir.

Más de 100 de estos detenidos son de Yemen. Muchos de ellos podrían ser liberados inmediatamente, pero el gobierno de Estados Unidos no está seguro de que ese país pueda brindar suficiente seguridad para impedir que se sumen a Al Qaeda, al parece activa allí.

De los aproximadamente 550 prisioneros liberados de Guantánamo por el gobierno de George W. Bush (2001-2009), apenas 14 eran de Yemen.

Desde abril, varios prisioneros yemenitas tuvieron éxito en tribunales federales. Aunque en estos casos los jueces han ordenado su liberación, el gobierno de Obama no ha cumplido con estos fallos, aunque el gobierno no ha demostrado que los prisioneros constituyan un riesgo para la seguridad.

Dos prisioneros yemenitas se suicidaron.

Otros reclusos todavía no fueron liberados porque corren el riesgo de ser reprimidos si vuelven a sus países de origen. Un ejemplo de esto son los uigurs, chinos musulmanes.

En octubre de 2008, un juez de distrito federal ordenó al gobierno liberar en Estados Unidos a 17 uigurs recluidos en Guantánamo.

Pero esa decisión fue obstaculizada por un tribunal de apelaciones, que dictaminó que el ingreso a Estados Unidos era una cuestión de inmigración, lo que era responsabilidad del Poder Ejecutivo, no del Judicial.

En junio, cuatro uigurs fueron reubicados en Bermuda. Pero los abogados de los 13 restantes solicitaron a la Corte Suprema que audite sus casos. Mientras, los 13 siguen en prisión.

A los problemas del gobierno se suman los fuertes sentimientos contra los detenidos que expresan miembros de ambos partidos en el Congreso legislativo.

Manifiestamente opuesto a liberar a ningún detenido en Estados Unidos, el Congreso aprobó una ley que requiere que el presidente presente un informe a los legisladores antes de utilizar fondos de los contribuyentes para liberar o transferir a ningún detenido de Guantánamo.

Hay dos asuntos que siguen sin estar claros. El primero es si la incapacidad del Ejecutivo de liberar a los prisioneros tendrá un efecto duradero en los tribunales.

El segundo es la posibilidad de que el Congreso retrase una liberación de detenidos ordenada por el Poder Judicial, abriendo el camino para que el recluso presente una demanda alegando que esa demora es inconstitucional porque viola la separación de poderes.

Es probable que esta guerra en torno al habeas corpus tenga consecuencias que vayan más allá de Guantánamo. Por ejemplo, personas detenidas durante años en la base aérea de Estados Unidos en Bagram, Afganistán, también reclaman su derecho al habeas corpus. Se cree que en Bagram hay unos 600 prisioneros.

¿Qué deberían hacer los jueces cuando las agencias del Poder Ejecutivo no puedan cumplir con sus órdenes de liberación?

"Los jueces federales tendrán que comenzar a ponerse firmes contra estos excesos y atrocidades inconstitucionales", dijo a IPS Francis Boyle, profesor de la Escuela de Leyes de la Universidad de Illinois.

El profesor Benjamin Davis, de la Escuela de Leyes de la Universidad de Toledo, cree que los tribunales deberían "examinar si se puede alegar desacato al tribunal, ya sea civil o penal".

Chip Pitts, conferencista en la Escuela de Leyes de Stanford y presidente del Comité por el Proyecto de Defensa de Derechos humanos, considera que los jueces tendrían que haber insistido en la pronta liberación de los detenidos y en el cumplimiento de las órdenes judiciales.

Y el mayor de la Fuerza Aérea David Frakt, consejero de defensa en la Oficina de Comisiones Militares, que administra los tribunales en Guantánamo, cree que "los jueces pueden y deben hacer más".

"Deberían ordenar que hasta que Estados Unidos les encuentre un hogar permanente, los detenidos (cuya liberación se aprobó) sean liberados en Guantánamo", dijo a IPS.

"Es simplemente inaceptable que, una vez que el gobierno de Estados Unidos determina o incluso concede (la liberación), y que no hay una base legal para detener a un individuo, éste todavía sea mantenido en prisión", enfatizó.

Frakt, quien ha representado a varios detenidos en Guantánamo, incluido Mohammad Jawad, cree que el resultado será que "permitir a ex detenidos, incluso a los completamente inocentes, de mezclarse con las fuerzas estadounidenses y sus familias en la Estación Naval de la bahía de Guantánamo, debería catalogarse como tan inaceptable que cree el ímpetu para que el gobierno proponga una solución", agregó.